El anterior presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista que publicaba ayer domingo el diario El País, justifica la modificación del artículo 135 de la Constitución Española; argumenta que tal medida se llevó a cabo para evitar un mal mayor: «Era reformar el artículo 135 o acabar con un Gobierno técnico», nos dice. En fin, que esta modificación, negociada en quince días con el PP y aprobada en pleno agosto de 2011, mes vacacional por excelencia, se llevó a cabo para hacerle un favor a los españoles. Hay que tener cara, mucha cara, para intentar justificar de una forma tan burda semejante revisión de nuestra Carta Magna. Lo argüido ahora por el señor Zapatero, es, ni más ni menos, una excusa de mal pagador. La modificación del artículo 135 de la Constitución Española, en los términos que se hizo en 2011, no es más que otra iniciativa de corte neoliberal que entierra definitivamente el keynesianismo, al introducir el concepto de estabilidad presupuestaria.
Este principio, el de la estabilidad presupuestaria, queda recogido en el punto primero del citado artículo: «Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria». O sea, que no se estirará más el brazo que la manga. Que no se gastará más de lo que se ingrese. Aunque estos preceptos para nada impiden que se malgaste el dinero. También dice el segundo párrafo de su apartado tercero que: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión». Es decir, que constitucionalmente se le garantiza a la banca que, aunque no haya para los demás, siempre habrá fondos para los banqueros. Afortunados ellos.
Después de ver estos dos años de Gobierno del Partido Popular, no sé yo qué mal pretendía evitar el señor Rodríguez Zapatero, o ¿acaso el ejecutivo del señor Rajoy no es ese equipo de tecnócratas que siguen fielmente las instrucciones neoliberales del Partido Popular Europeo? Los políticos se pueden equivocar, en España eso sucede mucho, y hasta meten la mano en la caja con demasiada frecuencia, pero que un partido pierda sus principios es, a todas luces, inaudito. Que el PSOE promueva iniciativas que le corresponden a la derecha neoliberal, es algo que los socialistas de este país no le van a perdonar. Se quejan de que no suben en las encuestas, ¿cómo van a subir? si la ciudadanía ya se ha percatado de que el PP y el PSOE son las dos caras de una misma moneda. Dijo Rubalcaba en la pasada Conferencia Política de Madrid que no son iguales que el PP, y es verdad, claro que no son iguales. El PP está aplicando sus ideas neoliberales al pie de la letra. Los populares, en un ejemplo de fidelidad ideológica que asombra al mundo, no se han salido ni un ápice de su ideario político. Los que no están respondiendo a la doctrina socialdemócrata son, precisamente, los dirigentes del PSOE. Ellos sabrán a qué obedece ese alejamiento de la socialdemocracia, que no del marxismo, al que ya renunciaron en el congreso extraordinario de septiembre de 1979. Entonces quisieron hacerle un guiño al establishment económico de la nación, y en 2011 lo volvieron a repetir, ofreciéndoles nuevas garantías que se incluyen en la modificación introducida en la Carta Magna. El descrédito de los dos grandes partidos es verdaderamente escandaloso, no hace tanto que entre el PP y el PSOE acaparaban alrededor del 80% de los votos, ahora apenas alcanzan el 50%. Este dato pone de relieve que la ciudadanía se está dado cuenta de que esta democracia no es más que un paripé. El movimiento 15-M lo sintetizó muy bien: «lo llaman democracia y no lo es».
Entretanto, España está sufriendo una verdadera revolución: la revolución azul. De la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, emanan todas las políticas de ajuste que está aplicando el Gobierno del PP, por eso causa cierto sonrojo que la cúpula del PSOE critique al señor Rajoy por implantar los recortes. ¿Qué remedio queda?, si por mandato constitucional hay que cumplir con el objetivo de déficit y no se les puede apretar fiscalmente a los que más tienen, que cada vez pagan menos. Acuérdense de que ya nos dijo Zapatero que eso de bajar impuestos es progresista. Lo es, sobre todo, para las grandes fortunas, las empresas más importantes y los bancos, que progresan que es una barbaridad. La transformación del país no se va a quedar, ni mucho menos, en desmantelar el llamado estado del bienestar: sanidad, educación y pensiones, claro que no. Entonces no sería una revolución.
El Gobierno va a revisar la política fiscal para reducir todavía más el Impuesto de Sociedades y que el grueso de la carga de los gastos del Estado recaiga, con más intensidad, sobre las clases populares. Así, los ricos serán más ricos. Por otro lado, ya se ha endurecido mucho el Código Penal con la última reforma de Alberto Ruiz Gallardón, pero no va a quedar ahí la cosa, el Gobierno prepara una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que criminaliza la protesta, recorta derechos civiles y genera indefensión ante los abusos del Estado. Al mismo tiempo, ya se está preparando otra reforma de la reforma laboral, para que los trabajadores pierdan los pocos derechos que les quedan y, por si faltaba algo, aprovechando el conflicto de las basuras de Madrid, van a meterle mano al derecho de huelga, recortándolo, naturalmente, aunque eso sí, mediante una Ley de Servicios Mínimos, que eufemísticamente suena muy bien. No parece un recorte de derechos, que es realmente de lo que se trata.
Cuando el PP termine esta legislatura, aún faltan dos años, a España no la va a conocer ni la madre que la parió, como en su día dijo don Alfonso Guerra. Van a convertir la Península Ibérica en un paraíso para los negocios: mano de obra muy barata, escasos derechos laborales y una ley de huelga descafeinada. Impuesto de sociedades muy bajo, estado del bienestar reducido a la mínima expresión, pocos derechos civiles, y al que proteste lo molerán a palos y, como se descuide, lo meterán en la cárcel una buena temporada, que para eso han endurecido el Código Penal. Poco más o menos como en tiempos del Generalísimo Franco. Desde luego, como reclamo publicitario no puede ser mejor. Pero, ¿con estos cambios estructurales tan profundos se va a salir de la crisis? Nos dicen que sí, aunque no es verdad. ¿Si cada vez hay más pobres quién coño va a consumir?, ¿los ricos? Veremos.
