El agosto pasado con motivo del fallecimiento de Julián Castelblanque, este periódico publicó un extracto de la entrevista que le realizó unos años atrás, en el 2015, donde se expresó con motivo de los escándalos de corrupción en nuestro país en los siguientes términos: «Mientras no se condene pública y socialmente a esa gente que se enriquece ilícitamente, porque son unos chorizos, no cambiarán las raíces del problema, y buscarán la ocasión y la vuelta para seguir metiendo la mano en el saco. Cuando, además, la administración no domina la magnitud económica de las cosas, está haciendo un flaco servicio a todos los españoles». Esta valiente y acertada declaración de Julián, conocedor de los entresijos urbanísticos, con todos los matices necesarios, podríamos adaptarla al caso de El Malecón y podríamos afirmar que nos está expoliando la administración, y no me estoy refiriendo precisamente a los de Hacienda, sino a los responsables de la Administración de Costas.

El Malecón es un bien de dominio público, que tuvo un uso privado desde 1902 en virtud de una concesión administrativa a la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM), para la construcción del embarcadero de mineral para la carga y descarga de minerales y carbones destinados exclusivamente a la CMSM.

Por ley, desaparecidos los fines para los que fue otorgada, se extinguen los derechos de uso y propiedad adquiridos en 1902. En estos casos el Ministerio competente a través de la Administración de Costas declara su caducidad y los terrenos de la concesión revierten de nuevo al Estado como bienes de dominio público. Esto ocurre y está ocurriendo casi a diario a lo largo de toda la costa de España, excepto en nuestro municipio, que sucede todo lo contrario.

Aquí se nos aplica algo similar a lo que se viene en llamar el derecho penal del enemigo, es decir ningún derecho. Desde las movilizaciones de 1984 contra el cierre de AHM parece que nos han puesto en la diana, sino no se explica porqué en 1987, cuando la CMSM entra en liquidación, el Ministerio no declaró la extinción de la concesión como era su deber y poner en condiciones El Malecón como parque para uso y disfrute de todos los ciudadanos, que es lo que ordena la ley.

Ni tampoco se explica porqué después de las sentencias tanto del Tribunal Supremo, en el 2002, como de la Audiencia Nacional en el 2018, que dicen clarísimamente que no hay motivo para hacer ningún deslinde para sacarlo de la zona marítimo-terrestre, después que la Audiencia Provincial de Valencia en el 2010 diga en sentencia firme que en cuanto la Administración declare la caducidad de la concesión de 1902, que debía haber realizado ya en 1987, y que no prescribe, El Malecón vuelve al dominio público.

Bueno, pues a pesar de todo ello el Ministerio de Teresa Ribera empecinadamente vuelve a hacer un nuevo deslinde, sacándolo de la zona marítimo-terrestre, cuya configuración benévolamente se puede calificar de esperpento, deslinde que solo tiene sentido si lo que se pretende con él es humillar a nuestro pueblo y dar pie a que los abogados de la promotora urbanística que está como pantalla, imitando y superando el papel de Walter Matthau en la comedia dirigida por Billy Wilder, En bandeja de plata, traten de sacar agua de un pozo seco.

Parece ser que, en las altas esferas, los que mandan, consideran que los ciudadanos y en especial los de El Puerto debemos vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Disfrutar en nuestro pueblo de amplias zonas ajardinadas entienden que es puro lujo y vicio de clases trabajadoras que podrían conducir a la baja productividad y al absentismo y para impedirlo no dudan en pasarse por el forro, todas leyes habidas y por haber, Constitución incluida.

Reivindicando El Malecón, no se está exigiendo la adquisición de un terreno particular que pueda ocasionar un quebranto económico a ninguna Administración, la declaración de caducidad su coste es cero, lo que se está pidiendo es que se cumpla la ley y que ese bien público que está destinado constitucionalmente al uso y disfrute de todos los ciudadanos no se entregue fraudulenta y gratuitamente a no se sabe muy bien quién. Que no nos roben, vamos.

Ramón García Ortín