El que fue presidente del comité de empresa de Bosal, Antonio González

Con fecha 2 de enero de 2015, la empresa Bosal remitió una carta a los trabajadores de su plantilla en la planta de Sagunto, donde se les comunicaba oficialmente que: «la dirección de esta entidad le informa que con fecha 23 de diciembre de 2014, la representación de Bosal España, S.A., solicitó a los Juzgados de lo Mercantil de Valencia la declaración de concurso voluntario de acreedores con apertura de fase de liquidación».

Más adelante, la misiva dirigida a los empleados anunciaba la extinción colectiva de los contratos: «Asimismo, le informamos que se va a proceder a solicitar la extinción colectiva de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla, ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia».

En el tercer párrafo de la carta se le indicaba a los trabajadores que dejaran de ir a trabajar a partir del 7 de enero, primero con cargo a las vacaciones de 2015 y después con permiso retribuido: «Por ello, como trabajador afectado, durante la tramitación y hasta la resolución del indicado expediente de extinción colectiva de los contratos de trabajo, le comunicamos que desde el día 7 de enero de 2015 inclusive, usted disfrutará de las vacaciones que en su caso devenguen del año 2015, y trascurrido el periodo de vacaciones citado, pasará a la situación de permiso retribuido, quedando exonerado de prestar servicios para esta entidad, hasta nueva indicación al respecto».

De esta manera se ponía en marcha el proceso que culminó meses después con el cierre de esta factoría y el despido de los 220 operarios que formaban la plantilla. Ya han pasado más de cinco años desde que se realizó aquella comunicación y frente a la creencia generalizada de que los trabajadores salieron bien parados, la realidad es muy distinta, tal y como admite el que fue presidente del comité de empresa de Bosal durante el conflicto, Antonio González Martínez: «es verdad que me encuentro con gente que cuando hablamos del proceso de cierre de la empresa me dicen que de Bosal salimos muy bien, cuando la verdad es que de Bosal salimos con una mano detrás y otra delante, puesto que nos pagó el FOGASA 18.000 euros, que era el máximo que pagaba, y ya está. Está claro que, si alguna de las sentencias hubiera sido favorable a los trabajadores y se hubiera reconocido el derecho a indemnización por despido, el dinero percibido del FOGASA lo habríamos tenido que devolver, pero no ha sido el caso».

Sin embargo, los juzgados de lo social han replicado una y otra vez el mismo fallo judicial, contrario a los intereses de los trabajadores, que se han visto privados de la correspondiente indemnización por despido. González cifra en unos quince millones de euros el dinero que la multinacional se ha evitado desembolsar al no tener que pagar las indemnizaciones por despido que se le reclamaban por vía judicial: «han pasado ya cinco años y las sentencias que ha habido de las demandas presentadas por tres o cuatro abogados de los trabajadores han tenido todas el mismo resultado, no han prosperado ninguna de ellas ni tampoco los recursos, aunque, afortunadamente, se ha visto por parte del gabinete jurídico de CCOO que contra estas sentencias cabe un recurso en casación».

Ante esta serie de hechos negativos concatenados, los trabajadores piensan que después de una intensa lucha durante meses, estos últimos años de silencio no han favorecido la situación. En este sentido, Antonio González señala: «Vista esta situación, creemos que el olvido puede ser lo que, si no decide a los jueces, por lo menos decante la solución de los problemas. Al no oír a un colectivo, puede ser que, los jueces no estén tan pendientes del tema, dado que no parece que se genere un mal social que afecte a mucha gente, cuando, en realidad, sí que se ha producido ese daño. Tenemos ahí colgados quince millones de euros. Si éramos 220 trabajadores, pues tendremos una media de 60.000 o 70.000 euros cada uno sin visos de que se puedan cobrar».

Por otro lado, González también muestra su preocupación por cuál pueda ser el final de la querella que se presentó en Sagunto contra directivos de la multinacional: «a esto se suma el silencio por parte del Juzgado de Sagunto en cuanto a la querella que se presentó contra los directivos de la compañía. Sobre este procedimiento no sabemos en qué situación se encuentra actualmente».

Para este veterano sindicalista, la falta de unidad entre los propios trabajadores a la hora de plantear batalla en los tribunales ha sido un factor negativo: «en el proceso judicial, para mí, y esto es una opinión muy particular, el mayor problema que ha habido es que hemos ido tres por cuatro calles. Si todos los trabajadores hubiéramos ido juntos, nos hubieran juzgado una vez solamente, pero esa vez hubiera servido para todos. El primer juicio que se produjo fue el de un directivo de la compañía. La jueza dictó esa primera sentencia y a partir de ahí, los otros procedimientos dieron el mismo resultado porque los otros jueces se acogieron al primer fallo. Esto lo digo porque nosotros, cuando fuimos a nuestro juicio, yo recuerdo con vergüenza el que la jueza le dijera a nuestro letrado: “abogado, presénteme lo que quiera, pero si la del quince ya ha dictado sentencia sobre esto, yo no voy a dictar nada diferente”. Con lo cual, ya empezabas con la impresión de que entrabas perdiendo. No sé yo si procede que el primer fallo del juzgado tiene que servir para todos los demás, porque ese primer caso era de un directivo de la compañía y nosotros éramos trabajadores de mono azul. Dicen que la justicia es ciega, pero ciega del todo».

Con estos antecedentes, los extrabajadores de Bosal, que tienen asuntos pendientes en los tribunales, piensan que es necesario volver al ruido, dejar de ser invisibles, y, en ese contexto, se encuadra la entrevista que mantuvieron recientemente con el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, a quién le expusieron la delicada situación por la que están pasando y le pidieron que gestionara una entrevista con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero.

En este sentido, Antonio González resalta: «Si podemos hacer un poquito de ruido para que se nos vea, lo haremos. Queremos que se nos visualice de nuevo y que la gente sepa que los trabajadores de Bosal no salimos bien de este proceso. Ni los que se jubilaron anticipadamente, porque perdieron 500 euros cada mes, y, desde luego, el resto de los compañeros menos todavía, porque se han tenido que buscar las habichuelas por otro lado. Afortunadamente, una inmensa mayoría ha encontrado trabajo, eso sí, de la calidad del empleo que hay ahora mismo».

Dentro de las acciones que tienen previstas, González adelanta la celebración de una asamblea para septiembre: «Tenemos previsto para septiembre, si esto del coronavirus lo permite, hacer una reunión con los abogados, seguramente en el Teatro de Begoña, donde se podrían cumplir las distancias de seguridad. Lo que se pretende es que los abogados expliquen a los trabajadores cuál ha sido el proceso, porqué hemos llegado a esta situación y qué pasos debemos seguir».