La Constitución Española, aprobada en 1978, en su artículo 35-2 establece que «la ley regulará un Estatuto de los trabajadores (ET)» como la norma básica que regirá las relaciones laborales en España. El ET se aprobó por el gobierno de UCD en 1980. Hablar del ET y sus modificaciones es remitirse a los despachos laboralistas, al movimiento obrero y sindical, a los convenios colectivos y a la lucha de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones salariales, laborales y avanzar en derechos. En estos más de 40 años, se ha ido asentando como marco legal en materia laboral con muchas reformas que abordarlas rebasa con creces la intención de este artículo.
Reformas de menor o mayor calado, que en su mayoría atentaban contra los derechos de la clase trabajadora y fueron contestadas por los sindicatos mayoritarios con huelgas generales, destacan la de 1994 contra la reforma de Felipe González y la del 2012 contra la de Mariano Rajoy. La argumentación política ha sido prácticamente la misma: adaptación a la situación económica con el objetivo de flexibilizar el mercado laboral para crear empleo y luchar contra la precariedad laboral. Bien distinta es la realidad con la tasa de paro de nuestro país entre las más altas de la UE con mayor incidencia en jóvenes y mujeres y con la temporalidad más elevada de la OCDE. Estos datos demuestran que ninguna de las reformas laborales consiguió alcanzar los objetivos fijados. Han servido para reducir salarios, precarizar el empleo, abaratar el despido y aumentar los márgenes del poder empresarial, debilitando la acción colectiva y sindical, devaluando la negociación colectiva. El más claro exponente: los efectos de la última reforma impuesta por el PP en el año 2012 han sido los más regresivos para la clase trabajadora de la historia de España.
Soy consciente que ni la mejor reforma laboral resuelve de una sola vez ni para siempre todos los problemas o necesidades de la clase trabajadora. Lo importante es tener claro que todo avance, por pequeño que puede parecer, no es el caso del acuerdo, es positivo, ya que no implica renunciar a otras legítimas reivindicaciones que estoy convencido, seguirán planteándose a través de la negociación y la movilización, como ha ocurrido siempre. El acuerdo entre CEOE, CCOO-UGT y Gobierno va en la dirección contraria a las anteriores reformas; sin recortes ni pasos atrás. Solo hay que ver el cabreo de la derecha y sus voceros mediáticos. Que la señora Ayuso critique falta de consenso en la reforma pactada, sabiendo que es fruto del dialogo social y, además, con 11 grupos parlamentarios apoyándola, cuando la suya de Rajoy fue impuesta sin dialogo social, y con el único apoyo de CIU. ¿A quién pretenden engañar? O que la señora Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, haya defendido de manera acérrima la reforma del 2012, manifestando que la reforma que ahora se pretende convalidar está en las antípodas de la suya. A buen entendedor, con pocas palabras basta
El acuerdo es una continuación muy importante del dialogo social y de los cambios legislativos en materia laboral y de pensiones que se vienen produciendo desde que está el gobierno PSOE-UP. Materias, por cierto, votadas en contra por PP y Vox, como: la derogación del despido por absentismo, el mecanismo de los ERTES con el objetivo de mantener el empleo y las empresas, la conocida 'Ley Rider', la implementación aún insuficiente del IMV, los importantes aumentos del salario mínimo, el incremento de las pensiones y la derogación de su índice de revalorización que implicaba reducción económica, el reforzamiento de las competencias y funciones de la Inspección de trabajo etc.
Estoy seguro que no será la última de las medidas del gobierno a tenor de la propuesta de Yolanda Díaz sobre la revisión completa de la normativa laboral con la elaboración de un nuevo estatuto del siglo XXI. En esa línea el dialogo social entre sindicatos y empresarios va a continuar jugando un papel fundamental y un elemento nuclear de estabilidad en nuestro país
Mucho se ha escrito sobre el contenido de la Reforma y, por tanto, no insisto. En mi opinión, la virtud del acuerdo en un contexto muy complicado política y económicamente, como consecuencia del COVID, ha sido facilitar los fondos europeos y, lo más importante, amarrar el compromiso de la patronal, aunque no soy ingenuo con las dificultades que se darán sobre todo en las PYMES, para corregir aspectos significativos de la reforma del PP, tales como: atajar la contratación temporal, corregir la alta temporalidad, la apuesta por el empleo estable, la mejora de los salarios con la aplicación del convenio del sector, la modificación de los contratos formativos y en prácticas, mayor control de los contratos a tiempo parcial, regulación-limitación de las subcontratas, la nueva regulación a través del sistema RED basado en la experiencia de los ERTES, para facilitar los ajustes de plantillas sin recurrir al despido y destrucción de empleo como se produjo en la anterior crisis económica. Mención especial merece el apartado que equilibra la negociación colectiva con la ultra actividad indefinida de los convenios. Comparto lo dicho por Nicolás Sartorius cuando manifiesta, que la ultra actividad bien vale una Reforma.
Sobre los partidarios o detractores de la reforma y de su apoyo o no a la convalidación en el Congreso, tendremos tiempo la ciudadanía para tomar nota y sancionar con nuestro voto esas actitudes. Por ello no entrare en lo ocurrido en el Congreso, porque no quiero desviar la atención ni devaluar la importancia del acuerdo. No obstante, alguna reseña. Además de la brillante intervención de Yolanda Díaz y de las portavoces del PSOE y UP, destacaría la actuación coherente y valiente de Joan Baldoví, que, comprendiendo el momento y alcance del acuerdo, no se ha dejado presionar por afiliados y cargos de Compromís que pedían votar no. Es fácil manifestar que no es la reforma que habríamos hecho nosotros como dice Errejón, aunque la considere un avance y la van a apoyar. También CCOO-UGT hubieran hecho otra con más avances y derechos, sin duda.
La del PP es de sobra conocida y si llegase a gobernar con Vox, seguramente sería peor y la CEOE aplaudiendo. Cuando el señor Rufián, de ERC, dice «Dime quien te vota y te diré quién eres», se está refiriendo a él, ¿cuándo en un tema crucial para la clase trabajadora ha votado igual que PP y VOX? No inventa nada nuevo el señor Rufián cuando pretende enfrentar la legitimidad del Parlamento con la del dialogo social; eso ya lo hacia el Partido Popular cuando pretendió enfrentar la actuación del Parlamento y su reforma laboral con la huelga general. Que Cs, entre otras fuerzas, haya votado a favor de la convalidación, significa respetar lo acordado en el dialogo social. Esto tendría que haber sido lo normal, máxime cuando las modificaciones de la reforma acordada hay que aplicarlas después en las empresas y en los convenios colectivos, cuya participación corresponde a empresarios y sindicatos.
Por último, considero que se abre un nuevo periodo donde los grupos políticos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez y el gobierno de coalición PSOE-UP, tendrán que restañar heridas y tejer complicidades, ya que queda mucha legislatura y todo un paquete de reformas necesarias para seguir mejorando la vida de la gente. Así mismo, el sindicalismo de clase afronta un reto con la aplicación de la reforma laboral para atender más y mejor en los centros de trabajo y ampliar la cobertura de la negociación colectiva. En ese sentido es necesario mayor organización y fortalecimiento a través de la afiliación, así como en las elecciones sindicales porque a pesar de las deficiencias o errores cometidos y de las críticas en ocasiones acertadas, continúan jugando un papel imprescindible en la recuperación de derechos y es la mejor herramienta que tenemos la clase trabajadora para la defensa de nuestros intereses.
José María López Barquero
