Documento utilizado en el plenoLa cementera Lafarge toma la iniciativa después del pleno celebrado en la tarde del pasado 17 de enero, convocado a instancias de las tres fuerzas políticas de la oposición municipal: PP, IP y Ciudadanos, en el que la Corporación municipal saguntina tomó un acuerdo, partiendo de hechos que, en el momento de la celebración de la sesión plenaria, no eran ciertos. Efectivamente, el acalde de la ciudad, Francesc Fernández, asistido en todo momento por el secretario general del Ayuntamiento de Sagunto, informó, al inicio de la sesión plenaria, de que, desde el 13 de enero de 2017, estaba acordada la suspensión de la tramitación del expediente administrativo que se sigue en la Generalitat, relativo al procedimiento con referencia OCM-V-003/2015 sobre ocupación de monte de utilidad pública por parte de Lafarge.
El anuncio realizado en el pleno municipal sobre la suspensión del procedimiento, se sustentó en el documento firmado por Antoni Marzo Pastor, director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, firmado con fecha de 13 de enero de 2017 y que tuvo salida oficial de la Generalitat Valenciana el 17 del mismo mes, en el que viene a solicitar al instructor la suspensión del procedimiento, según figura en el último párrafo del escrito: «solicitar al instructor del procedimiento administrativo de ocupación de monte público número 131 del C.U.P. "Bonilles, Fontanelles y otros", en el término municipal de Sagunto, con referencia OCM-V-003/2015, para la explotación de cantera de piedra caliza, solicitada por "Lafarge Cementos, S.A., Sociedad Unipersonal", la suspensión del plazo máximo legal para resolver dicho procedimiento y notificar la resolución, hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, hecho que se constatará mediante declaración formulada al respecto por esta dirección general o por los interesados, de conformidad con el citada precepto, y en todo caso hasta el día 15 de febrero de 2017».
Como argumento justificativo para que el instructor procediera a suspender el procedimiento, Antoni Marzo Pastor hace referencia en el mismo documento a las negociaciones que viene manteniendo el Ayuntamiento, la cementera y la propia Generalitat, haciendo referencia a la reunión del día 12 de enero, celebrada en Valencia: «Hace varios meses se iniciaron negociaciones entre representantes del Ayuntamiento de Sagunto, de la citada mercantil y de esta conselleria en relación con la actividad minera desarrollada por la "Lafarge Cementos, S.A., Sociedad Unipersonal", en el término municipal de Sagunto, y que, en su caso, pueden afectar a la resolución final del mencionado procedimiento administrativo con referencia OCM-V-003/2015. En este sentido, se adjunta copia del acta de la reunión celebrada entre las partes en fecha 12 de enero de 2017, y en el que se fija un plazo máximo para alcanzar un acuerdo global al respecto hasta el 15 de febrero del presente año».
Señalar como dato significativo que el 18 de enero, es decir, al día siguiente de celebrarse el pleno municipal, el citado escrito de petición de suspensión del procedimiento no se había incorporado al expediente. Efectivamente, la cementera acredita, mediante la diligencia de toma de vista, que no se encontraba en el expediente administrativo la comunicación firmada por el director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental al instructor del expediente, el día 13 de enero de 2017.
Ofensiva de Lafarge
A partir de aquí, la cementera ha iniciado una ofensiva legal ante el Ayuntamiento de Sagunto y la Generalitat Valenciana. En el caso del consistorio, ha dirigido escritos al alcalde de la ciudad, que, por su condición, es quien preside el plenario, así como al secretario general del Ayuntamiento, que es el que debe velar por el cumplimiento de la legalidad en todos los actos de la municipalidad, entre ellos, el pleno municipal. En es escrito dirigido al alcalde, el jurídico firmante del mismo, en nombre y representación de Lafarge, asegura que el citado documento es «utilizado para evitar» que en la sesión consistorial se acuerde dar su conformidad a la ocupación de monte público solicitada por la empresa en el procedimiento que instruye la Generalitat.
Más adelante, la compañía aclara a la primera autoridad local que, aunque han tratado de evitar la judicialización del procedimiento, no descartan hacerlo para defender sus intereses: «Todas las actuaciones de Lafarge hasta el momento han estado encaminadas a tratar de evitar la judicialización del proceso de ocupación de monte, pero también hay que dejar claro que siempre hay límites que marcan líneas rojas que no deben ser traspasadas y en caso de que se traspasen esos límites no solo es un derecho, también es una obligación de una empresa como Lafarge el acudir al auxilio y al amparo de los tribunales de justicia para evitar que sus derechos sean vulnerados por terceros».
En este extenso escrito de 64 páginas, dirigido a la primera autoridad local, la cementera requiere al titular de la Alcaldía para evitarle posibles perjuicios a esta empresa, por lo que solicita a Francesc Fernández que se tenga por requerido «en los términos legales que se reputen necesarios y en la medida que legalmente corresponda, para que acuerde llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias en orden a impedir posibles perjuicios susceptibles de ser causados a Lafarge Cementos, S.A.U., en el marco del procedimiento instruido para la ocupación de terrenos de monte de utilidad pública según expediente OCM-V003/2015, como consecuencia de los datos inciertos aportados durante la celebración del pleno extraordinario que aprobó, unánimemente, la conformidad a la ocupación de terrenos en el monte denominado Bonilles, Fontanelles y otros, condicionada al cumplimiento de premisas que no son ciertas y entendiendo que dicha actuación para la salvaguarda de los derechos de Lafarge pasará, necesariamente, por incluir como punto del Orden del Día en la próxima reunión plenaria la necesaria restitución de la realidad de las condiciones que se acompañan al acuerdo de conformidad manifestado unánimemente a la ocupación de terrenos de monte de utilidad pública solicitado por Lafarge para su cantera de Salt del Llop, posibilitando que los concejales puedan pronunciarse y decidir sobre la validez o invalidez de aquellas».
En el escrito dirigido al secretario general de la Corporación municipal, de 74 páginas, el letrado de Lafarge realiza varias puntualizaciones respecto a lo sucedido en el pleno del pasado 17 de enero y, más concretamente, a la actuación del propio funcionario. Efectivamente, en el punto XVI se indica textualmente: «Que con conocimiento y asistencia del propio Secretario Municipal se evidencia que lo que se traslada al Pleno del día 17 de enero de 2017 es un dato incierto, puesto que de la mera lectura de la comunicación firmada el día 13 de enero de 2017 por el Director General de Medio Natural y de Evaluación de Impacto Ambiental no puede inferirse, en ningún caso, que Generalitat de Valencia haya suspendido el procedimiento OCM-V-0003/2015».
En base a lo anterior, el jurista de Lafarge califica como improcedente la intervención del secretario municipal: «Que a tenor de lo sucedido durante la reunión plenaria hacemos manifestación expresa del actuar improcedente del Secretario de la Corporación Municipal a quien le corresponde el asesoramiento legal de las cuestiones que se le planteen». En este sentido se indica, asimismo, que: «el Secretario Municipal como conocedor del derecho y de los procedimientos por los que se rigen expedientes como el que ahora nos ocupa debió advertir y dejar patente que no se daban ninguna de las dos premisas que se trasladaron finalmente a los asistentes al pleno del día 17 de enero, es decir, debió haber advertido que ni había decreto de suspensión ni había acuerdo transacional cerrado con la empresa Lafarge para finalizar el expediente de forma convencional».
Exigen al alcalde que demuestre documentalmente que no engañó al pleno municipal el 17 de enero
La posibilidad, bastante real, de que el alcalde de la ciudad, Francesc Fernández, hubiese suministrado información incierta a los ediles asistentes al pleno municipal del pasado 17 de enero, ha suscitado las consiguientes reacciones de los partidos de la oposición, que fueron los que convocaron aquella sesión. La indignación de los portavoces municipales ha llegado a su nivel más alto, cuando han tenido conocimiento de los requerimientos que la cementera ha remitido al alcalde de la ciudad y al secretario general del Ayuntamiento de Sagunto, en los que afirma categóricamente que no existía tal suspensión del expediente el día en que se celebró el pleno, es más, ha fecha de hoy, diez días después, la compañía no tiene conocimiento de que tal suspensión se haya decretado, según han confirmado fuentes de la misma a este periódico. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, ha negado que engañara al pleno, de ahí que la oposición este a la espera de que presente los documentos oficiales que respaldan tal afirmación.
Desde el Partido Popular, su portavoz Sergio Muniesa considera necesario y urgente convocar una Junta Extraordinaria de Portavoces para aclarar si el alcalde engañó o no al pleno municipal: «Se hace necesario una convocatoria urgente de la Junta de Portavoces, que exigimos públicamente, para que por parte del equipo de Gobierno se aclaren este y otros extremos que puedan derivarse. Se trata de una situación fácil de resolver, ya que si, como manifiesta el señor Fernández en los medios de comunicación, la suspensión fue comunicada tanto por registro de entrada, como de viva voz, por responsables de la Conselleria, solo tiene que convocar de forma urgente a los portavoces y facilitar a todos los grupos la documentación sellada, que valide que el procedimiento estaba suspendido cuando se celebró el pleno del pasado día 17».
Sin embargo, Muniesa señala que sería muy grave que el alcalde no pidera acreditar documentalmente su afirmación: «Si esto no es así, sería muy grave y demostraría una vez más el sectarismo con que se está tramitando un expediente que de forma reglada tiene unos plazos y unos trámites que se han visto superados, y analizaríamos las posibles consecuencias. Añadir en este asunto —prosigue—, que estudiaremos toda la documentación aportada y las aclaraciones que desde el equipo de Gobierno, y concretamente el señor Fernández facilite, porque la voluntad reflejada en el pleno del pasado día 17, tuvo su base en la certeza de que el procedimiento se encontraba suspendido».
Más adelante, Muniesa califica de disparate que se haya llegado a esta situación, en la que es necesaria la intervención de las dos figuras más relevantes del Gobierno valenciano: «Consideramos un disparate que se haya llegado a este extremo y que en un asunto que cobra importancia por la garantía que supone la continuidad de una empresa y sus puestos de trabajo, se pueda tener que llegar a que sea Puig y Oltra desde el Consell, quienes se vean obligados a tomar una decisión sobre este asunto, por culpa del sectarismo de un Gobierno que ha sido incapaz de resolver esta situación».
Por último, el portavoz popular anuncia que no descarta convocar otro pleno: «No descartamos, en modo alguno, una vez se aclaren todos los extremos planteados por la empresa en su escrito, el volver, junto al resto de grupos de la oposición, a convocar un nuevo pleno extraordinario y cuantas acciones sean necesarias».
Dimisión del alcalde y de Teresa García
Desde Iniciativa Porteña, su portavoz Manuel González no se anda con rodeos y pide directamente la dimisión del alcalde y de la portavoz de Compromís, Teresa García: «Desde Iniciativa Porteña exigimos la dimisión inmediata del alcalde de Sagunto y de la portavoz de Compromís, Teresa García, por la falsedad manifiesta con la que actuaron en los días previos y durante la celebración del pleno del día 17 de enero. He leído la documentación dirigida por la empresa al ayuntamiento y no salgo de mi asombro ante los hechos que solo se pueden calificar como de muy graves».
Recuerda, asimismo, el portavoz de IP, que el propio Gobierno local filtró a la prensa la falsa suspensión para general la consiguiente confusión: «alguien del equipo de Gobierno filtró la noticia falsa de esa suspensión, generando confusión y un debate plenario que se basó en un hecho que era falso. Es tal la irresponsabilidad del alcalde que se está exponiendo a una denuncia ante los tribunales por su manifiesto uso de la información con absoluta mala fe y demostrando que es capaz de cometer actos presuntamente ilícitos con tal de salirse con la suya».
Recuerda Manuel González que, ante el cariz que tomó el pleno, se presentó una enmienda a la propuesta que habían planteado desde la propia oposición. Agregando que: «en esa enmienda recogí la propuesta de que el pleno se mostraba favorable a la ocupación de monte público a la espera de que el expediente que afirmé estaba “ahora suspendido” quedara resuelto».
No obstante, González asevera que el engaño fue de mayores proporciones: «pero el engaño del equipo de Gobierno no quedó ahí. En la enmienda nos hicieron recoger los términos de un acuerdo que según ellos estaba recogido en el acta de una reunión que habían mantenido en conselleria cinco días antes. Pues bien, según recoge la documentación entregada por la empresa, el “histórico acuerdo sellado entre equipo de gobierno y Lafarge” es otro bulo absolutamente falso. Entre los documentos aportados está el acta, en la cual se recoge que la empresa estaría dispuesta a aceptar la temporalidad en la ocupación que planteaba el equipo de gobierno, pero todo ello bajo la condición de tener para entonces abierto El Pinyal. Por otro lado, no había acuerdo respecto a la renuncia a los derechos mineros de Lafarge en las Margas y Zona norte, en tanto no estuviera resuelto el asunto de la nueva cantera. Es decir, lo que afirmó Teresa García de que había un acuerdo casi cerrado, es otra falsedad manifiesta tal y como queda acreditado en ese acta».
En base a lo anterior, el portavoz de IP, Manuel González, concluye afirmando que: «el acuerdo unánime del pleno contiene dos falsedades introducidas a conciencia por el equipo de Gobierno, hecho denunciado en su escrito por la empresa, que ha solicitado que esas cuestiones que condicionan el acuerdo sobre algo inexistente, sean eliminadas de esa propuesta».
Complicar la solución al conflicto
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo, que no entra en la valoración de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de esta actuación, reconoce que las informaciones inciertas alteraron el acuerdo final: «no vamos a entrar en valoraciones sobre las consecuencias jurídicas que pudiera tener la información recibida minutos antes de la celebración del pleno, respecto a la no suspensión del expediente administrativo, pero sin duda alguna nuestra voluntad habría sido la de mantener la redacción de nuestra enmienda, de no haber variado las circunstancias previamente. Después de la lectura sosegada del escrito que justificaba la suspensión del expediente administrativo —agrega—, hemos sido conscientes de que en el mismo, únicamente se contenía una solicitud de suspensión, pero en ningún caso se acordaba ésta».
Asimismo, el portavoz de Ciudadanos asegura que lo ocurrido complica mucho más la resolución del propblema: «Estos hechos no hacen más que complicar la solución al conflicto y aumentar el clima de crispación entre trabajadores, empresa y consistorio. Si de la reunión que van a mantener el presidente de la Generalitat y Mónica Oltra con el comité de trabajadores de Lafarge, no sale ninguna solución o compromiso claro, desde Ciudadanos instaremos de nuevo al resto de grupos de la oposición a convocar un nuevo pleno extraordinario en los términos inicialmente planteados».
