Los meses de agosto son especialmente peligrosos para el conjunto de los españoles. El octavo mes del año, vacacional por excelencia, se suele utilizar por los gobiernos de turno para legislar contra la mayoría de la población. Acuérdense que en 2011, por ejemplo, al PSOE y el PP le bastaron quince días para meterle mano al artículo 135 de la Constitución. La modificación era de mucho calado: introducía el concepto de estabilidad presupuestaria y marcaba una prioridad ineludible: ante todo afrontar el pago de la deuda soberana y sus correspondientes intereses. Lo que puso de relieve, una vez más, la actitud lacayuna ante el poder financiero de los dos grandes partidos. Esta revisión del citado artículo de nuestra Carta Magna tendría algún sentido desde una óptica neoliberal extrema, pero no olvidemos que fue promovida por el Partido Socialista, que, de un plumazo, enterró a Keynes. Lo indecente del caso es que ahora, desde el PSOE, en un acto excelso de fariseísmo, se critique al Gobierno del PP por los recortes. Para actuar así hay que tener la cara muy dura, sin duda ninguna. Luego se quejan los socialistas de que no remontan en las encuestas.
Pues bien, este agosto de 2013 no va a ser una excepción. En términos mediáticos se ha exprimido como un limón el accidente ferroviario del Alvia en Galicia, en el que han perdido la vida 79 personas. La verdad es que se ha estirado mucho, todo lo que se ha podido, pero ya no daba más de sí. Por eso, el Gobierno, desde hace unos días, atrae la atención de la ciudadanía con otra maniobra de distracción, esta vez de cosecha propia. En efecto, se trata del asunto gibraltareño, una tontería como la copa de un pino que va a ser la nueva cortina de humo, probablemente durante todo agosto. Así pues, mientras los españoles miran al peñón, por la espalda y a traición, en el primer Consejo de Ministros del mes, el PP arremete nuevamente contra el conjunto de los trabajadores, lo hace con nuevas disposiciones que se publican en el Boletín Oficial del Estado del pasado 3 de agosto. Con esta nueva legislación, el ejecutivo de don Mariano Rajoy viene a perfeccionar los efectos letales de la reforma laboral, esa que ya ha liquidado un millón de puestos de trabajo en año y medio que lleva en vigor. Lo publicado el pasado día 3 en el BOE revisa, entre otros, aquellos artículos del Estatuto de los Trabajadores que, pese a lo ya modificado, todavía imponían alguna cortapisa a las grandes empresas a la hora de aplicar los despidos colectivos y otorgaban a los trabajadores ciertas posibilidades de defensa ante los tribunales de lo social. Es decir, ahora se atan los cabos sueltos que todavía quedaban y que el funcionamiento de la reforma laboral se ha encargado de poner al descubierto.
Así, por ejemplo, las multinacionales que no tengan su sede central en España no estarán obligadas a presentar sus resultados consolidados en casos de ERE. Por otro lado, el PP limita por ley la intermediación laboral a las empresas de colocación, lo que supone mayor intervencionismo. Al mismo tiempo, el Gobierno popular reduce las vías de defensa de los trabajadores afectados por los ERE, que podrán acudir individualmente a los tribunales de lo social para reclamar solo aquellas cuestiones que previamente no hubieran sido impugnadas por la representación social. Según se indica en el propio texto legislativo, esta modificación en la ley Reguladora de la Jurisdicción Social se aplica «para evitar la litigiosidad y la saturación de los órganos jurisdiccionales del orden social, cumplir con el principio de celeridad consagrado legalmente y propiciar una mayor seguridad jurídica». Es decir, el derecho de los trabajadores a defenderse queda en un plano muy secundario, lo verdaderamente importante es que no se saturen los juzgados de lo social y, ante todo, propiciar una mayor seguridad jurídica a las grandes empresas, garantizándoles por ley que los despedidos no puedan acudir a los tribunales para defenderse. Esto, señoras y señores, no pasaba ni con Franco. Los comunistas, con perdón, no serían más intervencionistas.
Lo que tampoco tiene desperdicio es el recetario que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda a España para generar empleo. Reducir el salario de los trabajadores un 10% es la fórmula que presentan ahora esa pandilla de desaprensivos del FMI que capitanea la francesa Christine Lagarde, investigada por un multimillonario caso de corrupción en el país galo. Según el Instituto Nacional de Estadística, desde que empezó la crisis la inflación acumulada ha superado los 11 puntos, mientras que los sueldos apenas se han incrementado un 4%, es decir, que en este periodo los salarios han sufrido una pérdida de 7 puntos, sin embargo, no se ha generado empleo, como hubiera ocurrido si fuera cierto lo que pronostica el FMI. Todo lo contrario, la destrucción de puestos de trabajo ha sido galopante, especialmente desde que entró en vigor la reforma laboral del Partido Popular. Por otro lado, la moderación salarial no ha impedido que durante el citado periodo hayan aumentando los precios, como así lo acreditan los 11 puntos de inflación acumulada.
No hace falta ser ninguna lumbrera, ni estudiar en Salamanca, para darse cuenta de que recortando el salario de los trabajadores se merma su capacidad de ahorro, baja su potencial de compra y, en consecuencia, cae más el consumo. Tampoco hay que ser muy listo para precaver que si no hay consumo baja el PIB y se destruye más empleo, que es exactamente lo que está ocurriendo. Esto es de perogrullo. Por tanto, ¿cómo pueden proponer estas recomendaciones tan nefastas los economistas del FMI? La respuesta es muy sencilla: aquí no se persigue crear empleo, lo que se pretende es que la mano de obra sea cada vez más barata. En el diseño de la Unión Europea, el papel asignado a España es el de un territorio de servicios, es decir, hostelería, juego y prostitución. Para ser camarero, crupier o cabaretera no hace falta I+D+I, por tanto, el incremento de la productividad sólo se puede alcanzar en este escenario tan poco cualificado aumentando la jornada laboral sin subir el sueldo o reduciendo el salario en los casos en que se mantenga el mismo horario de trabajo. También cabe una tercera posibilidad: bajar el salario y aumentar las horas de trabajo. Ya lo dijo Diaz Ferrán, expresidente de la gran patronal e ilustre inquilino de la madrileña prisión de Soto del Real: «De la crisis se sale trabajando más y cobrando menos». Como ven, Ferrán y Lagarde están en sintonía.
