Después de una serie de anteproyectos, más de diez, para reformar la administración local, cada cual peor. El Consejo de Ministros de 27 de julio, aprueba el proyecto de ley, denominado “Proyecto de Ley de racionabilidad y sostenibilidad de la Administración Local”.

El mencionado  proyecto de ley de reforma local, afectará seriamente a la prestación de los  servicios municipales. Fue admitido a trámite por la mesa del Congreso de los Diputados el 3 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 6 del mismo mes.

El Gobierno que sustenta el Partido Popular, está confundiendo y manipulando a la opinión pública, porque dice que esta ley va a servir para eliminar asesores políticos, reducir salarios a los concejales y alcaldes, y eliminar servicios duplicados. Simplemente es MENTIRA, porque se consigue en su conjunto lo contrario, que se traduce en un incremento de los salarios de los concejales y alcaldes, además de un aumento de los asesores. En cuanto a la duplicidad de servicios, otra falacia, se van a eliminar servicios municipales sin posibilidad de prestación alguna, aunque una gran parte de los eliminados los tendrán que asumir las diputaciones y las comunidades autónomas, pero no debemos pasar por alto, lo que ocurrirá cuando en nuestra Comunidad Autónoma asuma, entre otros, los servicios sociales de los municipios valencianos. ¿Qué calidad de servicios va a prestar la Generalitat Valenciana, si prácticamente está en banca-rota y debe dinero a proveedores, farmacias, entidades, empresas, etc.? Una vez desenmascarada la pantomima y los “favores” de la ley que nos pretende vender el Gobierno, es necesario que la ciudadanía se dé cuenta de lo dañina que va a ser esta ley,  y cómo les va a afectar. En ese sentido voy a intentar abordar las modificaciones más importantes que introducirá esa ley,  huyendo de tecnicismos y con un lenguaje claro y comprensible.
Lo primero que llama la atención, es que el Gobierno del PP, ya no se anda por las ramas, lo deja claro en el tercer párrafo de la exposición de motivos del proyecto de ley, que no es otra cosa que facilitar, más aún,  la privatización de los servicios municipales.

Se producirá un retroceso en el tiempo de más de 60 años
Debilitará una institución cercana a la ciudadanía como es el Ayuntamiento, eliminado autonomía y servicios, sin embargo, potencia la Diputación provincial como entidad alejada, sin infraestructura para acoger tantos servicios y un dato importante, sin elección democrática directa.
Aminorará derechos sobre la educación, inmigración, políticas de igualdad, etc.
Suprimirá los servicios sociales, sanidad y educación de los ayuntamientos, recortando los mismos cuando sean asumidos por las empresas privadas propiciadas por las comunidades autónomas y las diputaciones, pero es que en realidad, también les afectará a las empresas privadas que presten esos servicios municipales, dado que al pasar los mismos a titularidad extramunicipal las empresas ya no serán las mismas.

Se castiga especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, perdiendo prácticamente su capacidad de gestión.
Dificulta la posibilidad de segregación de municipios.

Centrándonos  en el municipio de Sagunto, como el mayor de la comarca, decir que los servicios afectados serían: Servicios Sociales, Enseñanza, Sanidad, Cultura, Mujer, Juventud, Promoción Económica, Servicio Municipal de Información para el Empleo y la Formación, Universidad Popular, parte de los servicios de Deportes, Medio Ambiente Rural, entre otros, y sin olvidar la empresa municipal SAG.

Está ley va a ser perversa por naturaleza, la cúpula del PP tiene mucha prisa por aprobarla, ya que es su intención que empiece a aplicarse a partir del día uno de enero del año que viene.
El rechazo ciudadano crece día a día, conforme se va descubriendo lo siniestro de este proyecto. Ya son numerosos alcaldes, incluidos muchos del propio Partido Popular, los que se están revelando contra esta ley que va ha dejar prácticamente sin competencias a los ayuntamientos.

 El 13 de octubre se manifestaron en Madrid más de 2.000 alcaldes. En estos momentos, las movilizaciones de rechazo a esta ley, están ya generalizadas en todo el Estado.
El Sindicato Comisiones Obreras es una de las organizaciones que más actos ha realizado y está realizando en contra de este proyecto de ley, en el ámbito local llevó a cabo una audiencia pública el 26 de junio, en el Centro Cívico del Puerto de Sagunto, además presentó una moción en contra de este proyecto de reforma local, moción que fue aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Sagunto, con los votos a favor de EU, PSOE, BLOC y SP. El PP votó en contra.

En estos momentos son innumerables las acciones, manifestaciones y actos que se están llevando a cabo, éstos son algunos:
18 octubre:   Marcha contra la reforma local, de Paterna a Aldaia (Valencia), convoca CCOO.
El 15 de octubre se celebró la  Marcha contra la reforma local, de Puçol a Alboraia (Valencia), que convocó CCOO.
20 octubre: Manifestación en la ciudad de León en defensa de las juntas vecinales y contra la reforma local.
22 octubre:   Marcha contra la reforma local, de Picassent a Alfafar (Valencia), convoca CCOO.
30 octubre: Marchas en la ciudad de Valencia, convocadas por UGT, CCOO y CSIF,  contra la reforma local.

Finales octubre: Posible cierre simbólico de Ayuntamientos. Y también a finales de octubre, posible entrega simbólica de llaves de Ayuntamientos en el Congreso de los Diputados.
Mediados noviembre: Gran movilización convocada por la Cumbre Social contra los recortes, haciendo especial hincapié en contra de la reforma local.
Sería un grave error que el PP, amparándose en la mayoría absoluta, no atendiera las voces que se alzan en contra de esta reforma local.