Tal y como se acordó en la última Asamblea de Trabajadores de Lafarge, Begoña Cortijo, secretaria general de CCOO, y técnicos en minería asesores de este sindicato, junto con una representación del Comité de Empresa de la empresa cementera, han mantenido una reunión con los abogados especialistas en minería del Bufete Pérez Cordero & Pérez Morales en Madrid, junto con el Asesor Jurídico del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Miguel Uceda Rozas.
El objeto de este encuentro era, por un lado, encargar un dictamen técnico-jurídico respecto a la vigencia y legalidad del convenio del 2013 entre el Ayuntamiento de Sagunto y la empresa cementera Lafarge y, por otro lado, tratar todo lo que acontece en el conflicto existente sobre la extracción de caliza en las canteras explotadas por esta empresa.
«Para CCOO estos dictámenes son de gran importancia para conocer de primera mano y de forma objetiva e imparcial la situación técnica y legal de la actividad extractiva de esta empresa, con el fin de desbloquear el conflicto existente, ya que aportará datos que permitan valorar sin ambigüedades la actual polémica existente sobre la legalidad o no de la extracción minera, ya que se trata de especialistas con una amplia e incuestionable experiencia en la materia y a los que, con dinero de los trabajadores de Lafarge, se les ha realizado el encargo de este dictamen», informan desde el sindicato.
Asimismo, desde CCOO, han asegurado: «seguimos defendiendo que en una comarca desolada por el desempleo y con continuos cierres de empresas, tan importante son las acciones para la reindustrialización de la zona como el sostenimiento de industria existente. Tenemos que aunar esfuerzos para buscar soluciones reales en la defensa de los puestos de trabajo como medio digno de crecimiento social y económico de Sagunto y su comarca».
Por su parte, desde el Comité de Empresa de Lafarge han emitido un comunicado en el que informan de que con este dictamen pretenden «poner punto final a la medida de ambigüedad sobre la legalidad o no de la extracción de nuestra materia prima aceptando, a pies juntillas, lo que digan los especialistas en la materia a los que, con dinero de todos los trabajadores, se les ha hecho este encargo».
A pesar de esto, y hasta que este documento esté realizado, la representación de los trabajadores de la planta cementera han asegurado que «seguiremos creyendo que en un país desolado por el paro y, sobre todo en una comarca y en especial en nuestra ciudad, con continuos cierres de plantas industriales, el gobierno municipal debería ser el garante y el mayor defensor del empleo como medio digno de crecimiento social y económico de nuestro municipio y por extensión de nuestra comarca».
