Todos los argumentos pueden ser válidos… o no. Y, a mi juicio, los empleados por el candidato Sánchez (ahora ya presidente del Gobierno) para justificar sus ilimitadas cesiones a los intereses independentistas, no lo son. Es cierto que el primer objetivo de cualquier dirigente político debe ser mejorar la convivencia, pero, tras este, se suceden una amplia serie de compromisos con la sociedad que deben afrontarse como principal motivación de la agenda política. Cuando esos compromisos se limitan al bienestar de muy pocos a cambio del sacrificio de muchos, no se está teniendo en cuenta el bien común, que debe marcar todo eje de gestión pública, sino el regocijo de los titulares de aquellos votos que son necesarios para gobernar.
España tiene 506.000 millones de metros cuadrados. El complejo de la Moncloa no alcanza los 200.000. Y el colchón que compró Begoña al trasladar allí su residencia, difícilmente pasará de cuatro. No parece que sea muy inteligente hacer el canje de un país entero por tan insignificante superficie, por muy acolchada que esté. Pero eso da igual. Desde la noche del 23 de julio, muchos teníamos claro que Pedro Sánchez se iba a limitar a hacer una lista con los deseos independentistas y convertirla en su programa de gobierno para lo que pueda durar esta legislatura.
Volviendo al inicio del artículo, argumentar la convivencia para justificar cesiones parciales a unos pocos es retorcer un concepto que, de por sí, debería merecer el mayor de los respetos. Separar dos Españas no es, ni mucho menos, un ejercicio de igualdad y las estrategias de Sánchez, desde su llegada a la Presidencia del Gobierno, no se han distanciado nunca de esa línea: mujeres contra hombres, pobres contra ricos, homosexuales contra heterosexuales, nacionalistas contra constitucionalistas…. Eso no es primar la convivencia; Es sobrevivir a costa de acabar con ella.
Pero quiero ir un poco más allá. En ningún momento, durante las múltiples intervenciones del candidato, hizo mención ni a una sola propuesta de mejora de la administración local (y no me valen las referencias al carril-bici que, a estas horas, sigo sin entender qué pintaba en ese discurso). Creo saber, aunque solo sea por experiencia, que los ayuntamientos son los primeros garantes de la convivencia entre ciudadanos y la primera administración en hacer de barrera ante sus necesidades. Quizá quien quiere poner la convivencia como eje central de su interés (aunque todos sepamos que la realidad es otra), debería incluir en su programa varias propuestas de mejora de un nivel de la Administración Pública que viene esperando su turno desde que, en 1986, se aprobara la Ley de Bases de Régimen Local.
En España hay algo más de 8.000 municipios, de los cuales, el 87% no alcanzan los 5.000 habitantes y agrupan, tan solo, al 12% de la población total. Esto implica, con una sencilla operación matemática, que, en los otros mil municipios, reside el 88% de la población española. Hablar de igualdad con estos niveles de distribución demográfica parece una utopía, pero, ¿quién se preocupa de equilibrar estas desigualdades? Tras oír el discurso de Sánchez, nadie lo hace y nadie pretende hacerlo en los próximos años.
Siempre me he mostrado firme defensor de la autonomía local. Y lo sigo siendo. Pero esa autonomía precisa una legislación que la ampare y una financiación que la permita. Y eso, mientras se trate por igual a grandes que a pequeños, no van a producirse jamás. En la pasada legislatura, el Gobierno anunció, a bombo y platillo, la redacción del Estatuto de los Pequeños Municipios, pero fue como un juego de magia: nada por aquí, nada por allá. Nunca se volvió a hablar del tema y, aparentemente, tampoco forma parte de la agenda política estatal en un futuro próximo.
Quizá, a la vista de lo que estamos viviendo, deberíamos probar a proclamar unilateralmente la independencia de nuestros pueblos o, al menos, programar un referéndum y defender nuestro «dret a decidir». Si a otros les ha funcionado, porqué no probarlo. Quizá así llegue el ansiado momento de la segunda descentralización y podamos construir el entorno necesario para el desarrollo de la Administración Local.
Con esto no estoy reclamando nada más que convivencia, igualdad y desarrollo para ese 12% de españoles que sigue apostando por la España rural y por los pequeños municipios o, lo que es lo mismo, quienes son los garantes de la estabilidad de un territorio que quedaría abandonado si estos pueblos dejasen de existir. Esa reforma es necesaria y, entre todos, debemos impulsarla para que se produzca más pronto que tarde.
Mientras tanto, volveremos a oír hablar de despoblación solo en periodos electorales, veremos como nuestros pueblos pierden habitantes, recursos y capacidad de desarrollo y deberemos resignarnos a superar el día a día sabiendo, a ciencia cierta, que, como ahora, nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto.
Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites
