Hace unos días, el gobierno de izquierdas de Andalucía (PSOE e IU), tomó una de las decisiones más valientes y arriesgadas de los últimos tiempos con la aprobación del Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
Unas medidas que responden al concepto de la vivienda como un derecho social como viene recogido en nuestra Constitución. Con este decreto se consolida la idea de que no es lo mismo quién gobierna, se consolida la idea de que existen otras formas de actuar y, sobretodo, se consolida la idea de que desde la izquierda existen alternativas a las políticas neoliberales que nos imponen tanto Merkel, desde Europa, como Rajoy en nuestro país.
Este Decreto Ley da una respuesta contundentes a una situación de evidente emergencia social y a una insistente demanda ciudadana. Supone un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares y contrasta con la sumisión del Gobierno central a los dictados de la banca. Andalucía no juega con las esperanzas de las familias desahuciadas y no trampea con la voluntad ciudadana como ha hecho la derecha tumbando las esperanzas de miles de familias españolas descafeinando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago.
Las medidas previstas pivotan sobre dos ejes: el fomento del alquiler (se refuerzan las ayudas al alquiler y se crea un nuevo régimen sancionador) y la expropiación temporal de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario para garantizar la protección de las familias en riesgo de exclusión social. La Junta de Andalucía podrá expropiar temporalmente (máximo tres años) el uso de los inmuebles embargados a personas en riesgo de exclusión social, garantizando así el derecho a la vivienda de quienes menos tienen. Es una medida excepcional para casos excepcionales.
El Gobierno andaluz ha entendido que la solución a esta crisis no puede pasar por seguir inflando la burbuja inmobiliaria. Bajo este sólido argumento, el Gobierno autonómico ha puesto la mirada en el fomento del alquiler y en el stock de viviendas vacías de la Comunidad, entre 700.000 y un millón de Inmuebles (según datos de la Junta), de los que 350.000/500.000 pertenecen fundamentalmente a bancos y empresas inmobiliarias.
Pero, mientras Andalucía legisla, frena los desahucios, da salidas a los más necesitados, el Gobierno de la nación sigue enredando en el Parlamento español. El supuesto procedimiento de urgencia por el que se está tramitando la nueva Ley que regule los desahucios no está siendo tan rápidocomo requiere la situación. Eso, sigue provocando centenares de dramas que afectan a los desahuciados y a sus familias. Por ello, como ya se ha pedido por el grupo socialista, es necesaria la paralización de la ejecución de todos los desahucios hasta que una nueva Ley de una solución real al problema. No caben parches, la situación requiere soluciones que no dejen a ningún ciudadano en la cuneta.
