En 1931, tal día como hoy, fue proclamada la II República Española. Serán casualidades de la vida, o, seguramente no, pero a nuestro rey, Juan Carlos I, le sorprende esta efeméride muy lejos de España, en Abu Dabi. Su Majestad encabeza una amplia delegación comercial, formada por varios miembros del Gobierno de España y las más elevadas representaciones de las grandes empresas del país, esas que apenas tributan a la Hacienda pública. Nuestro monarca, como si fuera el director de ventas de la firma España, acude a la península arábiga para propiciar el cierre de contratos millonarios que, según dicen, pueden alcanzar en su conjunto un volumen de negocio de 30.000 millones de dólares. ¿Qué mejor manera de demostrar, en el día de la república, que la monarquía es la mejor embajadora de España? ¿Se dán cuenta que no es por casualidad?
Cuando se acerca el día de la república, los medios de comunicación se hacen eco de tal conmemoración. En las jornadas anteriores y posteriores al 14 de abril, es habitual ver artículos de opinión, y algún que otro debate televisivo que, por lo general, aborda el asunto de manera bastante superficial. Los republicanos venden, con excesivo entusiasmo y poco sentido crítico, las bondades de aquél breve periodo de 1931 a 1936, mientras que los monárquicos reiteran, año tras año, el mismo discurso: cuan modernas y democráticas son las monarquías europeas, lo mal que le sientan a España los episodios republicanos, y, para rematar, la comparativa a vuela pluma del gasto entre las diferentes casas reales y, por ejemplo, la Presidencia de la República Francesa. Por lo general, se suele concluir que sale igual o más barato tener un rey, que, por el mismo precio, te felicita todos los años la Navidad, lleno de orgullo y satisfacción. Como si el debate se tuviera que centrar en el coste económico, cuando esta parámetro, por ser revisable, es el menos relevante.
Es verdad que los periodos republicanos no le han sentado muy bien a nuestro país. Pero hay que explicar porqué. Desde el momento en que aquellos gobiernos trataron de corregir los enormes desequilibrios que existían en la España de 1873 y 1931, los poderes económicos de cada época se sintieron amenazados y, ante el riesgo de perder sus privilegios, orquestaron y financiaron, primero, la sublevación del general Martínez Campos y, el 18 de julio de 1936, el golpe de estado que desencadenó la cruenta guerra civil. Si los republicanos hubiesen sido sumisos y complacientes con el poder establecido, no habría hecho falta recurrir a militares felones, bien gratificados, para poner orden. De ahí, que se hable de la modélica transición española, donde los cambios fueron, más bien, de orden cosmético, es decir, no se alteró en lo fundamental el statu quo del establishment.
Las monarquías europeas son democráticas porque los ciudadanos eligen cada cierto tiempo el parlamento y el gobierno. Los reyes y reinas, que de todo hay, ejercen de jefes de estado en esos países, están ahí, en sus tronos, por la gracia de Dios, en nuestro caso, además, por la voluntad de Franco. Es verdad que el 6 de diciembre de 1978 los ciudadanos votamos la Constitución Española, que en su artículo 56 señala de forma expresa que el rey es el Jefe del Estado. Pero… ¿Teníamos otra posibilidad? Cualquier otra opción habría sido mucho peor. La Constitución monárquica de 1978 representaba la apertura democrática, por tanto, constituía un avance importantísimo, al dejar atrás 40 años de dictadura totalitaria.
En esa misma Constitución, también en su artículo 56, se refleja de forma expresa que «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Esto sería impensable en un jefe de estado republicano, por ejemplo, el de Francia. Si por mandato constitucional el rey de España no está sujeto a responsabilidad, es lógico que haya en nuestro país 10.000 aforados. Ojo, no confundir el aforamiento con la inmunidad parlamentaria, que no es lo mismo. En esto, también somos diferente. Efectivamente, no son iguales ante la ley, porque no tienen el mismo trato, esos 10.000 próceres que gozan de aforamiento que el resto de los españoles. Esto es bastante obvio. Semejante desigualdad es otra muestra más de la pobreza democrática que emana del régimen de la transición. En Europa y EE.UU., al no existir la figura del aforado, se intenta que todos los ciudadanos sean más iguales ante la ley. Aquí, como he dicho, el Rey y sus cortesanos reciben un trato, y el resto, o sea, los súbditos, otro bien diferente. Y claro, con tanta protección, es normal que nuestros gobernantes lleguen a sentirse inmunes. No debe de extrañar, por consiguiente, que la corrupción esté tan presente en las instituciones.
Una república, como la francesa, siempre es más democrática que una monarquía como la española, puesto que la figura de la más alta institución del país es elegida cada cierto tiempo por la ciudadanía y, por supuesto, sí es responsable de sus actos. Además, los reyes y reinas, por definición, son todos conservadores o ultraconservadores, o sea, que en la máxima institución del estado no se produce la necesaria y siempre conveniente pluralidad ideológica. Los ciudadanos de cualquier reino parlamentario, se pueden ir olvidando de tener, de cuando en cuando, un Jefe de Estado progresista o de izquierdas. Por último, los cargos vitalicios y hereditarios son los menos recomendables para la salud de las instituciones a las que pertenecen. Esto también es axiomático.
