El pasado 26 de febrero, el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia volvió a sorprendernos con el Anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica sobre un nuevo expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en los terrenos que conocemos como el Malecón de Menera. Cuando decimos nuevo queremos decir el mismo deslinde que ya planteó el Ministerio el 30 de junio de 2014 y que, por cierto, fue anulado por la Audiencia Nacional en su sentencia del 5 de junio de 2018. El deslinde propuesto supone, siendo claro y sencillo, renunciar a más de 60.000 metros cuadrados de suelo público en primera línea de costa del Puerto de Sagunto.

Es importante destacar que, la Sentencia de la Audiencia Nacional, en ningún caso obliga al Ministerio o la Demarcación de Costas en Valencia a incoar de nuevo el expediente de deslinde. Plantea que existe la posibilidad de hacerlo conforme marca la ley de Costas y su Reglamento, pero no lo exige. Por tanto, no existe ninguna razón lógica para que sea el propio Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Demarcación de Costas, quien proponga de oficio un deslinde que solo puede beneficiar intereses privados. Los intereses económicos sobre estos terrenos se vieron ya hace años cuando se intentó una solicitud de expropiación por valor de 100 millones de euros, cifra que arruinaría nuestra Ciudad. Su aprobación podría propiciar un enrome caso de especulación urbanística en terrenos que son Dominio Público, precisamente todo lo contrario de lo que persigue la Ley de Costas. Por ello, no puede ser la Administración quien facilite esos intereses en detrimento del interés general.

Hay que dejar clara una cuestión muy importante, los terrenos del Malecón de Menera son ganados al mar originalmente por la construcción del embarcadero del Puerto de Sagunto, a raíz de la autorización de su construcción a la Compañía Minera de Sierra Menera en el año 1902. Es decir, estos terrenos eran mar a principios del siglo XX. Los terrenos no son vendidos a la compañía, sino que forman parte de una concesión, lo que no significa la propiedad. Aun así, y sorprendentemente, estos terrenos acaban siendo vendidos a la empresa Prosagunsa en julio de 1988, “curiosamente” días antes de la aprobación de la actual Ley de Costas.

Evidentemente, una maniobra de intentar esquilmar el Patrimonio de todas y todos, que afortunadamente conseguimos parar en los tribunales tras años de lucha.

Como dice la Ley de Costas uno de sus principios es eliminar la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción del dominio público como consecuencia de la realización de obras, ya que estas actuaciones proporcionan frecuentemente cobertura a operaciones de especulación inmobiliaria, y en todo caso van en detrimento del dominio público. La ley deja meridianamente claro en su articulado que, no podrán existir terrenos de propiedad distinta a la pública de este tipo de terrenos, ni aun en el supuesto de terrenos ganados al mar. Además, son nulos de pleno derecho los actos administrativos que infrinjan esta norma.

Estamos convencidos de que esta propuesta es absolutamente contraria, no solo a la Ley, sino a la propia Constitución ya que se están vulnerando los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público recogidos en su artículo 132. También su artículo 128 que establece que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” ya que se están favoreciendo intereses privados frente al interés general de defensa de los bienes de dominio público. Sin embargo, como en otras muchas cosas, esto también requiere de soluciones políticas. Consideramos que es muy preocupante que algunas formaciones políticas simplemente no digan nada sobre el asunto, algo que puede afectar gravemente al futuro de nuestra Ciudad.

Desde Esquerra Unida animamos a todos los grupos municipales a sumar esfuerzos en torno a este tema. La defensa de los intereses de nuestra Ciudad, y muy especialmente esta, requiere de unidad política y social, al margen de partidismos. El movimiento ecologista lo ha dicho alto y claro, queremos un Malecón Público y Verde. Esperamos que de manera unánime nos sumemos a esta reivindicación que es buena para la Ciudad, justa y donde no sobra nadie, hacemos falta todas y todos.

Roberto Rovira Puente
Coordinador Local de EUPV y concejal del Ayuntamiento de Sagunto

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