La verdad es que no sé cómo calificarlo, pero, desde luego, es un escándalo en toda regla. Ahora, que se ha demostrado que la Plataforma Castor es una máquina de producir terremotos y, por tanto, no puede seguir desarrollando su actividad, va a ser el Estado español, o sea, todos los ciudadanos, el que indemnice al propietario de estas instalaciones. En este caso, la empresa Escal UGS, S.L., de la que es socio destacado el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. La indemnización no es moco de pavo, se habla de 1.600 millones de euros, que es lo que la citada compañía dice que ha invertido en construir este proyecto para la explotación de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. ¿Y por paralizar tan peligrosa actividad, el Estado debe indemnizar a esta empresa? ¿Por qué?, pues porque así lo decidió el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
Efectivamente, el 5 de junio de 2008 se publicó en el BOE el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, por el que se otorgaba a Escal UGS, S.L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado ‘Castor’. Pues bien, este Real Decreto, firmado por el entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, el socialista Miguel Sebastián Gascón, recoge, en el último párrafo del artículo 14, una cláusula que de modo inequívoco garantiza la inversión a esta sociedad limitada. El texto, desde luego, es bien claro: «En caso de caducidad o extinción de la concesión, las instalaciones revertirán al Estado. En tal caso, y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los titulares, en coherencia con lo establecido en el artículo 92.1.a) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre que estas continúen operativas. Lo anterior no será de aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria». Queda claro que, aún en el supuesto de que la compañía actuase de forma dolosa o negligente, el Estado seguiría obligado a indemnizar. Verdaderamente inaudito. No hace falta aclarar que la Ley 34/1998 fue aprobada en tiempos del primer Gobierno de José María Aznar.
Es más, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, mediante Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formulaba declaración de impacto ambiental del proyecto Almacén subterráneo de gas natural Amposta, no contemplaba el aspecto sismológico. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que algo tan elemental fuera pasado por alto? Si como algunas voces autorizadas señalaron en su momento, se hubiera tenido en cuenta el riesgo de movimientos sísmicos, es evidente que la actividad nunca habría sido autorizada o, en todo caso, el Estado no estaría ahora obligado a indemnizar. No cabe duda de que todo esto huele que apesta.
Sin embargo, nada nuevo bajo el sol. Lo ocurrido en este caso concreto es otra muestra más de que los Gobiernos de turno, bien sean del PP o del PSOE, están al servicio de los grandes poderes económicos del país, lo que, de toda la vida, se ha dado en llamar la oligarquía. Y así nos va. Ahora hay que hacer frente a una indemnización millonaria por la Plataforma Castor. Pero esto es bastante parecido a la decisión de construir en Madrid autopistas que no hacían ninguna falta y que, al final, ha de ser el Estado el que las rescate, por ser ruinosas, y compense a las empresas concesionarias. En este capítulo podemos incluir también los multimillonarios sobrecostes de las obras públicas, otra modalidad para arramblar con los recursos del Estado. Ni que decir tiene que los beneficiarios de este escandaloso enriquecimiento, legal pero inmoral, siempre son los mismos: las grandes compañías del país, principalmente las constructoras del IBEX 35 que, encima, apenas tributan a la Hacienda pública y, por si faltaba algo, todavía van a contribuir menos a partir de la entrada en vigor de la nueva reforma fiscal del Gobierno de Rajoy. Ellos nunca pierden.
