Buitres sobre el Malecón

Escrito por Ramón García Ortín
Viernes, 24 Febrero 2023 21:03

Para que nos hagamos una idea del tipo de negocio que se traen entre manos con El Malecón, decir que los 60.000 metros cuadrados de este solar, junto a tres fincas más, fue vendido, en julio del 1988, por la Compañía Minera de Sierra Menera, en liquidación, por 33 millones de pesetas (198.000 euros) a la Mercantil Prosagunsa, unos días antes de que este tipo de transacciones estuvieran prohibidas por la Ley de Costas. En noviembre de ese mismo año, Prosagunsa solicitó a la demarcación de Costas la modificación del deslinde, realizado en 1950, para que dejara fuera del mismo El Malecón, consciente de que el único provecho que le podía sacar, en el mejor de los casos, era una prórroga por 30 años para volver a exportar mineral.

En mayo de 1990 el director de Puertos y Costas dictó resolución denegando aquella solicitud, basándose, entre otras cuestiones, en que: «no se ha producido alteración alguna de la configuración del dominio público marítimo terrestre, según fue definido en el deslinde aprobado en 1950».

La mercantil presentó un recurso contencioso administrativo que terminó resolviendo el Tribunal Supremo en los siguientes términos: «El recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado, pues los actos administrativos que denegaron aquella solicitud de 14 de noviembre de 1988 son conformes a Derecho en la medida en que se basaron en la consideración de que el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 6 de julio de 1950 devino firme, sin que se haya producido alteración alguna de la configuración del dominio público marítimo-terrestre en él definido», no podía ser más claro.

Prosagunsa, entonces, emprende la vía jurisdiccional civil, no ya para modificar la línea de costas, vía que se le ha cerrado, sino para que se declarara su propiedad sobre el Malecón. El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Valencia, en enero del 2010 rechazó dicha pretensión, pero en la apelación la Audiencia Provincial de Valencia, tras una motivación contradictoria, farragosa, chapucera y con continuas referencias a la desecación de marismas, cuando no es el caso, revoca esta sentencia el 22 de diciembre del mismo año y en el fallo declara «La titularidad de la actora sobre la finca registral núm. 37.075», es decir, sobre El Malecón.

Y en ese momento el Ministerio abandona su defensa como público, su actitud cambia radicalmente, empezando por no recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo, que era perfectamente atacable y plegándose a los deseos de la mercantil de modificación del deslinde.

Llegados a este punto es necesario hacer algunas aclaraciones, la Constitución, en su artículo 132, de entre todos los bienes de dominio público señala específicamente la zona marítimo-terrestre y playas, en la que está incluido el Malecón, con la característica de que son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables.

La ley de Costas de 1988 da cumplimiento al mandato constitucional, y dice en su exposición de motivos que su objeto es poner coto y subsanar los desmanes cometidos sobre las costas, incluidas las irregularidades administrativas y, sobre todo, evitar la especulación. Es como si el legislador hubiera puesto los ojos en el Malecón y tomarlo como muestra de lo que se tiene que rectificar, y así, las titularidades privadas como consecuencia de una concesión que ha caducado o que ha cesado en el objeto para la que fue concedida, las transforma en una concesión por 30 años, aprovechando los usos y aprovechamientos existentes. A este respecto, el Tribunal Constitucional se pronuncia en los siguientes términos: «esas titularidades recaen sobre unos bienes -zona marítimo-terrestre y playas- que por sus propias características físicas y naturales eran y son de dominio público, y por tanto, se trata de unas titularidades que por imperativo constitucional deben cesar».

Ni la Ley de Costas, ni ninguna otra, dicen que se deba efectuar un nuevo deslinde para excluir del dominio marítimo-terrestre las propiedades declaradas privadas, justo al contrario, por ley ya deberían haber desaparecido estas.

La modificación del 2014 de deslinde de Isabel García Tejerina, ministra responsable de Costas en el gobierno de Mariano Rajoy, era un fraude de ley, y fue revocado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En la actualidad, el nuevo deslinde de Teresa Ribera Rodríguez, titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bonito nombre, en el Gobierno de “progreso” de Pedro Sánchez, es más de lo mismo. Ambos me traen a la memoria las reflexiones de Julio Anguita cuando decía que ni en Alemania gobernaba la Merkel ni en Francia Macron, que lo hacía el poder económico. En España, más que en Francia o Alemania, ni gobernó Mariano Rajoy, ni gobierna Pedro Sánchez, quienes mandan no aparecen en la pantalla.

Si lograran privatizar el Malecón, con el escenario de fondo del desmantelamiento del Pantalán, sería un nuevo expolio y escarnio para nuestro pueblo. Todos a una para evitarlo.

Ramón García Ortín
Matemático y licenciado en Derecho

 

 

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