España despidió el año 2011 con una deuda pública de 737.334 millones de euros, cifra que representaba el 70,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Coincidió, con la finalización de 2011, el relevo en el Gobierno de la nación, cediendo, Rodríguez Zapatero, el testigo de la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy. Pese a la salvaje política de recortes y la subida generalizada de impuestos, promovidas por los nuevos gestores del Partido Popular, al concluir 2012 la deuda pública había crecido en 147.319 millones de euros, alcanzando de esta forma los 884.853 millones de euros y un 86% del PIB. Es decir, un aumento espectacular de 15,5 puntos en apenas 12 meses. Indicar, para aquellos que por el cambio de moneda hayan perdido la referencia monetaria, que 147.319 millones de euros, son, traducidos a pesetas, 24,55 billones. Una salvajada. Todos los recortes, para reducir gastos, y las subidas generalizadas de impuestos, para aumentar la recaudación, no han podido frenar el crecimiento de la deuda nacional, que, durante 2013, ha seguido escalando posiciones, aunque lo ha hecho con más moderación que en 2012, unos 70.010 millones de euros. Efectivamente, el pasado año se cerró con un endeudamiento de 954.863 millones de euros, lo que representa un 93,40% del PIB. No hace falta ser ninguna lumbrera para pronosticar que, a este ritmo de endeudamiento, el débito no tardará en superar el PIB nacional, hecho que ocurrirá a lo largo de este 2014.

 

Que la deuda pública española vaya a superar el PIB nacional en este ejercicio, no es más que la directa consecuencia del sistema de financiación que impera en la Unión Europea y que se asienta en un auténtico latrocinio institucional. Ya lo he explicado en alguno de mis artículos, pero lo volveré a repetir. Aquí, la gran banca tiene montado un negocio sensacional, que año tras año le proporciona unos beneficios escandalosos. Todo esto, naturalmente, con el consentimiento de las grandes fuerzas políticas europeas y las instituciones comunitarias. ¿Por qué  los países de la Unión Europea no se pueden financiar directamente, sin intermediarios, del Banco Central Europeo (BCE)?  En EE.UU. es la Reserva Federal la que le presta dinero al Gobierno americano, exactamente igual que sucede en Japón, donde su banco central concede financiación directa al Estado nipón. En la UE, el BCE tiene prohibido otorgar préstamos a los países. Es por este motivo por el que las naciones de tan distinguido club tienen que recurrir a los mercados para conseguir financiación. Los famosos mercados, son, en su mayor parte, las grandes instituciones financieras europeas, que toman dinero prestado del BCE al interés legal del 0,250%, para, a continuación, comprar deuda pública al 4 ó el 5%. No está mal, ¿verdad? Tampoco hace falta ser ningún superdotado para darse cuenta de que, por culpa de estos parásitos de la intermediación, se ha disparado el endeudamiento de aquellos países asolados por la crisis, que, como España, necesitan amplia financiación. Si el BCE prestara dinero al Estado español, al 0,250% de interés, es evidente que el nivel de endeudamiento sería muchísimo más bajo, probablemente no superaría el 20% del PIB. En esas condiciones, no habrían hecho falta recortes salvajes ni subida de impuestos y ya hace tiempo que se habría iniciado la senda de la recuperación económica. Pero, claro, lo que es bueno para la ciudadanía no lo es para los insaciables banqueros, que todo les parece poco.

 

El Gobierno, tampoco toma medidas suficientes para luchar contra el fraude fiscal. El 71,8% de esa defraudación se concentra entre los poderosos: las mayores fortunas y las empresas más importantes del país, acuérdense de lo ocurrido recientemente con la cementera mexicana Cemex. Al irse de rositas esos grandes defraudadores de la Hacienda pública, el Estado tampoco puede obtener  financiación de semejante bolsa de fraude. Es más, el Gobierno de España prepara una reforma fiscal que prevé reducir todavía más el Impuesto de Sociedades, para que esas grandes multinacionales tributen menos, pues las PYMES y microempresas hace años que no tienen beneficios. Se intenta convertir el país en una especie de paraíso fiscal con mano de obra extremadamente barata. También se ha previsto reducir el IRPF, medida que puede contribuir a que se anime moderadamente el consumo interno y mejore la economía. Algo fundamental para el Gobierno, ante los procesos electorales de 2014 y 2015. Aunque Montoro lo niega, en la parte negativa se baraja una subida de 2 puntos en el IVA, hasta el 23%, que situará este impuesto en España por encima de la media de la Unión Europea. Los parados y pobres de este país, que se cuentan ya por millones, también se van a beneficiar de esta reforma fiscal, pagando dos puntos más de IVA por los productos de primera necesidad. Este segmento de población, que es el más numeroso, aunque no liquide IRPF, ni haga declaración de la renta, abonará al Estado 23 de cada 100 euros que consuma. Esta reforma fiscal está diseña, ex profeso, para que recaiga sobre los más desfavorecidos el peso de la carga de los gastos del Estado, pero esto no es nuevo.

 

De lo que no cabe ninguna duda, es de que España no va a poder pagar la ingente deuda que tiene contraída, eso sí, de forma fraudulenta. Es materialmente imposible. Pero el Fondo Monetario Internacional ya hace tiempo que viene pensando en eso. Sí, sí, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ya apuntaba una solución el pasado octubre: confiscar una parte de la riqueza de las familias. Lo voy a repetir, por si acaso no dan crédito a lo que están leyendo: confiscar una parte de la riqueza de las familias. Ahora, la jefa del FMI vuelve a la carga, apoyándose en el estudio: ‘Financial and Sovereign Debt Crises: Some Lessons Learned and Those Forgotten’, de los economistas ultra neoliberales Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, de la Universidad de Harvard, elaborado a petición del FMI y publicado el pasado diciembre. Estos especialistas, de acuerdo con su ideología neoliberal extrema, barajan como posible solución al problema de la deuda la confiscación del ahorro privado, o sea, algo parecido a lo que ocurrió en Chipre. En pocas palabras, se trataría de reducir deuda pública a base de transferir al Estado recursos de los ahorradores particulares. Es más, se habla de un 10% del patrimonio de los hogares en un pago único. La señora Lagarde piensa que con esta confiscación se podría reducir la deuda soberana a niveles de 2007. Ni que decir tiene que si los economistas que han hecho el informe, lo hubiesen elaborado desde la objetividad, habrían aportado otras alternativas, lo cual demuestra que las recetas aportadas por el FMI son ideológicas, nunca científicas. La cuestión está muy clara: en España les ha salido redonda la estafa de las preferentes; en Chipre se han apoderado de una parte del ahorro privado y tampoco se ha organizado ninguna revuelta seria, más allá del derecho al pataleo, por tanto, qué problema hay con volverlo a repetir.

 

Aquí, los políticos corruptos, entregados al poder financiero, han arramblado con todo lo que han podido, han malgastado el dinero público, que lo han tirado como si fuera confeti, y han permitido que la banca, intermediando, monte un negocio formidable a cuenta de la deuda soberana. Con este latrocinio generalizado, ni el país más rico hubiese podido aguantar semejante envite, así que, alcanzada la situación límite del expolio absoluto, estos sinvergüenzas quieren meterle la mano en el bolsillo a las clases populares, porque los peces gordos, tan patriotas ellos, tienen todos sus fondos a muy buen recaudo, fuera de España. No se extrañen, por tanto, si cualquier día se publica en el BOE un Real Decreto por el que se confisca el 10 o el 15%, según les convenga, de los ahorros privados. Pueden estar seguros de que no les temblaría el pulso.