Aunque el luctuoso hecho se ha conocido fechas después, el pasado 21 de abril murió Alpha Pam. La tuberculosis fue la causa del fallecimiento. El finado, de 28 años, era ciudadano senegalés, sin papeles, residente en Can Picafort, Mallorca. Este inmigrante carecía de la correspondiente tarjeta sanitaria, por lo que el sistema de salud de las Islas Baleares le denegó la adecuada asistencia. Todo ello, en base a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 16/2012, promovido por el Partido Popular y aprobado por el Consejo de Ministros. Resulta llamativo que este Gobierno, que tanto dice preocuparse por los no nacidos, promueva, en cambio, leyes para dejar morir por falta de asistencia a los más desarrapados. Eso sí, nacidos ya. No hace falta decir que, si este enfermo hubiese recibido el tratamiento sanitario correspondiente, es muy probable que todavía continuara con vida. Por otro lado, ¿se imaginan ustedes el peligro de contagio para la población que representa una persona en esas condiciones, deambulando libremente sin ningún control? Pero no era de esto de lo que pensaba escribir.
La mayoría de los ciudadanos considera que los inmigrantes tienen mucha culpa de los recortes que estamos sufriendo, porque creen que generan un gasto sanitario muy cuantioso y, por lo general, no aportan ingresos al Estado. El volumen económico que puede representar la asistencia sanitaria a los sin papeles, sobre ser importante, no alcanza ni de lejos magnitudes críticas, ni mucho menos. Es decir, por lo que se invierte en este amplio colectivo de 'sin papeles' no se arruina el país ni se produce la quiebra de la Seguridad Social. Esto es evidente. A pesar de ello, la inmensa mayoría de los españoles no ve con malos ojos que se les niegue la asistencia sanitaria. Con toda seguridad, el fraude fiscal en España, que se localiza entre las empresas más importantes del país y las grandes fortunas, alcanzando el 78% del total, es más responsable de los recortes y las subidas de impuestos que el gasto en sanidad de los inmigrantes irregulares, pero tanto defraudador suelto no parece importarle a nadie, algo, por otra parte, lógico en el país de la picaresca, los enchufados, el latrocinio y la corrupción generalizada.
Que los inmigrantes sin papeles no tengan derecho a asistencia sanitaria si no están dados de alta en la Seguridad Social, no solo perjudica a este colectivo, como erróneamente se puede pensar. Efectivamente, los extranjeros sin papeles que residen en España no se van a ir del país por carecer de atención médica, pues, como es obvio, en sus lugares de origen estarían mucho peor. Los que se jugaron la vida en una patera, no se arriesgaron para volver. Si a esto añadimos que el gasto que representa este colectivo para el sistema sanitario español no es determinante, parece lógico que las razones que han llevado a este Gobierno a legislar en esa dirección obedecen a otros criterios.
En efecto, para que los inmigrantes puedan disponer de tarjeta sanitaria, necesitan que cualquier empresario o autónomo los contrate. Al cotizar a la Seguridad Social se abren las puertas a la sanidad pública. La cuestión es: ¿un inmigrante con familia que quiere verse cubierto por el sistema sanitario, estaría dispuesto a trabajar por un salario de miseria? Seguramente sí. Por tanto, mientras haya extranjeros dispuestos a ofrecer su fuerza de trabajo por mucho menos, con tal de tener derecho a la sanidad, los grandes perjudicados serán los españoles, que, irremediablemente, tendrán que aceptar rebajas salariales muy importantes. Es otra forma de incidir en la reducción de los costes laborales.
En esa misma línea incide el recetario neoliberal del gabinete de estudios del BBVA, difundido la pasada semana: reducir el IRPF en los tramos más altos; aumentar el IVA al 23%, y seguir incidiendo en las reducciones salariales. Esto, en castellano claro, significa: reducir el IRPF en los tramos más altos para que paguen menos los que más cobran. Aumentar el IVA al 23%, para que las cargas del Estado se repartan entre toda la población, o sea, mayoritariamente entre los trabajadores, pensionistas y parados, y seguir incidiendo en las reducciones salariales para que las empresas mejoren el margen de beneficio.
