Volando voy

Escrito por Carlos Gil Santiago
Viernes, 12 Noviembre 2021 21:04

A finales del mes pasado, defendí en la Diputación una moción en la que solicitaba al Gobierno provincial la dotación de un fondo de contingencia que permitiera reponer, con carácter de urgencia, infraestructuras básicas municipales que pudieran verse afectadas por episodios climatológicos adversos. Aunque no venga a cuento, PSOE y Compromís votaron en contra con lo que la moción fue desestimada. Veremos cuantos Ayuntamientos se acuerdan de ella en el próximo temporal de viento, lluvia o nieve a los que tanto nos estamos teniendo que acostumbrar.

La defensa de la moción se basaba en el último temporal de nieve, la conocida Filomena, que, durante cuatro días del mes de enero de este mismo año, heló gran parte de la Península y, con ella, una importante parte del territorio de nuestra provincia, alterando la vida cotidiana de sus vecinos.

Resulta que el Boletín Oficial del Estado de 20 de octubre, casi trescientos días después de acabado el temporal, publicaba la convocatoria de subvenciones para adoptar medidas URGENTES para paliar los daños causados por Filomena. ¿Trescientos días para adoptar medidas urgentes? A alguien debió parecerle que no debían serlo tanto cuando dejó pasar casi un año sin publicar la convocatoria. Pero queda esperar aun a la resolución y pago de las ayudas que, sin dudarlo, superará los doce meses y, con un poco de mala suerte, se acumulará a un nuevo episodio de hielo y nieve con la llegada de la parte más cruda del invierno.

No debería extrañarnos que estas cosas pasen en un país que, hace ya muchos años, hizo de la burocracia su estilo de vida. Sin embargo, hay situaciones en que se precisa una respuesta rápida desde una Administración Pública que debe situarse, de manera proactiva, en la esfera que los ciudadanos esperan de ella y no quince pasos por detrás.

Contrasta esto con la velocidad que, desde el Gobierno de España, se ha impulsado el Decreto Ley que devuelve la vigencia al Impuesto sobre Plusvalías, anulado por el Tribunal Constitucional hace apenas dos semanas. En esos quince días, el Ministerio de María Jesús Montero ha sido capaz de redactar un Decreto Ley que permita seguir recaudando por este concepto. Tiempo récord para algo que, sinceramente, no creo que tuviese el carácter de urgencia de otras actuaciones cuya demora en el tiempo parece no importar al Ejecutivo.

La denostada imagen que la política tiene entre los ciudadanos tiene su raíz en este tipo de acciones. No se puede tardar un año, en el mejor de los casos, en ofrecer soluciones a un problema que se autocalifica como urgente, y publicar en solo dos semanas una disposición que permita seguir recaudando por un Impuesto que siempre he calificado de injusto. Con esto, solo se demuestra que la voracidad recaudatoria de la Administración está, en la escala de intereses, muy por encima de la atención que precisan los ciudadanos que, en definitiva, debería ser la única razón de ser.

Si el Ministerio de Hacienda ha sido capaz de resolver, en solo dos semanas, la alternativa a una disposición que era contraria a Derecho, y cuya legalidad estoy seguro de que es, como poco, perfectamente discutible de acuerdo con la doctrina dictada por el Tribunal Constitucional para anular el impuesto anterior, nada ni nadie puede convencernos de que la demora en otras actuaciones no es consecuencia de la imposibilidad de que la Administración resuelva con celeridad aquellos asuntos que realmente le son de interés.

No voy a utilizar este artículo para reabrir el debate acerca de la idoneidad de esta figura tributaria. A quienes me hayan preguntado, siempre he dicho que me parece un impuesto injusto por cuanto, con un encaje de bolillos más que discutible, grava conceptos que están ya cobrados en otros tributos.

Sin embargo, sí que insisto en mostrar mi asombro por la agilidad de la reacción ministerial a la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Sería digna de admiración si se aplicara por igual a todas las cuestiones que afectan a la actividad gubernativa, pero vista la diferencia de trato en dos facetas tan distintas, ambas de este mismo 2021, solo queda lamentar que la política siga empeñada en dejar mal a la política. Para ayudar al ciudadano, el cielo puede esperar, pero si de recaudar se trata, volando voy.

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

 

 

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