El pasado 5 de Octubre se cumplieron 37 años del cierre de la cabecera siderúrgica integral de AHM, privándose a nuestro país, de una industria de futuro, tal y como reconocían informes internacionales como el Kawasaki, dada la situación geoestratégica de Sagunto: zona del Mediterráneo, mercados de África y Oriente medio, cercanía sector del automóvil, vías de comunicación y puerto marítimo, mano de obra y tradición industrial etc., y por tener el Tren de Laminación en Frío más moderno y competitivo de Europa en aquellas fechas.
Fue una decisión política, dado que la siderúrgica de Sagunto era clara competidora de Francia, Italia, Alemania, y estábamos en la recta final de las negociaciones para la incorporación de España en el Mercado Común Europeo. Una vez cerrada la ‘Fábrica’, importantes multinacionales del sector invirtieron en la zona, entre otras: Usinor-Sollac y ThyssenKrupp. Decisión que estaba en consonancia con una frase atribuida al ministro del PSOE, Carlos Solchaga, que decía: «la mejor política industrial es la que no existe». Así nos ha ido, teniendo, además, en consideración que también gobiernos del PP siguieron aplicando con mayor profundidad esta nefasta política, empeorando la situación laboral y de empleo con sus respectivas reformas laborales.
La crisis provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto carencias de nuestro sector industrial, como ha sido la urgente necesidad de mascarillas y demás material sanitario, por poner un significativo ejemplo. En crisis económicas anteriores, se demostró que los países con importantes sectores industriales y sectores públicos, fortalecidos y de calidad, son los que resisten mejor los envites de la crisis y antes se recuperan.
La contestación laboral, social y ciudadana, ante el anuncio del cierre de AHM el 4 de febrero de 1983 fue inmediata. La ciudadanía fue capaz de unirse, armonizando intereses laborales y ciudadanos bajo una dirección unitaria del movimiento sindical entorno a la Coordinadora formada por CCOO, UGT, CNT y comité de empresa, cuyo portavoz Ángel Olmos, recientemente galardonado con la medalla de plata de la ciudad de Sagunto, solía y suele decir que 99 más 1 son 1OO.
No se pudo evitar el cierre, pero la unidad y la movilización lograron el NO a la muerte de un pueblo y que Sagunto fuera declarada Zona de Urgente Reindustrialización, con la creación del Fondo de Promoción de Empleo para las prejubilaciones y la recolocación de los excedentes laborales en las empresas que se crearon como consecuencia de las inmensas ayudas económicas del Gobierno de España.
Fue un duro golpe, puesto que donde había un pueblo unido y combativo, su clase obrera siempre estuvo en esa línea, se pasó a una situación de frustración, desconfianza, insolidaridad, individualismo, cuyas consecuencias se ha podido comprobar en múltiples ocasiones ante situaciones de índole laboral o social que se han producido en estos años. Es evidente que el contexto y la magnitud del problema de la reconversión, como señala Ignacio Belzunces, no es igual a la situación por la que atraviesa la empresa Pilkington. Como tampoco es comparable con otras situaciones que se han producido en empresas de nuestra zona. No obstante, cuando se cierra una empresa y se pierde el puesto de trabajo, el drama individual es igual para todas las personas afectadas. Además, en el caso de AHM el Estado era su único accionista y ahora hay un ramillete de empresas dependientes de multinacionales y fondos de inversión con mucho poder que, en ocasiones, no se sabe muy bien quiénes son realmente los propietarios y dónde tienen la razón social.
Por eso, como también señala Belzunces, en la situación de Pilkington es más necesaria la unidad sindical-laboral y política en primera instancia, teniendo en cuenta que el problema trasciende del ámbito local. Por esa misma razón, para dar pasos hacia los poderes públicos y empresariales: Consell, Gobierno del Estado y dirección del grupo multinacional. Hay que empezar por compartir el mismo objetivo, la estrategia y ser una piña. Si pensamos que los problemas de las personas que trabajan en Pilkington, o como en su momento ocurriera en otras empresas, fueron o son solo de ellos, convendría recordar el poema de Bertolt Brecht en su párrafo final: «luego vinieron a por mí, y no quedo nadie para hablar de mí».
Es necesario comprometer a los poderes públicos, como viene defendiendo CCOO a nivel estatal, para acometer un Pacto por la Industria, que refuerce el tejido productivo y el empleo en España. La industria no es enemiga del turismo, como puede comprobarse en Francia, con un sector industrial tan potente, que, al mismo tiempo, es el país más visitado del mundo por los turistas. La industria es necesaria para continuar manteniendo y reforzando el Estado del Bienestar. Así lo entienden desde hace años países como Francia, Alemania o Italia, a los que, por cierto, nadie les llama social comunistas, donde el Estado es accionista en empresas claves de diferentes sectores estratégicos, como Renault, France Telecom, Air France-KLM, Grupo Volkswagen, Deutsche Telekom. Es más, ahora que está tan en boga el precio del megavatio, también se puede citar el caso de empresas productoras de energía y electricidad, como ENI, GSE o la italiana Enel, a la que el Gobierno de España le vendió nuestra empresa pública ENDESA.
En esas políticas, España está a la cola, pese a que los gobiernos tienen mecanismos para intervenir de manera total o parcial en empresas y sectores. El artículo 128 de nuestra Constitución Española, que no solo es la bandera o el himno, recoge que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general», reconociendo la iniciativa pública en la actividad económica y la intervención de empresas.
José María López Barquero