En nuestra opinión, estamos ante la legislatura más compleja y difícil de nuestra democracia, debido a la mayor crisis sanitaria, económica y política de nuestra historia reciente, pandemia y guerra en Ucrania fundamentalmente, con sus consecuencias humanas, económicas y sociales, y con una oposición política de la alianza PP-VOX, irresponsable y demagógica, que no soporta estar en la oposición porque cree que el gobierno les pertenece por mandato divino. Siempre han tenido en estos ámbitos tan rancios un sentido muy patrimonialista del Estado, por eso hablan de España y no de los españoles.
Este cúmulo de graves problemas, lo ha afrontado el gobierno de coalición PSOE-UP de forma valiente y firme, con medidas y leyes que han amortiguado los efectos de la crisis y mejorado la vida de millones de personas. Mientras el gobierno de coalición PSOE-UP daba soluciones reales, tangibles, desde PP-VOX, además de oponerse a cualquier mejora o avance, no han dado ninguna alternativa, a excepción de la promesa de bajar los impuestos, muy recurrente en periodo de elecciones.
Conforme se acerca el 28-M se les ve más preocupados y nerviosos, quizás porque las encuestas electorales que manejan no son tan halagüeñas como esperaban y, por eso, incrementan sus discursos populistas. Al mismo tiempo, se mueven en ámbitos que controlan, intentando crear las condiciones para remontar y poder ganar las próximas elecciones, pero, sobre todo, las generales de diciembre.
Núñez Feijóo teme por su futuro, sabe que, si no tiene buenos resultados el 28-M y no gana las elecciones generales de diciembre, le ocurrirá lo mismo que a su antecesor, Pablo Casado, el breve, que por la mañana lo aplaudían a rabiar y por la noche lo traicionaban sin compasión.
No obstante, quienes más nos jugamos en las elecciones somos la mayoría de la ciudadanía, que hemos sufrido las medidas de durísimos ajustes económicos y recortes en libertades y en derechos cuando gobernaba el PP, aunque ahora, con VOX, aun sería muchísimo peor.
Por tanto, ni podemos ni debemos permitir que gobierne esta alianza tan distanciada de la derecha civilizada y europea, a la que tenemos que frenar antes de que sea demasiado tarde. Después no valdrán las quejas y los lamentos. Hay momentos en la vida de las personas donde no se puede ser indiferente o ponerse de perfil. El «yo paso de la política» significa darle un cheque en blanco a los que quieren desmontar el estado del bienestar y suprimir los derechos civiles. Esto es gravísimo y, desde luego, no debemos permitir que suceda. Por tanto, en momentos como este hay que dar un paso al frente, hay que tomar decisiones.
En esa línea, además del voto masivo de la gente progresista, también es necesario el de aquellas personas de izquierdas que piensen más en la abstención. No deben quedarse en casa el día de las votaciones, aun siendo críticos con el gobierno por no llegar más lejos en sus medidas. También deben reflexionar quienes se sitúan en las posiciones de una derecha civilizada, democrática y alejada de los extremismos que, lamentablemente, representa esa alianza entre PP y Vox. ¿Nos hemos parado a pensar que hubiera pasado en esta legislatura con un gobierno PP-VOX? Solo de pensarlo, da escalofríos.
En esos ámbitos, donde se mueven como peces en el agua, se sitúa la Conferencia Episcopal, que ha convocado a los cristianos a movilizarse y a votar en contra del aborto y la eutanasia. Se puede decir más alto, pero nunca más claro: votar a PP-VOX. Los obispos prestarían mejor servicio a la sociedad española si, en lugar de poner obstáculos, investigaran todos los casos de violaciones y abusos sexuales cometidos durante décadas en el seno de la iglesia católica y, sobre todo, pusieran a todos los acusados a disposición de la justicia. Es lo que se espera de una institución que dice predicar con la verdad. Como todo el mundo conoce, la alianza PP-VOX se opuso a crear en el parlamento español una comisión que investigara la pederastia en la Iglesia Católica. Significativo, ¿verdad?
Se encuentran también cómodos en el ámbito de la judicatura, como hemos comprobado gracias al periódico El País, que ha destapado una reunión ‘clandestina’ entre Núñez Feijóo y fiscales ultraconservadores, donde abundaron las criticas sin tapujos al gobierno de coalición, y dieron su apoyo a Núñez Feijóo, quien les prometió derogar varias leyes si llegaba a la Moncloa. No hace falta recordar que muchos de estos fiscales ultras ocupan altos cargos en el ámbito judicial. ¿Si Núñez Feijóo quería una reunión ‘clandestina’, ya que no constaba en su agenda pública, ¿qué pretendía ocultar? ¿Alguien piensa que realmente serán independientes estos togados a la hora de impartir justicia en los tribunales? En ambos casos, el de los curas y los fiscales, viene como anillo al dedo un refrán de la época romana: «el quid pro cuo», que traducido es «algo por algo» o «favor con favor se paga».
Insisten en un discurso populista de rebajar la presión fiscal, una música que suena bien al oído de la ciudadanía, prometiendo bajadas de impuestos y mejora de los servicios públicos, lo que no deja de ser una contradicción. Este mensaje es tan agradable como falso. En ese sentido y en pleno proceso electoral, el candidato del PP a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, está repitiendo el eslogan «menos impuestos y más servicios públicos». ¿Cómo lo haría si llegase a gobernar?, ¿repetiría el milagro de los panes y los peces? ¿Qué impuestos bajaría y que servicios públicos mejoraría o ampliaría? Es necesario un poco de rigor, no es posible recaudar menos porque se bajan los impuestos y, al mismo tiempo, gastar más para mejorar servicios públicos, porque ambos caminan en paralelo. La política tributaria responde siempre a posiciones ideológicas y, por tanto, nunca es neutral. Lo hemos visto cuando gobiernan en comunidades autónomas o a nivel del Estado: bajada de impuestos a los ricos y poderosos, que no necesitan los servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, seguridad ciudadana, pero, al mismo tiempo, deterioran los servicios públicos que sí necesitamos la inmensa mayoría de la ciudadanía.
La presión fiscal en España está por debajo de la media europea y muy alejada de países con los que solemos compararnos en función de la calidad y extensión de sus servicios públicos. Si queremos tener servicios públicos de calidad, son necesarios recursos económicos en cantidades suficientes y, para ello, es imprescindible una reforma fiscal basada en la equidad y progresividad, que ataje la economía sumergida, el fraude y la evasión fiscal. Siempre hay que tener muy presente que con los impuestos se paga la sanidad, la educación pública, la atención a la dependencia, el Ingreso Mínimo Vital, la investigación, las infraestructuras, la seguridad ciudadana etc.
Ángel Olmos Gauses
José María López Barquero
