Una postura bastante generalizada en centros financieros y económicos de Catalunya, que se reproduce también en medios de información próximos a las opciones políticas de sensibilidad conservadora y/o liberal, es que el gobierno de la Generalitat ha agotado ya, en la práctica, la posibilidad de generar más recursos a través de impuestos. Se dice y escribe con gran frecuencia que la única salida que le queda para alcanzar el objetivo de déficit público es recortar el gasto público, incluyendo el gasto público social, que ya ha alcanzado unos niveles tan bajos que están afectando muy seriamente a la propia viabilidad de los servicios públicos del ya escasamente financiado Estado del Bienestar.

 

Los datos, pero no avalan esta postura. Veamos, impuesto por impuesto, empezando por el impuesto de sucesiones y donaciones. Las diferentes reformas que este impuesto (sobre el que la Generalitat tiene plena potestad) ha experimentado, han causado una reducción de los ingresos a la Generalitat desde 1.000 millones de euros (que representan el 0,47% del PIB de Catalunya) en 2008 a 400 millones (el 0,19% del PIB de Catalunya) en 2011. Esto quiere decir que se han reducido los ingresos al gobierno catalán por una cantidad de 600 millones de euros, que podrían recuperarse año tras año si los recortes de tales impuestos se revirtieran. No hace falta decir que los grupos más favorecidos por estos recortes fueron las personas con más propiedades, que serían las más afectadas si estos recortes se revirtieran.

 

Otro impuesto que también se redujo fue el impuesto del patrimonio, reducción que benefició especialmente a las personas que tienen más patrimonio. Tal reducción (que equivalió en la práctica a la eliminación del impuesto) significó, el año en que tuvo lugar esta reforma, la pérdida de 500 millones de euros de recaudación (que representaba el 0,25% del PIB de Catalunya), fondos que podrían recuperarse si aquella reforma de 2008 se revirtiera aplicando los mismos tipos y exenciones que se aplicaban antes.

 

Otra fuente de ingresos podría ser el aumento del impuesto sobre los viajes en avión. Según Aena, la compañía pública gestora de los aeropuertos en Catalunya, los aeropuertos catalanes en 2012 tuvieron un tráfico de 38.874.897 pasajeros (salidas y entradas de los aeropuertos de Catalunya). Si cada pasajero pagara 3 euros de impuesto, la Generalitat podría cobrar 116 millones de euros más de los que obtiene. Y si fueran 5 euros, la recaudación sería de 190 millones de euros. La experiencia internacional muestra que esta medida no tiene impacto significativo en el tráfico aéreo como resultado del escaso impacto en la factura, representando un porcentaje muy bajo del coste total para el viajero (una situación similar ocurre en cuanto a la pernoctación en los hoteles, pudiéndose recuperar cantidades incluso superiores).

 

Otra fuente de ingresos poco desarrollada en Catalunya y en España son los impuestos ecológicos, que en España representan un porcentaje sobre el PIB (1,65%) muy por debajo de la media de la Unión Europea de los 27 (2,37%). Si Catalunya igualara tal media, la Generalitat de Catalunya ingresaría 1.200 millones de euros adicionales. En realidad, si Catalunya recaudara en impuestos ecológicos lo mismo que algunos de los países de la UE que tienen semejante nivel de riqueza (medido por el PIB per cápita), los ingresos casi doblarían la cifra anterior.

 

Otro impuesto que habría generado grandes ingresos a la Generalitat de Catalunya habría sido el gravamen sobre el valor añadido de las transacciones financieras que, según el Fondo Monetario Internacional, representa el 5,3% del PIB para España. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que este dato es muy similar para Catalunya. Si estas transacciones se grabaran como se grava el consumo (al tipo del IVA reducido, es decir, un 10%) se podrían haber recaudado 1.110 millones de euros más en 2011. La Generalitat de Catalunya, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas, intentó iniciar este camino grabando los depósitos bancarios, lo que fue anulada por el Gobierno central, al crear éste un impuesto a tipo cero, imposición realizada para evitar que las CCAA utilizaran esta vía para generar recursos. Este intento, sin embargo, no debería frenar otras alternativas en esta línea. Incluso el Fondo Monetario Internacional (en general gran defensor de los intereses financieros) ha señalado ésta como una vía de ingresos para los Estados, tanto centrales como autonómicos y locales.

 

Otra vía es, como ha hecho Canadá, crear un impuesto finalista, encaminado a generar recursos para la sanidad. Siguiendo esta política fiscal, Catalunya podría ingresar más de 1.000 millones de euros, que podrían sustituir o complementar los sistemas de copagos. Todas las encuestas señalan que la popularidad o impopularidad de los pagos del ciudadano al Estado depende del fin al que se destina esta recaudación y también de su progresividad. La imposición fiscal progresiva es más popular, o menos impopular, como sistema de financiación de la sanidad que el sistema de pago o copago del usuario en el momento de utilización del servicio.

 

Otras fuentes, como determinar las multas y sanciones según el nivel de ingresos del sancionado, tal como se hace en Finlandia, podrían generar también considerables recursos. Una estimación inicial sería de 150 millones de euros.

 

Todos estos son ejemplos de medidas que podrían aumentar los ingresos a la Generalitat de Catalunya. Que se lleven a cabo o no depende de su voluntad política.

 

No hace falta decir que la Generalitat debería presionar (como todos los gobiernos de tal institución han hecho) al Estado central para que ahorren más de los recortes, ya que han sido las CCAA (que son responsables de los servicios públicos del Estado del bienestar) las que han llevado la mayor carga de tal reducción. Pero esto no es suficiente, porque los ingresos generados por la Generalitat siempre han sido más bajos de lo que le corresponde, por su nivel de riqueza. Esta es la realidad.