El pleno del Ayuntamiento de Sagunto ha vuelto a tratar un tema relacionado con la empresa cementera LafargeHolcim que no ha estado exento de debate y discusión. Concretamente, en esta ocasión, sobre el procedimiento iniciado por la multinacional francesa para la corrección de un error en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad con respecto a los límites de la cantera del Salt del Llop.
De este modo, el consistorio saguntino ha emitido un pronunciamiento desfavorable sobre este asunto con los votos a favor del equipo de gobierno, con el apoyo del concejal no adscrito, José Vicente Muñoz, y los contrarios de las tres formaciones de la oposición: Partido Popular, Ciudadanos e Iniciativa Porteña. Este punto del orden del día, además, acabó en reproches entre el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, y el presidente del Comité de Trabajadores de la planta de LafargeHolcim en Puerto de Sagunto, Félix Vélez de Guevara.
«Éste es un asunto que se podría solucionar en cinco minutos, pero el equipo de gobierno no quiere. En el plano que figura en el PGOU hay un pequeño desplazamiento con el plano topográfico, es un error que se pueden contrastar en Minas y en el Plan de Reforestación. Este equipo de gobierno está haciendo un uso indebido de un error en un plano porque su intención es cerrar la cantera y, por ende, la fábrica», explicó el representante de los trabajadores.
Por su parte, el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, afirmó que LafargeHolcim hace actuaciones «inmorales como es el caso de llevar a la gente a la cantera para hacer actividades medioambientales cuando, en realidad, lo que está haciendo es destruir el Medio Ambiente además de que es una multinacional que financia el terrorismo»; el presidente de la corporación municipal explicó que en el informe de los técnicos municipales demuestran que la delimitación del PGOU de 1992 coincide «sin género de dudas» con el documento que la empresa presentó en el recurso de alzada de 1982 al Consell «por lo que no hay ningún error material ni aritémtico que se tenga que corregir 36 años después».
El portavoz de Iniciativa Porteña (IP), Manuel González, calificó de «vergonzosa e irresponsable» la intervención del alcalde de Sagunto asegurando que es «una vergüenza que un representante hable de esa manera tan subjetiva». El segregacionista, además, apuntó que «solamente hay un desplazamiento de una línea en los planos, es un error que podría solucionarse pero que no se va a hacer porque este equipo de gobierno actúa de mala fe y con odio hacia esta empresa».
Del mismo modo, el concejal del PP, Sergio Muniesa, explicó que estos asuntos podrían tratarse en la Comisión de Seguimiento del Convenio con Lafarge «si hubiese voluntad de aclarar cuestiones como éstas» aunque considera que el objetivo del cuatripartito del consistorio saguntino es «diametralmente opuesto».
ASECAM reclama diálogo entre las partes
«No entiendo lo ocurrido en el pleno de ayer y, sinceramente, prefiero no volverlo a ver, porque no creo que aporte más luz». Así ha resumido la presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), Cristina Plumed, lo sucedido en la sesión de ayer. Como ha apuntado, al ayuntamiento le han requerido un pronunciamiento a nivel técnico, pero el consistorio ha querido llevar este asunto al pleno «y allí hacen gala de reafirmar lo que ya se dijo desde el principio». Como explica Plumed, «el plano es el que se indicó en 2015, y no van a negociar nada pues dicen que la empresa incumple y deberá pagar por lo que “ha hecho mal”».
«Durante el tiempo que se han admitido las declaraciones extractivas por parte del ayuntamiento no se ha dicho que no se estuvieran haciendo esas declaraciones bien y que no se estaba extrayendo del sitio correcto, y se ha cobrado el importe de canon correspondiente, pero cuando hay una diferencia de criterio, para el consistorio lo fácil es pensar que la empresa actúa de mala fe y que, por lo tanto, tiene que pagar una indemnización», apunta la presidenta de ASECAM.
Plumed, asimismo ha asegurado que «si la intención fuera que la empresa estuviera ejerciendo su actividad por más tiempo, se cobraría lo justo para esa extracción. Pero como lo que quieren es que la empresa se vaya, esto es un buen motivo para sacarlo a la palestra».
La presidenta de la entidad empresarial comarcal afirma que, con actuaciones como éstas, desde el ayuntamiento se están dando mensajes negativos para la llegada de nuevas empresas y de nuevas actividades, «mensajes que luego deben ser compensados por parte de la Generalitat Valenciana, ASECAM y la CEV porque el ayuntamiento suma y sigue en esta posición».
Es por este motivo por el cual, desde ASECAM denuncian que «el diálogo no existe porque unilateralmente a una de las partes no le interesa por lo que, al final, la solución que podría ser más sencilla se vuelve muy complicada de conseguir por la vía pacífica y lógica».
