Hoy, la Unión Europea nos ha dado una enorme alegría a todos aquellos que desde hace tiempo estamos reclamando, no con mucho éxito, un profundo cambio en la legislación hipotecaria de nuestro país.
Como se han hecho eco la mayoría de medios de comunicación, una sentencia del Tribunal de la Unión Europea, como respuesta a la cuestión planteada por el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, señala la existencia de clausulas abusivas en los contratos hipotecarios españoles que dejan en absoluta indefensión a los consumidores al no garantizar su protección, lo que contraviene la directiva 93/137 CEE. Esta misma sentencia critica y declara contrario a dicha directiva, el hecho de que los jueces no puedan apreciar dichas clausulas abusivas y por tanto, adoptar medidas cautelares que impidan el desalojo, en ocasiones irreversibles, de ciudadanos de sus domicilios.
En consecuencia, el Gobierno que una y otra vez se ha negado a modificar la actual legislación, se verá ahora obligado a modificar, tanto la Ley Hipotecaria, como la Ley de Enjuiciamiento Civil, para adaptarlas a dicha Directiva y, con ello, armonizar todos los derechos, también los de los consumidores.
Es el momento de que, desde el poder legislativo, se articulen todas las medidas que sean necesarias para que ni una sola familia española pueda verse despojada de su hogar por no poder hacer frente a sus deudas hipotecarias. La inclusión de la dación en pago con efectos retroactivos y una moratoria que permita planificar el pago de las deudas teniendo en cuenta la situación real de las personas deudoras, son imprescindibles.
Es cierto que se han ido tomando medidas, tanto por el anterior Gobierno, como por el actual, con el buen propósito de mitigar el drama. Es también obvio, que todas esas medidas han sido claramente insuficientes Las ejecuciones hipotecarias se incrementan diariamente. Miles de personas pierden su hogar sin que nada, ni nadie lo impidan. No valen ya parches, es momento de soluciones efectivas y de forma urgente.
Es necesaria una nueva legislación que obliguen a las entidades financieras a aceptar como única garantía en un crédito hipotecario, el propio bien hipotecado, es decir, la dación en pago; es imprescindible introducir procedimientos que favorezcan el acuerdo entre el deudor y el acreedor hipotecario; es necesario extender los plazos que permiten acudir al desahucio, cuando el hipotecado se encuentre en situación de desempleo o en cualquier otra situación imprevista y ajena a su voluntad; se han de suprimir las cláusulas, prácticas y situaciones abusivas por parte de las entidades financiera, incluyendo fuertes sanciones cuando de mala fe sean éstas impuestas; y, en todo caso, se deben crear nuevos instrumentos que aumenten la protección y las garantías de los consumidores cuando contratan estos servicios con cualquier entidad crediticia.
No estamos ante un problema de acceso al crédito hipotecario, las entidades financieras los dan a cuentagotas y con grandes y seguras garantías, el problema actual es el contrario, el impago de las deudas por problemas sobrevenidos y de los que la inmensa mayoría de afectados no son responsables. Aludir, por tanto, al posible daño al "acceso al crédito, como ha hecho hoy el Sr. Rajoy, para descartar la "dación en pago", es situarse de nuevo, fuera de la realidad social y económica de nuestro país. Aterrice de una vez y responda, desde su mayoría absoluta, a las reales necesidades de nuestros ciudadanos. Debe ser la Ley quién pare los desahucios. Háganlo posible.
