Los socialistas se desmarcaron de sus socios de gobierno, Esquerra Unida y Compromís, y sumaron con la oposición municipal, votando en contra de recurrir un fallo judicial que, según Darío Moreno, era «una defensa imposible»

La firmeza del PSOE impidió que se recurriera la sentencia a favor de Lafarge

La setencia favorable a la cementera cobrará firmeza al no ser recurrida (Foto Drones Morvedre) La setencia favorable a la cementera cobrará firmeza al no ser recurrida (Foto Drones Morvedre) La firmeza del PSOE impidió que se recurriera la sentencia a favor de Lafarge
Viernes, 26 Junio 2020 19:20

Como ya informó este periódico ayer jueves, el ayuntamiento saguntino no recurrirá la sentencia favorable a Lafarge emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia, fechada el 3 de marzo de 2020, por la que se declara no ajustado a derecho el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Sagunto en la sesión plenaria del 30 de mayo de 2017.

Hay que tener en cuenta que dicho pronunciamiento judicial, producido como consecuencia del contencioso interpuesto por Lafarge, no era firme y contra él cabía interponer recurso de apelación ante el mismo Juzgado en el plazo de quince días desde su notificación, para su resolución por la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En el pleno municipal celebrado ayer jueves telemáticamente, cinco de los cinco grupos políticos del arco municipal se pronunciaron a favor del dictamen, es decir, PSOE, IP, PP, Cs y VOX, en total 18 votos y, por tanto, en contra de recurrir la sentencia. Solo votaron a favor del recurso los siete ediles de Compromís y Esquerra Unida.

Ante este punto, los diferentes portavoces municipales esgrimieron sus argumentos a favor y en contra del recurso de apelación. Intervino en primer lugar el portavoz de Ciudadanos, Salvador Montesinos, quien propuso que se reúna la Comisión de Seguimiento del convenio, firmado en 2013 por el Ayuntamiento de Sagunto y la cementera.

Recordó montesinos que: «hace varios años que no se ha reunido y es hora de hacerlo para buscar una vía al conflicto». Asimismo, señaló que recurrir la sentencia puede costar dinero al ayuntamiento y podría suponer el cierre de una empresa «por parte de quienes están empecinados en mantener el acoso y derribo a Lafarge, que cuenta con más de 500 trabajadores y en cuestión de empleo no estamos para tirar cohetes».

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida, Guillermo Sampedro, intentó desmontar en su intervención el contenido del fallo favorable a la cementera, destacando que la sentencia no desacredita los informes municipales sobre la infracción. Añadiendo que EU, en su día, votó a favor del inicio de un expediente por la infracción «como se haría con otra empresa y más cuando afecta al patrimonio municipal como en este caso».

Por otro lado, Sampedro mostró su preocupación por la custodia del expediente, ya que, según dijo «al parecer falta la memoria, que sí estaba al inicio del proceso, y sin este documento si se recurre será difícil ganar judicialmente, no obstante, creemos que se debe continuar con el procedimiento».

El portavoz del Partido Popular, Sergio Muniesa, calificó la sentencia de «contundente» y recordó que dicho documento ratifica lo que el PP planteaba cuando este asunto se debatió. «No se puede vivir en este conflicto permanente con Lafarge y sus trabajadores», dijo. Según Muniesa, en la pasada legislatura reiteraron que había que seguir las líneas establecidas en el convenio para resolver las discrepancias, que es la Comisión de Seguimiento, y eso se debió hacer. El portavoz del PP también destacó que el mensaje que se está dando con este asunto es negativo para los trabajadores, la ciudadanía, agentes sociales y, además, hacia el exterior con «esa política anti industrial, que no es buena para la continuidad de la cementera ni tampoco para la atracción de nuevas inversiones, siendo este municipio una zona industrial. Vamos a apoyar sin fisuras la continuidad de Lafarge y sus empleos, por eso votamos a favor de que no se recurra la sentencia», argumentó Muniesa.

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, afirmó que la Comisión de Seguimiento es el instrumento para tratar estos temas y «es el momento de cambiar la imagen que ofrece el ayuntamiento desde hace cuatro años de confrontación con Lafarge y con el sector industrial. Y si esta empresa ha hecho algo mal que lo pague, pero no hay que olvidar que el equipo de gobierno anterior hizo campañas sobre la contaminación en el municipio y después de contratar un estudio, que ha costado a las arcas municipales 30.000 euros, está acreditado que la calidad del aire en esta población es excelente».

Asimismo, González propuso que los esfuerzos de los técnicos municipales se encaminen a alcanzar acuerdos con la cementera dentro del marco del convenio. A juicio de González, con los expedientes abiertos a Lafarge, Francesc Fernández pretendía demostrar que la empresa incumplía con la concesión y, por tanto, no estaba habilitada para seguir con ella. El líder de Iniciativa apeló a la buena voluntad: «IP aboga por la buena voluntad y porque se abandone la mala fe contra la empresa por parte del ayuntamiento. Nosotros estamos con los trabajadores y vamos a votar en contra de recurrir la sentencia».

El actual concejal de Urbanismo y anterior alcalde del municipio, Francesc Fernández, se defendió de las acusaciones que le señalaban como un impulsor de políticas anti industriales durante la pasada legislatura. Para desmontar tales afirmaciones, Fernández dijo que durante su mandato: «hubo una inversión en construcción de empresas e industrias como no hubo en años anteriores. Esta evidencia está en Parc Sagunt y Cami La Mar». También afirmó que Lafarge ha cometido infracciones y los técnicos municipales «no abren expedientes a instancias del equipo de gobierno sino cuando se comprueba la infracción».

En relación a la sentencia, señaló que «en un estado de derecho acatamos las sentencias y las valoramos y la que nos ocupa la consideramos injusta, contraria a los intereses municipales y, además, recurrible, independientemente de las probabilidades que tenga, porque nadie puede asegurar cuál será el sentido de una sentencia en el TSJCV, con otro juez».

Recurso poco viable

La posición del PSOE la defendió el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, quien comentó que los técnicos municipales establecieron en un principio que sí existía un daño patrimonial al municipio. Posteriormente, agregó que cuando Lafarge llevó este asunto a los tribunales, no era tanto un problema de contenido, sino de forma y la evidencia documental, para acreditar ese perjuicio patrimonial, no estaba. Dijo también que los técnicos que habían participado en ese proceso detectaron esa potencial irregularidad, «pero tras conocer la sentencia, los técnicos y asesores legales municipales y la asesoría jurídica contratada por el ayuntamiento coinciden en señalar que el recurso no tiene posibilidad alguna de prosperar. No podemos avanzar, hay que ser realista, no podemos dedicar esfuerzos a una defensa imposible».

No obstante, el alcalde también aclaró en su intervención que el PSOE no está de acuerdo con la valoración que hace el juez de que el Ayuntamiento no es competente para velar por los intereses municipales.


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Modificado por última vez en Viernes, 26 Junio 2020 19:20

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