El salón de actos del Teatro de Begoña de Puerto de Sagunto se ha quedado pequeño en el acto organizado por el Comité de Empresa de Lafarge donde se ha presentado el informe encargado por los trabajadores de la planta cementera de la localidad con el que intentan esclarecer algunos de los puntos del conflicto que, actualmente, mantiene esta mercantil con el Ayuntamiento de Sagunto y que puede afectar al futuro de la cementera de la ciudad así como a los puestos de trabajo de la misma.
En este evento han estado presentes algunos concejales de la corporación municipal saguntina aunque ninguno de las formaciones del equipo de gobierno, formado por Compromís, Esquerra Unida y ADN Morvedre, a pesar de estar invitados al mismo, como así han confirmado los trabajadores de la empresa. De este modo, han acudido al acto los cinco ediles del PP, el socialista Miguel Chover, el portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo así como los segregacionistas Manuel González y Juan Guillén; también ha estado presente la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Mª José Mira, y la presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (Asecam), Cristina Plumed, entre otras personas como la secretaria general de CCOO, Begoña Cortijo, o el de UGT, Miguel Jordà.
El presidente del Comité de Empresa de Lafarge, Félix Vélez de Guevara, ha sido el encargado de iniciar el acto, que ha estado moderado por Andrés Perelló, abogado y conocido político socialista, ex alcalde de Buñol. «Los trabajadores siempre hemos defendido que el convenio que firmó la empresa con el Ayuntamiento de Sagunto es legal y por ello encargamos un informe al prestigioso bufete Pérez Cordero y Pérez Morales que es el que hemos dado a conocer a la ciudadanía en esta asamblea ciudadana», ha afirmado.
Los ponentes que han participado en esta asamblea ciudadana
El abogado Ignacio Pérez Cordero ha sido el encargado de dar a conocer la situación jurídica-administrativa de la concesión de la actividad extractiva en la cantera del Salt del Llop de la que ha dicho que es «absolutamente legal» puesto que, entre otros aspectos, la empresa cumple con toda la legalidad vigente y los terrenos sobre los que se lleva a cabo esta actividad tienen la calificación de suelo no urbanizable forestal con tolerancia extractiva. «La oposición que mantiene el ayuntamiento creemos que no se ajusta a derecho porque aún no se ha declarado el Paraje Natural Municipal de Romeu ni existe ninguna figura de protección ni autonómica ni estatal; además, aunque este paraje fuese declarado, no tendría que prohibirse la actividad extractiva puesto que en un paraje se pueden dar diversas zonas según la protección», ha apuntado.
En cuanto a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Sagunto sobre el expediente de solicitud de autorización de ocupación de parte de monte de utilidad pública Bonilles, Fontanares y otros, el letrado Manuel Lozano, las ha ido desgranando y rebatiendo una a una, además de asegurar que su presentación, a su juicio, incumple y está contraviniendo lo aprobado en el convenio de mayo de 2013. «Estas alegaciones no tienen base legal; además, en este procedimiento solamente se le pide al ayuntamiento que muestre su conformidad o no con la petición por lo que la presentación de las alegaciones muestra un posicionamiento contrario del consistorio con lo que se vuelve a incumplir lo firmado en el convenio», ha apuntado.
Asimismo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es cómo se ha rebatido uno de los argumentos del actual equipo de gobierno que asegura que no puede haber actividad extractiva a 500 metros de una zona residencial. En este sentido Lozano ha afirmado: «La ley lo que hace es proteger la actividad extractiva, es por este motivo por el cual delimita una zona de protección de 500 metros donde se prohíbe que exista ninguna zona residencial, y no al revés como interpreta el ayuntamiento, aunque este ancho puede reducirse en el caso de que la empresa adopte medidas correctoras, como así hace Lafarge», ha asegurado.
Finalmente, el asesor jurídico del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Miguel Uceda, se ha encargado de dar a conocer las consecuencias de un posible incumplimiento del convenio firmado entre Lafarge y el Ayuntamiento de Sagunto. En este sentido, Uceda ha afirmado que este acuerdo intenta compatibilizar la actividad minera de esta cementera con la declaración de Paraje Natural Municipal de la montaña de Romeu, un convenio, «generoso por ambas partes con el que se intenta garantizar el futuro de la empresa».
Asimismo, tras recordar que la concesión de ocupación de monte público a Lafarge finaliza el 31 de diciembre de 2017, ha informado de que en el caso de que no prospere la solicitud de la empresa y no le sea autorizada la ocupación por parte de la administración autonómica porque el ayuntamiento se ha mostrado contrario, la cementera podrá resolver el convenio firmado con el consistorio y podrá realizar una reclamación patrimonial por los daños causados. «La empresa podría pedir su derecho a la indemnización porque se haría un daño hacia sus bienes y, al existir, un daño emergente y un lucro cesante claro, estaríamos hablando de una cantidad muy alta», ha aseverado Uceda.
