Resulta reconfortante ver como un pueblo se une en torno a una misma reivindicación. El pasado sábado, en diversas ciudades de la Comunidad Valenciana, se defendió una financiación justa para nuestra tierra o, lo que es lo mismo, para los ciudadanos que en ella vivimos.
Es cierto que no son demandas populares, por lo que esta vez no hemos podido hablar de manifestaciones multitudinarias, pero sí de un sentimiento unánime de la ciudadanía y, lo que es más importante, de las fuerzas políticas que unieron sus diferentes colores, sus perspectivas y sus ideologías en pro de un objetivo común como es una adecuada financiación para nuestra Comunidad.
No debemos obviar que el actual sistema de infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana no es una casualidad, sino consecuencia directa de un Gobierno que no fue bueno para nuestra Comunidad, como tampoco para el conjunto de España. Pero ese perjuicio conjunto no puede hacernos ignorar que los criterios adoptados en aquel sistema de financiación han perjudicado ampliamente a los valencianos desde aquel momento y, como poco, hasta dentro de unos meses.
Somos una Comunidad importante en el conjunto de España, con una población y unos parámetros económicos y sociales que denotan una relevancia que no se vio reflejada en aquel reparto de fondos. Para el ciudadano de a pie, el sistema de financiación puede parecer algo secundario, sin mayor relevancia que la que los políticos de turno le quieran dar. Pero no es así. La gestión de una sociedad tiene unos gastos estructurales que deben afrontarse y, si no se reciben fondos desde el exterior hay que aportarlos desde el interior. Y a esos lo conocemos familiarmente con el nombre de “impuestos”.
Pese a aquella aseveración de una ministra, que nunca debió serlo, de que el dinero público no es de nadie, realmente lo es. De todos. Y, precisamente por eso, la diligencia en su administración debe ser incluso más escrupulosa que la del dinero de cada uno. Por tanto, no es solo una cuestión de reivindicar una financiación justa, sino un justo reparto de los recursos del Estado para vertebrar la vida de los españoles en nuestra Comunidad como en todas las otras.
Soy, como ya he dejado claro en múltiples ocasiones, un apasionado defensor de la importancia de la Administración Local, esa que cada día abre las puertas para atender las demandas más variopintas que la ciudadanía pueda precisar. Si necesario es un reparto adecuado de las competencias, también lo es de los recursos públicos que deben sufragarlas. Y si necesario es un reparto territorial justo, también lo es que cada nivel de la Administración disponga de aquello que necesita para atender aquello que le corresponde.
Una vez más habrá que plantearse cuando afrontar el necesario proceso de segunda descentralización. Las comunidades autónomas no pueden erigirse como una barrera que separe el Estado de los ciudadanos, siendo, como es, que hay otro nivel administrativo que se sitúa justo enmedio, donde los ciudadanos encuentran las posiciones de frontera hacia lo público.
Ni que decir tiene que todo ello debe hacerse desde la racionalidad del gasto público, aplicando el principio de subsidiariedad que, desde la Unión Europea, pide acercar la Administración al ciudadano, pero también las economías de escala que hacen más económica la prestación de esos servicios. Pero, junto a esto, no se puede mermar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía en el nombre de una austeridad que se va en otros gastos que resultan ampliamente superfluos. Hay que buscar, y encontrar, el equilibrio entre el origen y la aplicación de los recursos. Hay que poner, por delante de todas las demás cosas, la presión fiscal estrictamente necesaria para atender las necesidades básicas de la ciudadanía. Y, mientras, realizar políticas que optimicen el uso y la eficiencia de los recursos. La ecuación es bien simple: recibir los servicios que se precisan pagando solo los impuestos que realmente sean necesarios.
Al final, es una cuestión de equilibrio, de un reparto adecuado y de una gestión sostenible de los recursos públicos. Obviamente, aquí tienen cabida todas las cuestiones ideológicas, programáticas y estratégicas que cada Gobierno quiera aportar. Pero cualquier política económica debe tener un efecto multiplicador, y ese efecto pasa porque el dinero, en su mayor medida, esté en el bolsillo de los ciudadanos y de las empresas, como creadoras de empleo y generadoras del verdadero bienestar de quienes, mes a mes, perciben su salario.
Estructurando adecuadamente los ingresos y distribuyendo adecuadamente los recursos disponibles podremos hacer que cada Administración disponga aquello que precisa y, además, que el uso de esos recursos sea realmente eficiente para el desarrollo de nuestra sociedad. No es cuestión de discusiones, ni de peleas, ni de competencia entre comunidades autónomas, sino una cuestión de que los fondos vayan allá donde sean más útiles a los ciudadanos. Todo lo demás no es gobernar sino jugar a la tómbola.
Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites