El pleno del Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado, en la sesión celebrada este pasado jueves, dar reconocimiento y apoyo a todo el sector agroalimentario valenciano y, especialmente, al de la comarca del Camp de Morvedre y de la ciudad. Esta propuesta presentada por los grupos Socialista y Ciudadanos fue defendida por la concejala Gloria Parra y el concejal Salvador Montesinos, ha sido aprobada por unanimidad.
Con esta aprobación, además, se pide el arbitraje de las instituciones para hacer efectivo un sistema retributivo más justo para las exportaciones agropecuarias y un esfuerzo por parte al Gobierno de España para que defienda, en Europa, los intereses del campo valenciano.
También se comunicarán estos acuerdos al Gobierno de España y a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana a quien se le exigirá que en la definición de agricultor genuino no se excluya a este colectivo de agricultores que con su esfuerzo dignifican el trabajo en unos momentos en que los valores predominantes son puramente mercantilistas. Por tanto, la definición de agricultor genuino debe tener en cuenta un régimen de pequeños productores para garantizar su función medioambiental y de fijación de la población en el ámbito rural de la Comunidad Valenciana.
Ante la competencia desleal de las importaciones de otros países, el Ayuntamiento de Sagunto con esta aprobación eleva una serie de demandas al Gobierno de España y a la Comisión Europea, así como a los eurodiputados españoles, como por ejemplo, reiterar el establecimiento del tratamiento en frío a las importaciones; volver a demandar rigurosidad en la inspección en puertos y en las entradas de todo tipo de material vegetal y que sea realizada por equipos de inspectores bajo un protocolo estricto de seguridad; prohibir la entrada en territorio europeo de productos tratados con plaguicidas y fungicidas prohibidos en la UE, así como la reciprocidad en materia fitosanitaria, el cierre de fronteras con los países que no garanticen una completa sanidad vegetal en sus exportaciones y, al detectar productos con una plaga, cierre inmediato a la importación con este país y rechazo en frontera.
Otras demandas son las de establecer gravámenes para las importaciones de aquellos países que practican dumping fiscal, social y contaminan el medio ambiente, así como tasas en las importaciones por las emisiones de carbono y otras partículas contaminantes que realiza el transporte marítimo, que contribuyen a acelerar el cambio climático; solicitar la denuncia de la firma de los tratados con países que realizan una competencia directa con la agricultura española y establecer mecanismo de compensación con los agricultores afectados por los actuales tratados o pedir la trazabilidad y el etiquetado de todos los productos importados. En este sentido, la moción demanda, también a la UE, cambios en la normativa de competencia y en la cadena alimentaria para que se posibilite el establecimiento de precios dignos al agricultor y prohibir la venta a pérdidas y las prácticas abusivas
Sobre los seguros agrarios, la moción aprobada solicita al Ministerio que reponga las aportaciones y porcentajes que realizaba por medio de Enesa, e impulse el estudio de las medidas necesarias de Agroseguro para mantener la rentabilidad de la agricultura real. También se pide a la Comisión de la UE y en el Gobierno de España que en la nueva PAC se vea aumentado su presupuesto, no disminuya por efecto del Brexit y otras políticas, y se establezcan fondos para gestionar las crisis de precios, y posibilitar retiradas y almacenamientos preventivos y temporales, así como la continuidad de las actuales ayudas y planes durante el periodo transitorio y que se establezcan por parte del Ministerio y de la Conselleria planes de ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias.
Se solicita, también, que se establezcan ayudas continuadas como reconocimiento de lo que el sector agrario realiza en la preservación del medio ambiente y el territorio, así como pagos por su papel de alcantarilla de carbono, para lo cual, se insta también a la Conselleria a realizar los estudios e investigaciones que midan estos factores, como pueden ser los apuntados como alcantarilla de carbono por cada tipo de cultivo, la aportación de oxígeno, el mantenimiento del paisaje, la humedad ambiental y el freno a la desertización, entre otras.
Sobre el alzamiento del veto ruso, la moción solicita a la UE y al Gobierno de España a que finalice las divergencias con Rusia y se abra este mercado a productos locales agrarios otra vez. También se requiere al Ministerio y a la Conselleria para que aporte más presupuesto en la lucha contra plagas.
Finalmente se insta por una parte al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por otra a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica a dotar de una línea de ayudas y/o subvenciones de cara a mitigar la ingente cantidad de dinero invertida en la adquisición de materiales para contener la expansión de la COVID-19.
Todas estas reivindicaciones surgen tras el informe del Sector Agrario Valenciano de la Conselleria que arrojaba datos como que el sector representa aproximadamente el 6,3% de la renta agraria de España y de los datos de DATACOMEX que demostraban que en 2019 la Comunidad Valenciana fue la tercera autonomía en el ranking de exportación de productos agroalimentarias, lo que se tradujo en un importe global de 5.983 millones de euros, datos que demuestran la importancia económica del sector y el efecto arrastrador y multiplicador sobre otras actividades económicas y que a pesar de ello, es un sector en continua crisis de rentabilidad de las producciones. La mala situación de los últimos años, según la moción, se ha acentuado con las actuales consecuencias y las perspectivas que imponen los tratados de Libre Comercio entre la UE y terceros países que, según precedentes, impactarán negativamente en las diversas producciones de la Comunidad Valenciana.
Otros factores que, según la moción, dibujan un panorama angustioso y trágico para el sector agropecuario valenciano es el incesante aumento de los costes de producción, la utilización de la agricultura y la ganadería valenciana como moneda de cambio en los acuerdos de la Unión Europea con países terceros o la discriminación perpetua de la Política Agrícola Común (PAC) hacia los cultivos mediterráneos, entre otros.
Además, el sector ha sufrido la disminución de la renta agraria. En 2019 descendió un 4 % en relación a 2018, año en que con 1.763 millones ya se produjo una reducción de 108 millones respecto a 2017. Una tendencia que, a lo largo de lo que llevamos de 2020, sigue empeorando. Al mismo tiempo, en la Comunidad Valenciana somos líderes en superficie agraria abandonada, también en la falta de relevo generacional y el envejecimiento de la población agraria, lideramos la pérdida de superficie agraria de regadío, y sufrimos una endémica falta de inversiones en infraestructuras, hechos que, todos juntos, agravan la situación casi crítica de despoblación que sufren la práctica totalidad de las comarcas interiores en nuestro territorio.
Otros aspectos que se exponen como motivadores de esta moción son los acuerdos comerciales de la Unión Europea que perjudican al campo valenciano o el Plan Estratégico Común post 2020 que beneficia a las grandes producciones.
