El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ha mantenido esta mañana una reunión con representantes del comité de empresa de Lafarge y sindicalistas de CCOO, en la que se ha tratado sobre la repercusión que la actividad de la cementera saguntina tiene en la cuenta de resultados y del empleo del puerto de Sagunto.
Según resaltan desde CCOO, Aurelio Martínez ha mostrado su preocupación porque la actividad exportadora e importadora de la cementera se vea afectada por la negativa del Gobierno municipal a permitir la continuidad minera de la que se abastece de materia prima la planta de fabricación.
Por su parte, el vocal por la parte social de CCOO en el Consejo de Administración de la APV, Pedro Suárez, ha manifestado en la reunión que: «la pérdida del volumen exportador e importador de Lafarge, tendría consecuencias directas en el empleo, en los servicios portuarios del Puerto de Sagunto, por pérdida de escalas de los buques que se dedican a este tráfico actualmente, así como la posibilidad de deslocalización de otras empresas, ante la inseguridad jurídica que se crea con posicionamientos como lo que se tratan con Lafarge, siendo, este posicionamiento, incompatible con el esfuerzo inversor de la Autoridad Portuaria en el Puerto de Sagunto, con una clara apuesta por seguir en el proceso de reindustrialización de la comarca, y todo lo anterior, y sobre todo lo anterior, cuando se cumplen escrupulosamente con toda la normativa medioambiental exigible».
El presidente del comité de empresa de la planta cementera ubicada en el Puerto de Sagunto, Féliz Vélez, ha resaltado en el encuentro con Aurelio Martínez que el cemento que se fabrica en Sagunto, tiene un gran valor añadido por sus cualidades y resistencia, que incluso se emplea en los pozos petrolíferos y ello es determinante para que por el puerto saguntino se exporte el 80% de la producción.
La cuestión medio ambiental también se ha tratado en la reunión con el presidente de la APV. Sobre este tema, el secretario del comité de los trabajadores de la cementera, Juan Luis Rodríguez, ha resaltado que la planta de Sagunto de la multinacional cumple con todas las normativas medio ambientales, donde ya se aplican normativas mucho más restringidas que serán exigibles a partir de 2017.
Por su parte, la secretaria general de CCOO, Begoña Cortijo ha resaltado ante el presidente de la APV que: «La Autoridad Portuaria, y el Gobierno autonómico deben de tomar cartas ante la intransigencia del alcalde de Sagunto, antes de que las consecuencias de la misma sean dramáticas e irreversibles, no solo para el empleo de los trabajadores de Lafarge, sino para la economía de la zona».
Por otro lado, según informan desde CCOO, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, ha preguntado si hay alguna posibilidad de renegociar el convenio de 2013 para dar una salida pactada al conflicto. Sobre esta cuestión, el dirigente de CCOO, Emilio Lamas, ha manifestado que: «el convenio es muy ventajista para el Ayuntamiento pues supera con creces los acuerdos de otras cementeras con los respectivos ayuntamientos. Intentar “rascar” más concesiones por parte del Ayuntamiento de Sagunto provocaría una desventaja competitiva de la empresa, que terminaría por ser la causa de su cierre».
