Tal y como informó este periódico el pasado viernes, en la mañana de este martes, 23 de marzo, se ha vuelto a reunir el comité de empresa de Pilkington Automotive España SA y la dirección de la factoría con motivo del periodo de consultas abierto ante el ERTE presentado por la empresa que contempla un periodo de aplicación entre el 23 de marzo y el 31 de julio de 2020, y que dependerá del estado de emergencia, y del tiempo necesario de recuperación de la industria del automóvil.
Pocas novedades se han producido, respecto al pasado viernes, puesto que la empresa ha mantenido los mismos argumentos y posición, en base a la «mala situación económica» de la planta y del grupo al que pertenece. En este sentido, la dirección de la factoría ha reiterado que no complementará económicamente a las personas afectadas. ni en la mensualidad, ni en la paga extraordinaria. Además de que tampoco hará frente al adelanto de las percepciones económicas por desempleo. Según indican desde el comité de empresa de Pilkington, todo lo más a lo que se ha comprometido la factoría, en el caso de que alguna persona atravesara por una grave situación económica, a estudiar un préstamo social.
En cuanto a la merma de vacaciones como consecuencia del ERTE, la empresa ha recogido la reclamación de la representación social, pero, según indican desde el comité, no ha realizado ninguna propuesta en concreto, salvo la de estudiarlo entre las partes más adelante. Por lo que se refiere al momento de recuperación de la actividad en la planta, la empresa se ha comprometido a valorar la situación una vez se haya alcanzado como mínimo el 50% de la actividad normal.
Ante la respuesta ofrecida por la multinacional, el comité de empresa ha decidido por unanimidad que la empresa tramite el expediente sin acuerdo, pues «las medidas establecidas en este expediente por la empresa son insuficientes para las personas que trabajamos en Pilkington Automotive España S.A.», aseguran desde la representación social.
Hay que señalar finalmente que el propio comité de empresa ha instado a la compañía para negociar otro ERTE, alegando fuerza mayor, para que pueda beneficiarse del ahorro del 75% de las cotizaciones de las personas con el contrato suspendido y este beneficio pueda transformarse en complementos salariales para las personas afectadas.
