Según he leído estos días en la prensa económica, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) anda con la mosca tras la oreja pues no termina de entender porqué un kilómetro de autovía en España cuesta de construir el doble que en Alemania. Sí, sí, el doble. Según figura en la referida información, en nuestro país cada 1.000 metros longitudinales de superficie construida de este tipo de vía tiene un coste de 160.379 euros, mientras que en Alemania ese mismo tramo alcanza los 87.213 euros. Los auditores destacan que estos datos son los que reflejan de forma más objetiva la cuantía de los proyectos, habida cuenta de que no incluyen los gastos correspondientes a la orografía del terreno, más accidentada en España que el Alemania, ni los costes laborales de cada país. El estudio comparativo del TCE se ha realizado analizando un total de 24 proyectos de viales ejecutados con apoyo comunitario, entre los años 2000 y 2013 en Polonia, Grecia, Alemania y España. Siendo nuestro país el más caro de todos a la hora de construir autovías. En algo teníamos que aventajar a los teutones.
Lo que sí deja claro el informe del TCE, dirigido por el austríaco Harald Wögerbauer, es que en España y en Grecia solo participan en esta clase de concursos las empresas previamente autorizadas por el Gobierno, por tanto, aquellas constructoras que carecen de esa autorización administrativa no pueden optar a los procesos de adjudicación de estas grandes obras, circunstancia que, por ejemplo, no concurre en Alemania. Asimismo, se indica en la citada auditoría que España rara vez se decantó por la oferta más económica en los procesos de adjudicación de los proyectos. Si como ya comentaba en mi anterior artículo, aludiendo a informaciones periodísticas de la prensa económica, los donantes de los 'papeles de Bárcenas' recibieron 12.000 millones en contratos de gobiernos del PP, todo parece indicar que las adjudicaciones no se han realizado en base a los costes más bajos de las ofertas presentadas, que sería lo lógico, sino a otra clase de criterios, probablemente más inconfesables que transparentes.
Como es completamente imposible que en España cueste de construir un kilómetro de autovía el doble que en Alemania, es evidente que si esto ocurre no es por un problema de costes reales, claro que no, es porque en los procesos de adjudicación, normalmente, no se elige la oferta más económica, lo que nos conduce a otra nueva deducción: siempre son las mismas compañías las que resultan adjudicatarias, es decir, las grandes empresas que, por lo general, están participadas por el poder financiero. O sea, que aquí, como hay tanto intervencionismo y tan poca transparencia, la libre competencia brilla por su ausencia. Dicho en pocas palabras, que entre ese reducido grupo de empresas se lo guisan y entre ellas se lo comen. Aunque, eso sí, todo ello con el concurso necesario de los técnicos de la administración, que lo mismo sirven para un roto que para un descosido, y, sobre todo, de los grandes partidos políticos que se van alternando en el Gobierno de España, partidos que para eso tienen bien instalados y mejor retribuidos a sus representantes en los respectivos consejos de administración de esas grandes corporaciones e instituciones financieras de la nación. Sin perder de vista, naturalmente, las ilícitas prácticas que siguen para financiarse, como se ha puesto de relieve con el reciente caso Bárcenas, que cada día cobra mayor volumen económico y de podredumbre, o, en su día, el asunto Filesa.
En definitiva, que en Europa se han empezado a percatar de que el dinero se va por algún agujero cuando en España se construyen autovías, y no precisamente en echar más asfalto, pero como la clase política es la clase política, ya verán cómo aquí unos políticos se tapan a otros, pasa el tiempo y no sucede absolutamente nada. Ya es grave que en España cueste construir un kilómetro de autovía 80.000 euros más que en Alemania, pero gracias a prácticas de este tipo los partidos políticos se financias, las empresas reparten buenos dividendos, los ricos son más ricos, el mundo gira y los ciudadanos sufren los recortes y pagan más impuestos. De hecho, según se desprende de un reciente estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la corrupción en España le cuesta a cada español, da igual la edad que tenga, 800 euros al año, en total, 40.000 millones de euros anuales. Vivimos, sin duda ninguna, en un país de ladrones. La mayoría circulan libremente, en coche oficial y con escolta. Al final habrá que pensar que la gente honesta es la que está en la cárcel, con algunas excepciones, claro.
