Hace unos días, el grupo socialista ha presentado en las Cortes Valencianas una proposición de ley de de carácter preventivo contra los desahucios. En ella se plante la intervención de la Generalitat cuando sea el procedimiento de ejecución, antes, por tanto, de que llegue la orden judicial del alzamiento.

Esta proposición de Ley se sustenta en 6 medidas principales: el arrendamiento con opción a compra, la expropiación forzosa, el derecho de tanteo por parte de la Generalitat Valenciana, la movilización del parque de viviendas públicas y fomento del alquiler y la mediación social en el alquiler.
Sin duda, en una Comunidad donde se producen 19 desahucios al día (más de 7.000 en 2012), la Generalitat debe actuar activamente y no mirar de perfil ante un problema que aboca a la exclusión social a miles de valencianos.
La gran virtud de esta propuesta se encuentra en ello de actuar antes de producirse el desahucio, evitando así, el desalojo de las familias de sus casas.

El coste anual de estas medidas rondaría los 700.000 euros y se evitarían más del 60 % de los desahucios.

Una de las principales medidas, el arrendamiento con opción a compra, supone la firma de un contrato a tres bandas: afectados, Generalitat y entidad bancaria. Se trata de un contrato de alquiler con opción a compra a tres años, prorrogables otros dos. Por tanto, el afectado sigue viviendo en su casa, pagando una parte o nada (según los casos) y el Consell se hace cargo del alquiler. De acuerdo con estos parámetros y a título de ejemplo: una vivienda escriturada en 120.000 euros, con la aplicación del Decreto Ley 2/2012 de 3 de febrero sobre saneamiento del sector financiero, se produce una QUITA al banco de un 50%, por tanto, el precio pasaría a 60.000 euros; la Generalitat pagaría un alquiler de 150 euros al mes durante 3 años, 1.800 anuales, en total 5.400 euros. Por su parte, la persona afectada, que pasa a ser arrendataria de la vivienda, aportaría una cantidad que, en ningún caso, superaría el 25% de los ingresos totales de la unidad familiar.

 

Emulando a Andalucía y cuando no sea posible la formalización del contrato de arrendamiento, la propuesta socialista prevee la expropiación forzosa temporal de la vivienda por un período de tres años por parte de la Generalitat Valenciana. En esta circunstancia el Consell pagaría al banco un justiprecio de un 2% anual, mientras el arrendatario pagaría un alquiler no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar.
Movilizar el parque de viviendas públicas y fomentar el alquiler son otras de las medidas que se recogen en esta propuesta del grupo socialista, y cuyo objeto es evitar que las más de 150.000 viviendas vacías que existen en nuestra Comunidad no estén en el mercado del alquiler. Para ello, se combinarían medidas sancionadoras contra las entidades financieras que bloqueen su salida y, por otro lado, incentivar a los particulares para que puedan alquilar sus viviendas vacías.

 

Por último, y en el ámbito de la mediación social, se proponen medidas para impulsar la concentración pública y privada que estimulen el mercado de alquiler; para ello, se prevee la creación de un registro municipal, en coordinación con un registro autonómico, de ofertas de viviendas de protección pública y destinadas a fines sociales, así como un registro de demandantes.

 

En definitiva, nos encontramos ante una propuesta que compromete a la Generalitat Valenciana en la solución de uno de los problemas que más afectan a la dignidad de las personas y que puede provocar, de no frenarse, grandes bolsas de marginación y exclusión social. Ante esta situación hay que actuar y estas son unas propuestas que pueden ayudar a ello. ¿Mejorables?, probablemente. En todo caso, es momento de dialogar y, sobretodo, solucionar.