Ladran, luego cabalgamos

Escrito por Ángel Olmos Gauses y José María López Barquero
Viernes, 24 Marzo 2023 21:03

PP y Vox continúan sin reconocer como legítimo al gobierno de España formado por la coalición del PSOE y UP. No aceptan que la ciudadanía, de forma libre y democrática, no les otorgara la mayoría para gobernar. Si los gobiernos conservadores en Andalucía, Castilla y León o Madrid, son legítimos, ¿por qué no reconocen la legitimidad del gobierno de España? La respuesta es evidente, no gobiernan ellos. Hay un poderoso entramado de intereses económicos, políticos y mediáticos contra el gobierno español, compuesto por la derecha política, sectores financieros y empresariales. El sector conservador de la judicatura, bloqueando instituciones, la Conferencia Episcopal, que mostró su preocupación por el acuerdo de gobierno, o la caverna mediática que, por cierto, recibe más dinero de gobiernos conservadores como el de Ayuso, que otros medios con más audiencia, sin olvidar a mandos militares retirados, que decían que había que fusilar a 26 millones de españoles.

En ese entramado, a medida que se acercan las elecciones, observamos mayor agresividad por parte de Garamendi, presidente de CEOE, y su vicepresidente, Lorenzo Amor, que fue asesor del PP y es presidente de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos integrada en CEOE. ¿Alguien cree que un autónomo o el dueño de una microempresa, tiene los mismos intereses que el señor Amor, del que se desconoce su salario, o Garamendi, con 400.000 euros al año, Ana Botín con once millones, o Juan Roig con 700 millones de euros de beneficios en 2022? Y para colmo las grandes empresas tributan menos a la Hacienda Pública que las pymes y que los trabajadores/as, en los que incluimos a los autónomos, como denuncia Yolanda Díaz.

Es indecente que Garamendi y directivos del IBEX 35, con sueldos millonarios, no quieran subir los salarios para que los trabajadores/as mantengan el poder adquisitivo en un momento como el actual, donde empresas y sectores siguen teniendo miles de millones de euros de beneficios y, aun así, al igual que PP-Vox, están en contra del impuesto a la banca, compañías eléctricas y a grandes fortunas, aprobado por el gobierno, que proporciona al Estado recursos económicos extraordinarios en beneficio de la mayoría ciudadana. No olvidemos que la riqueza y los beneficios la producen, día a día, los trabajadores/as con la plusvalía que generan, vendiendo su fuerza de trabajo, y que prestan servicios en empresas como la de Juan Roig, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, o Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander.

Garamendi y el empresariado se creen intocables, y arremeten contra miembros del gobierno porque no soportan sus críticas, que consideran insultos y demonización. Tienen la piel fina, la cara muy dura y los bolsillos llenos. ¿La libertad de expresión es solo para ellos y sus bocazas mediáticos? Insultar o demonizar es cuando se acusa a Pedro Sánchez de amigo de etarras, asesino y felón o la trama contra Pablo Iglesias, o los ataques a los sindicatos de clase y a Yolanda Díaz, así como el trato que se da a Irene Montero, Ione Belarra o Alberto Garzón. ¿Qué decir del miserable comportamiento de la señora Ayuso con los sanitarios públicos?

Con las propuestas de Feijoo y el PP, votando en contra de la Reforma Laboral y del sistema de pensiones y subida de las mismas, del aumento del salario mínimo, la ley del aborto o la eutanasia etc., no quedan dudas de las medidas que aplicaría si gobernara. Como se está demostrando en Madrid con el apoyo de Vox o en Castilla y León, donde gobiernan juntos, serían incluso más duras que la política de austeridad y recortes llevada a cabo por Rajoy en la anterior crisis que, sin escudo social ni ayudas a empresas ni autónomos, provocó despidos masivos con una reforma laboral que precarizó el empleo, devaluó salarios, subió solo un 0,25% las pensiones, debilitó el sector público y el estado del bienestar etc. Mientras la derecha política, económica, judicial y mediática, sigue ladrando, el gobierno continúa cabalgando con leyes y medidas progresistas, demostrando otra forma de gobernar, ampliando derechos, revitalizando el diálogo social, mejorando el sistema de pensiones y subiéndolas el 8,5%, aumentando el SMI y concediendo ayudas económicas públicas a autónomos y a empresas a través de los ERTES, manteniendo empleo y empresas.

Una de ellas, que ha vivido gracias a las concesiones públicas y a esas ayudas económicas que hemos sufragado los españoles/as, es Ferrovial, cuyo presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, acumula un patrimonio de 10.000 millones de euros, y ahora traslada su sede fiscal a Países Bajos. Como dice un miembro de Economistas Ante la Crisis «Holanda hace de trampolín para desviar recursos y beneficios hacia paraísos fiscales».

Las reformas, leyes y medidas aplicadas por el gobierno de PSOE y UP, entre ellas la reforma laboral y del sistema de pensiones, acordadas ambas con CCOO y UGT, que implica seguir percibiendo fondos europeos, han recibido la aprobación o felicitación por parte de la Comisión Europea, dejando con el culo al aire a PP-Vox, que votaron en contra. Pues eso, ladran, luego cabalgamos.

Ángel Olmos Gauses
José María López Barquero

 

 

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