El Comité de empresa de Lafarge concentra sus esfuerzos esta semana para concienciar a los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas sobre la necesidad de que el Consell se pronuncie favorablemente con respecto a la autorización de ocupación de monte público en Salt del Llop a favor de la empresa cementera. Una vez que los informes de la Abogacía de la Generalitat son favorables a las tesis de la empresa y, por tanto, contrarias a lo argumentado por el Ayuntamiento de Sagunto, la Conselleria ha emitido el correspondiente pliego de condiciones que, de salir adelante, garantizaría a Lafarge la continuidad en el actual emplazamiento de Salt del Llop hasta 2042, que era lo previsto. Fuentes de la empresa han confirmado que las condiciones de dicho documento ya han sido aceptadas.
Sin embargo, en la reunión que se mantuvo el pasado día 19 entre la Consellería de Medio Ambiente, la empresa y el Ayuntamiento de Sagunto, donde ya se expuso que Medio Ambiente emitiría el pliego de condiciones, la primera autoridad local dejó clara su total oposición al mismo, destacando su disposición a recurrir, incluso a los tribunales si fuera necesario. Es precisamente esta actitud, de total rechazo por parte del tripartito que forman EU, ADN Morvedre, la marca blanca de Podemos, y Compromís, la que preocupa al comité de empresa, de ahí que vaya a redoblar esfuerzos con el fin concienciar a los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas.
En efecto, en esta línea de trabajo, ayer lunes se reunieron con el grupo parlamentario de Podemos, mientras que para mañana hay prevista una reunión con representantes parlamentarios del PP y de los socialistas, según ha confirmado a este periódico el presidente del comité de empresa de Lafarge, Félix Vélez de Guevara, quien también ha comentado que han solicitado reuniones con los grupos políticos parlamentarios de Ciudadanos y Compromís, aunque, por ahora, no han recibido respuesta.
Vélez de Guevara ha adelantado que mañana se presentarán en el registro de entrada del Consell cerca de 8.000 firmas en apoyo a la actividad industrial. En el escrito piden al Gobierno Valenciano que interceda en el conflicto «que amenaza seriamente los empleos de cerca de mil personas entre trabajadores directos e indirectos que proporciona la cementera». Asimismo, se refieren en este documento dirigido al Consell, a la «inseguridad jurídica para empresas, organizaciones sociales y ciudadanos que conlleva la actitud del Gobierno municipal de negarse a cumplir el referido convenio, lo que proyecta una imagen muy perjudicial para toda la sociedad saguntina en el interés de conseguir la reindustrialización de la zona».
Poe su parte, la secretaria general de CC.OO., Begoña Cortijo, ha mostrado su inquietud por el hecho de que el equipo de Gobierno municipal, que se ha quedado solo defendiendo su posición, rechace el pliego de condiciones, ya que, en este caso, tendrá que ser el Consell el que tome la decisión última, ratificando el mismo, con lo que la empresa tendría garantizada su continuidad hasta 2042. En cuanto a la posibilidad de que el equipo de Gobierno decida recurrir por vía de contencioso administrativo contra la decisión del Consell, la secretaria general de CCOO ha resaltado que si bien ese es un derecho que tiene, el que haga uso de él no significa que le asista la razón. Otro aspecto reseñable sería cómo afectaría esa acción judicial al incumplimiento del convenio firmado en 2013, que es de plena vigencia, y en que responsabilidades podría incurrir el Gobierno tripartito.
Como ya adelantó este periódico, en la reunión celebrada en la mañana del pasado 6 de julio en la sede de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, entre el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Juliá Alvaro, y el director general de Medio Natural y Evaluación de Impacto, Antoni Marzo, con la dirección de la Lafarge en Sagunto, a la que no asistió la representación municipal, ya quedó claro que la resolución sobre el pliego de condiciones para la ocupación de monte público transcurría con total normalidad, por lo que en fechas próximas se conocería una respuesta de la citada Conselleria, toda vez que los informes de la Abogacía de la Generalitat eran favorables a las tesis de la multinacional cementera.
