El presidente de la CEV, Salvador Navarro, y los líderes autonómicos de UGT y CCOO, Ismael Sáez y Paco Molina, han visitado a las 11 de la mañana la planta de Lafarge, acompañados de los directivos de la empresa, la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed, así como las representantes sindicales en la zona de Sagunto de UGT y CC.OO., Pilar Tarragón y Begoña Cortijo, respectivamente. En la comitiva también se encontraban presentes varios miembros del Comité de empresa de la planta cementera. Tras la visita a las instalaciones, el presidente de la CEV y los representantes sindicales, han ofrecido una breve comparecencia ante los medios informativos.
Tanto Salvador Navarro, como Ismael Sáez y Paco Molina, han apuntado al Gobierno autonómico valenciano como último responsable de la resolución del expediente, que se encuentra paralizado en la Conselleria de Medio Ambiente. Por este motivo, el representante de la patronal valenciana y los líderes sindicales han anunciado que van a instar al Consell para que proceda a desbloquear esta situación, puesto que no se puede paralizar de manera permanente la tramitación del expediente de ocupación de monte público iniciado por la empresa.
Inseguridad jurídica
El presidente de la patronal, Salvador Navarro, ha centrado el problema desde el punto de vista de la inseguridad jurídica: «Estamos hablando de un problema de seguridad jurídica y en ese sentido, cuando hay inseguridad jurídica y dado que esta comarca está tan necesitada de inversiones y de industrialización, yo creo que no podemos estar jugando a problemas jurídicos con una cosa que se llama empleo y seguridad en el empleo, por tanto, estamos en un conflicto importante que afecta a la Comunidad Valenciana y, desde luego, ya ha llegado el momento en el que afecta al Consell».
Más adelante, Navarro ha insistido en la misma línea argumental: «lo que no puede trasladar esta comarca hacia las empresas, hacia el mundo empresarial, pero también laboral, es esa inseguridad jurídica que se está creando entorno al convenio firmado con una administración pública que parece ser que ahora no vale. Lo que no pueden las empresas es estar pendientes de cambios en esa seguridad jurídica, dependiendo de la administración o del grupo político que asume esa administración. Por tanto, apremio ya en estos momentos al Consell a que nos sentemos, a que intentemos solucionar un problema, que puede ser, a futuro, muy importante, no solo para la comarca, sino para la propia Comunidad Valenciana. Repensemos que es lo que estamos haciendo mal».
Cumplimiento de los acuerdos
El secretario general de CCOO, Paco Molina, se ha referido a la incertidumbre que está generando el Ayuntamiento de Sagunto: «Lamentablemente, creemos que tenemos situado el conflicto en el peor de los escenarios, que es un tema de incertidumbre, y nuestra presencia hoy aquí persigue cerrar cuanto antes los procesos de incertidumbre. Sobre todo, de manera especial y característica, cuando existe un expediente administrativo abierto que tiene una afectación clarísima en lo económico, en lo social y en lo laboral, también en lo medio ambiental».
Sobre este expediente, que se tramita en la Conselleria de medio Ambiente, el líder autonómico de CCOO ha asegurado que no se puede demorar más: «No se puede demorar, nosotros vamos a exigir, conjuntamente a la representación empresarial, que se de respuesta inmediata a los trámites, que vuelva el sosiego para el futuro y necesario diálogo de una empresa ubicada en una de nuestra localidades en el ámbito del País Valencià».
Posteriormente, Molina ha exigido el cumplimiento de los acuerdos, en clara referencia a lo que está ocurriendo con el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Sagunto y la cementera: «Ese compromiso no puede estar sometido a vaivenes, ni puede estar sometido a intempestivas de iniciativas locales. Por lo tanto, la exigencia de resolución con carácter urgente del expediente abierto. Nosotros vamos a presionar para que eso sea así. Las cláusulas y los contratos administrativos están para cumplirlos».
Sorpresa
El secretario general de UGT, Ismael Sáez, ha mostrado su sorpresa: «La verdad es que nosotros estamos muy sorprendidos con lo que está pasando con esta fábrica, porque hemos llegado a la conclusión de que no existe ninguna causa que justifique una actuación de ese calibre y, por tanto, se ponga en riesgo la continuidad de una empresa que da trabajo de calidad y salarios de calidad y que tiene el futuro asegurado para un buen número de años».
Sáez, que también se ha referido al informe técnico-jurídico encargado por el comité de empresa de la cementera a un prestigioso bufete de Madrid, aseguraba que «las organizaciones sindicales y la patronal estamos absolutamente del lado de los trabajadores, del comité de empresa y también de la dirección, porque los datos que obran en nuestro poder dicen que no hay causa razonable para entender lo que estamos viviendo con esta empresa y esa va a ser nuestra posición, salvo que alguien nos de algún informe que diga otra cosa distinta, que hasta la fecha no tenemos».
