Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen y jefa, por línea sucesoria, del ultraderechista Frente Nacional, ha rechazado hoy mismo la Ley del aborto impulsada por el Gobierno del Partido Popular. La señora Le Pen ha dicho que: «no apoyaría en Francia una ley sobre el aborto como la que prepara el Gobierno español». La líder de la extrema derecha francesa ha aclarado que: «España debe poder elegir sus propias leyes. Pero le puedo decir que yo no apoyaría una ley similar en Francia». Asimismo, Marine Le Pen ha asegurado que no se ha planteado «limitar el acceso al aborto en Francia como está previsto actualmente». Para concluir, en sus declaraciones se ha mostrado partidaria de fortalecer las ayudas del Estado a la infancia: «en Francia hay que aplicar toda una serie de ayudas de acompañamiento para poder quedarse con sus hijos cuando lo deseen». La extrema derecha francesa, que es una de las más potentes de Europa, no solo rechaza la ley del aborto del Partido Popular, sino que apuesta por emplear recursos públicos para apoyar la natalidad en aquellos casos que, libremente, las mujeres decidan tener hijos. Esta señora, en comparación con la gente del PP, parece de izquierdas. Viendo los postulados que en Francia defiende la jefa de la extrema derecha, Marine Le Pen, escandaliza en grado superlativo la posición absolutamente troglodita que ante este tema mantiene el Partido Popular. Por tanto, si aquellos son fachas, estos qué son: ¿lo siguiente?
La verdad es que la Ley sobre la interrupción del embarazo, de Alberto Ruiz-Gallardón, es un ejercicio de autoritarismo extremo, excelso de hipocresía, que constituye un recorte brutal de los derechos civiles. No solo para la mujer, también para el hombre, que, en mi opinión, no es ajeno a la natalidad. No es la primera vez que lo digo, pero lo volveré a repetir, personalmente estoy en contra del aborto. Creo que no es necesario llegar a tal extremo, con el amplio abanico de medidas preventivas que hay al alcance de todos. ¿Pero quién soy yo para imponer a los demás ciudadanos mi forma de entender la vida? Hasta la extrema derecha francesa, como hemos visto, se muestra tolerante y respetuosa con los derechos y libertades individuales. Sin embargo, el Partido Popular pretende imponer a la sociedad una determinada conducta, como en los tiempos del nacionalcatolicismo.
Por otro lado, llama la atención que se hable de los derechos del embrión con tanta vehemencia, cuando, al mismo tiempo, no se propicia ni una sola ayuda desde el Estado para el momento en que esos no nacidos vienen al mundo. Claro que, si se mira desde el punto de vista económico, defender al ser concebido cuesta bien poco y ayudar a los padres para que saquen adelante a los bebés ya sale un poco más caro. Tanto es así que, según datos de la OCDE, España, junto a Polonia y Malta, son los países que menos recursos destinan para apoyo a la familia. De hecho, este organismo asocia la baja tasa de nacimientos en el país, de 1,4 hijos por mujer, con la completa ausencia de políticas de apoyo a la familias y de conciliación con la vida laboral. En esto también se diferencia la extrema derecha francesa del Partido Popular. Mientras la señora Le Pen es partidaria de que la República ayude a la infancia, como forma inequívoca de favorecer la natalidad, en España, los recortes del Gobierno de don Mariano Rajoy no respetan ni a los niños, que hasta se quedan sin techo cuando sus padres son desahuciados. ¿Dónde están, entonces, los derechos de la infancia?
No es verdad que la Ley de Ruiz Gallardón va a impedir que se continúen produciendo abortos. Claro que no. En tiempos del totalitario régimen fascista de Franco, las féminas que disponían de recursos económicos se marchaban a las clínicas de Londres para interrumpir la gestación, aunque las mujeres sin capacidad económica se resignaban a tener el hijo no deseado o se arriesgaban a un aborto clandestino, jugándose en muchos casos la vida. Eso mismo es lo que volverá a ocurrir en la España del siglo XXI, cuando entre en vigor la ley de Ruiz-Gallardón que aprobó en pleno el Consejo de Ministros del 20 de diciembre de 2013. Con lo cual, se favorecen desde el propio Estado las desigualdades entre los que disponen de dinero y los que carecen de él. Los que tengan medios podrán abortar y los que no dispongan de ellos se cargarán de hijos que, en muchos casos, ni tan siquiera podrán mantener, porque las ayudas públicas van a ser cada vez más escasas. Esta es la esencia de la ideología neoliberal que en los años 50 escribió el austriaco Friedrich Hayek, que fundamenta la libertad del individuo en base a su poder económico. Optar a la mejor sanidad, a la mejor enseñanza o a la mejor clínica para abortar, si se dispone de capacidad económica para poder permitírselo. Pero pobre de aquel que apenas cuente con lo justo para pasar el mes, porque, teniendo el derecho, carecerá de lo principal: el dinero para poder ejercerlo.
De todos modos, siempre hay una razón económica de peso detrás de decisiones de este calado. En este caso, las restricciones del aborto que promueve el PP no son más que una medida para frenar la caída de la natalidad en España. Si tenemos en cuenta que desde el inicio de la crisis ha sido espectacular el descenso de los nacimientos, y si se toma en consideración que esta recesión económica tan dura va para largo, más allá del 2020 con toda seguridad, parece lógico que el Partido Popular quiera restringir entre la clase trabajadora el derecho al aborto, puesto que los que puedan permitírselo si podrán interrumpir el embarazo en Londres o Portugal. Téngase en cuenta que según el Instituto de Política Familiar, entre 1985 y 2014 se han practicado en España 2 millones de interrupciones voluntarias del embarazo y, entretanto, la población española cada vez envejece más. Como dice la señora Le Pen, si se quiere potenciar la natalidad, el Estado debe de poner en marcha políticas de apoyo a la familia. Así que ya saben cuál es el camino.
