A lo largo de la historia se ha demostrado que, cuando los seres humanos nos unimos y decidimos actuar colectivamente, nuestra capacidad para reivindicar todo aquello que consideramos justo, es mucho más fuerte y suele dar mejores resultados. Ante la desigualdad y desequilibrio entre el poder empresarial y los trabajadores, es necesario que nos organicemos en sindicatos de clase. Por eso, para las derechas, con sus políticas neoliberales, que, entre otras cosas, promueven el individualismo, la insolidaridad y el sálvese quien pueda, el sindicato como organización formada por trabajadores y trabajadoras que nos afiliamos de forma voluntaria y solidaria para la defensa de nuestros intereses y para luchar por una sociedad más justa, democrática y participativa, es un serio obstáculo y muro de contención contra las políticas de ajustes y recortes. Debilitar a los sindicatos de clase es, por tanto, debilitar a la clase trabajadora en particular y a la ciudadanía en general, socavando los cimientos de la propia democracia.
La Constitución Española dota a los sindicatos de instrumentos para la acción sindical y la negociación colectiva, también el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo y ejercer el derecho de huelga, así como su participación en las instituciones, empresas y economía social. En esa línea, los sindicatos CCOO y UGT han sabido conjugar, el binomio presión-negociación como seña de identidad a través de grandes movilizaciones obreras y ciudadanas y también numerosos acuerdos en el marco institucional del diálogo social a nivel local, autonómico o del Estado.
Los sindicatos de clase y las movilizaciones de los trabajadores/as, no gozan de la simpatía ni del aplauso de los medios de comunicación conservadores, a diferencia de los paros o cierres patronales de sectores del transporte, de la caza o del campo, de marcado carácter político e ideológico y siempre contra un gobierno que no sea de derechas, como pudimos comprobar hace pocos meses.
En ese sentido, no tardaran las críticas a CCOO y UGT por reivindicar aumentos salariales ante la elevada inflación, de la que no somos responsables los trabajadores ni los salarios, y las movilizaciones previstas en función de la irresponsable actitud empresarial, que pretenden aumentar sus beneficios con las viejas recetas de enfrentar las crisis devaluando salarios y condiciones de trabajo. En esa línea, aún estamos notando la consecuencia de la política económica y laboral del Sr. Rajoy. Desde hace años la caverna mediática, califica a los sindicatos y a las movilizaciones como viejos instrumentos de anticuados obreros. Le pese a quien le pese, los sindicatos siguen siendo la mayor organización de España con cerca de 3 millones de afiliados/as, que representan el 17% del conjunto de los trabajadores/as según la comisión europea y con cerca de 280.000 delegados/as elegidos democráticamente a través de urnas en las empresas de 6 o más trabajadores, según la legislación vigente, de los que el 75% pertenecen a CCOO y UGT. En comparación con Francia tenemos el doble de afiliación, un poco menos que Alemania, siendo la media europea un 23%. Con un nivel de afiliación infinitamente menor a los países nórdicos que tienen altas tasas de sindicación, la cobertura que tienen los trabajadores afiliados o no afiliados en nuestro país, a través de algún tipo de convenio que negocian los sindicatos y los representantes de las empresas, es similar a esos países.
Los acusarán una vez más, de sumisión al poder, dada las subvenciones públicas que reciben. Reproduzco la contundente respuesta del secretario general de CCOO a una portavoz de Vox en el Congreso de los diputados «pueden repetir mil veces una mentira, que no se convierte en verdad». «CCOO cuatriplica la afiliación a todos los partidos políticos que sí reciben, como el suyo, cuantiosas subvenciones públicas». «CCOO nos financiamos con recursos propios en un 85%, básicamente con la cuota sindical y asesoría jurídica», termina diciendo Unai Sordo. ¿Podrían decir lo mismo los partidos políticos, la Iglesia, las asociaciones empresariales, los medios de comunicación privados, las ONGS, o entidades del sector de la caza, así como festejos y actividades relacionadas con los toros, que reciben cuantiosas ayudas de dinero público, por citar algunos ejemplos?
La escasa financiación pública del Estado que perciben los sindicatos depende del número de delegados y delegadas elegidos en las EESS, también por su participación en la negociación colectiva, donde se tratan salarios y condiciones de trabajo que beneficia al afiliado y al no afiliado como hemos mencionado anteriormente y, por su participación institucional en mesas de diálogo social que favorecen al conjunto de la ciudadanía, en lo que se denomina salario diferido y calidad de vida.
Es indignante que el Sr. Garamendi, presidente de los empresarios, con un sueldo de más de 300.000 euros al año, diga que no se pueden subir los salarios tal y como proponen los sindicatos para el periodo 2022-2024 con la inclusión de cláusulas de revisión salarial cuando, además, conoce que hay sectores que están repercutiendo la subida de los costes energéticos a los productos que compra la ciudadanía. Como también conoce muy bien los escandalosos beneficios que están teniendo las grandes empresas, la banca o el sector energético, el reparto de dividendos y los salarios millonarios de directivos, por citar algunos ejemplos.
Quisiera finalizar poniendo en valor que la fuerza sindical y la movilización suelen dar frutos. Lo están demostrando los compañeros y compañeras del metal de Coruña, Álava o Cantabria, entre otros, donde se han producido acuerdos con subidas salariales importantes y cláusulas de garantía salarial. Tensionando la negociación colectiva de manera creciente, coordinando acciones y unificando movilizaciones, es la estrategia planteada por CCOO y UGT en el marco de la campaña ‘Salario o Conflicto’ y que augura un otoño conflictivo, de mantenerse la irresponsable actitud empresarial de bloquear la negociación de aumentos salariales con cláusulas de revisión salarial, que mantenga el poder adquisitivo de los salarios.
José María López Barquero
