Las pensiones públicas en España representan la mayor partida económica de los Presupuestos Generales del Estado. 170.000 millones de euros para este año 2022, lo que significa un preciado botín para aquellos buitres que pretenden apropiarse de él. Cada cierto tiempo, de forma interesada, portavoces mediáticos bien pagados por entidades financieras privadas, provocan un bombardeo de noticias, augurando la insostenibilidad o quiebra del sistema de pensiones. Nunca han acertado sus pronósticos, pero generan incertidumbre entre los pensionistas y ciudadanía en general, con el objetivo de potenciar planes individuales de pensiones privados que, aunque no suele ser noticia, han sufrido pérdidas de valor en ocasiones.
Tenemos un buen sistema de Seguridad Social en general, de caja única, contributivo, de reparto territorial, sectorial y de solidaridad intergeneracional. Las cotizaciones pagadas por los trabajadores en activo sirven para costear las pensiones de los actuales jubilados, como nuestras cotizaciones costeaban las pensiones de los jubilados de la época, lo que significa transferencia de renta intergeneracional. Similar sistema, al de otros países de nuestro entorno.
El acceso a una pensión suficiente, en un Estado social y democrático de derecho, no puede considerarse como gasto, sino un derecho, que los poderes públicos tienen que garantizar y proteger con el establecimiento de fuentes de financiación oportunas y necesarias. La Constitución española determina que: «Los poderes públicos garantizaran mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos/as durante la tercera edad». Las pensiones constituyen el elemento central del estado de bienestar social, especialmente para la clase trabajadora, ya que es la principal o única fuente de ingresos, una vez se abandona la vida laboral, e incide, además, de forma beneficiosa sobre el consumo, la demanda interna y la creación de empleo.
Con voluntad política, nuestro sistema de pensiones se puede sostener y mejorar. No obstante, la mayor garantía es el propio Estado, porque el sistema de pensiones no es algo distinto, ya que forma parte indivisible del mismo y, por tanto, resulta tendencioso escuchar o leer en medios de comunicación conservadores que, «el Estado tiene que prestarle dinero al sistema de pensiones para garantizar el pago de estas». En democracia, nuestro sistema de pensiones tiene tanta o más importancia que el sistema financiero y bancario, al que rescatamos con ingente cantidad de dinero público que no hemos recuperado, la retribución de nuestros políticos y gobernantes, del ejército y gastos militares, de la policía, de la monarquía, que pagamos con nuestros impuestos, y de los empleados públicos en general, como es una función del Estado, solo puede quebrar si el Estado también lo hace. Si el Estado financia obra pública, aeropuertos, trenes de alta velocidad, rescata o da dinero a las concesionarias de autopistas, a la banca y a sectores financieros, por citar algunos ejemplos, ¿por qué no puede financiar nuestro sistema público de pensiones, si fuera necesario?
El verdadero debate, como señalan algunos expertos, debería enfocarse en mantener el actual sistema donde los ingresos determinan las pensiones posibles o, apostar por otro modelo social, en el que las pensiones que se desean determinan los ingresos, mediante cotizaciones, impuestos, etc. Es decir, ¿qué parte de la renta pública y de la riqueza en España, estamos dispuestos para financiar pensiones dignas y suficientes?
La evolución financiera del sistema de pensiones generó durante años enormes excedentes, ya que los ingresos por cotizaciones sociales superaban el gasto en pensiones. Estos excedentes no se acumularon en un fondo de reserva, que no existía, como sí ocurrió desde el 2000 y hasta 2011 en el fondo previsto en el Pacto de Toledo, que Mariano Rajoy se encargó de ir vaciando, ya que esas cotizaciones financiaban otras prestaciones, especialmente las de carácter sanitario, hasta que, en 1986, la Ley de Sanidad estableció la financiación de la sanidad, vía impuestos. Los trabajadores/as, durante años, hemos financiado parte del sistema sanitario vía cotizaciones y, además, con nuestros impuestos.
Los empresarios y las derechas vienen, desde hace mucho tiempo, reclamando una reducción de las cuotas que pagan las empresas, lo que disminuiría los ingresos del Estado, y conllevaría un transvase de recursos económicos a fondos privados y una transferencia de rentas del trabajador a beneficios empresariales, ya que la cuota que pagan las empresas a la Seguridad Social es salario diferido de los trabajadores y forma parte de los costes laborales que se trasladan a los precios de los productos.
La mayoría de los modelos de pensiones en Europa tienen un sistema de indexación de la pensión, bien al IPC, como en España, o al crecimiento económico de los salarios negociados en convenios colectivos etc. De nuevo, es ofensivo que el Sr. Garamendi, presidente de la CEOE, vuelva a la carga diciendo que «es peligroso ligar sueldos y pensiones al IPC», pretendiendo incumplir el acuerdo de pensiones que su propia organización firmó con el Gobierno de coalición, CCOO y UGT, en base a las recomendaciones del Pacto de Toledo, donde se garantizaba la revalorización de las pensiones conforme al IPC, por cierto, con el voto en contra de PP, VOX y CS. Que las pensiones públicas se incrementen por ley, es, además, una justa decisión que afecta a 10 millones de pensionistas, al margen de aumentar en mayor cuantía las pensiones mínimas, que siguen siendo muy insuficientes.
José Navarro García
José María López Barquero
