He leído en un digital que el PP está preparándole otra sorpresa a los ciudadanos. En este caso, a los que son propietarios de inmuebles para el alquiler por temporada. Vayan tomando muy buena nota los que se encuentran en esta situación, porque el señor Rajoy, pensando en defender los intereses de las grandes empresas hoteleras, que para eso tienen su lobby, va a dificultar, por ley, que los particulares puedan alquilar a los turistas sus casas por una semana, quincena o mes. La cosa va en serio, muy en serio, no crean que me estoy inventando nada, por supuesto que no. Se trata del proyecto de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Alquiler de Viviendas, que no tiene desperdicio. El argumento utilizado no puede ser más burdo: al incrementarse en los últimos años el número de viviendas particulares para este menester, el del alquiler, se podría dar cobertura al intrusismo y la competencia desleal, por tratarse de alojamientos al margen de la norma. ¿De qué norma? De risa.
O sea, que si un señor tiene una casa en condiciones, con la correspondiente cédula de habitabilidad, y se la alquila a otro señor, un suponer, de Francia, para que venga a España a pasar quince días, está incurriendo en el intrusismo y la competencia desleal. Y legislar para favorecer a los grandes grupos económicos y perjudicar a los ciudadanos de la calle ¿cómo se llama? ¿Corrupción? Este grado de intervencionismo seria entendible en la Venezuela de Chaves o en la extinta Unión Soviética, pero, en un país donde la economía de libre mercado se considera sagrada, esta normativa es otro atropello más del Partido Popular. Los propietarios de casas, que las alquilan en temporada de verano, muchos de ellos votantes del PP, deben de tomar muy buena nota de la que está a punto de liar este Gobierno. Luego dicen que son liberales, lo que son es otra cosa bien distinta.
Durante el periodo de la burbuja inmobiliaria, cuyas consecuencias no han podido ser más nefastas para España, se construyeron pisos en este país por cientos de miles. Muchos pequeños ahorradores invirtieron su dinero en el sector del ladrillo. Esos propietarios, que adquirieron inmuebles para destinarlos al alquiler de temporada, se van a encontrar ahora con que no pueden realizar algo tan elemental como es un arrendamiento por una semana, una quincena o un mes. Inaudito. O sea, el PP, artífice del boom inmobiliario, crea las condiciones para que la gente invierta sus recursos en la compra de casas y, ahora, cuando el sector hotelero va a reclamarles porque hay millón y medio de viviendas destinadas al alquiler turístico, algo lógico en un país de sol y playa, ese mismo PP se saca de la manga una ley para favorecer a esas grandes compañías del hospedaje y, de esta forma, terminar de joder a los que en su momento fueron inducidos a comprar esos inmuebles.
Otro argumento que se está empleando para justificar semejante despropósito, es el de que todos esos alquileres funcionan en negro y, por tanto, escapan al control de Hacienda. Sobre esta cuestión habría mucho que hablar, porque las primeras que no tributan al fisco como corresponde son las grandes corporaciones, las del IBEX 35, por ejemplo, que apenas pagan un 5%. Así va el país. Si lo que se pretende es regularizar esta actividad para que Hacienda no pase la mano por la pared, la verdad es que lo van a poner muy complicado con semejante regulación, porque, en medio de tanto intervencionismo, tanto IVA y tanto IRPF, el sector se va a mover, más que sumergido, en submarino. Para que esta actividad salga de la economía sumergida hay que aplicar otras políticas y, desde luego, una presión fiscal más moderada.
Tengan en cuenta que los gastos del Estado son los que son, y mientras las grandes empresas, las grandes fortunas y las SICAV, apenas tributan, el grueso del gasto de la nación recae sobre los hombros de los ciudadanos de a pie. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el 76% del fraude fiscal en España lo generan las grandes empresas y las grandes fortunas. Esos son los que luego van dando lecciones de patriotismo al resto de los españoles. Menudos sinvergüenzas. Si realmente le preocupara al Gobierno recuperar parte de toda esta gigantesca bolsa de fraude, seguramente tomaría las medidas necesarias para que la Agencia Tributaria dispusiera de medios suficientes, humanos y técnicos, para intervenir, pero, según podemos deducir de su forma de actuar, el fraude a gran escala no le preocupa al Gobierno lo más mínimo. Y claro, como los grandes no pagan en la misma proporción que los demás, las clases populares son las que deben de soportar el peso de la carga, de ahí que la economía sumergida, lejos de remitir, vaya en aumento.
En resumen, que los propietarios de viviendas destinadas al alquiler de temporada se van a ver claramente perjudicados por una Ley arbitraria e injusta que pretende favorecer a las grandes compañías hoteleras. Esto va a suponer que muchos ciudadanos pierdan unos recursos extras anuales y, por tanto, haya menos consumo, más pobreza y mayor hundimiento del país.
