222 personas de la plantilla de la multinacional belga que producía sistemas de escape va a engrosar las filas del desempleo

Bosal despedirá a los trabajadores de la factoría local en el plazo de dos semanas

Viernes, 23 Octubre 2015 13:36

begodLa secretaria general de CCOO, Begoña Cortijo

La plantilla de Bosal va a ser despedida en breve, en el plazo de dos o tres semanas, según informa la secretaria general de la comarca de CCOO, Begoña Cortijo Garnes. Hay que señalar que a pesar del cese de la actividad de la factoría, los trabajadores no estaban despedidos, sino que se hallaban afectados por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Después de 10 meses sin producción fabril de la planta que fabricaba sistemas de escape para vehículos, los trabajadores van a cesar su relación laboral con Bosal.

Hay que señalar que cuando la plantilla entró en el ERE, la factoría tenía activos, había un remanente de dinero, por lo que se acogieron a la normativa que, para garantizar la masa económica del concurso de acreedores, fija que sólo se paga una parte de los salarios, no se atiendan deudas  de otros proveedor. Por lo que los trabajadores cobraron el tope que marca la ley concursal en el periodo de febrero a junio, el resto del tiempo han estado consumiendo desempleo.

Pero ahora, existe una situación en la que ya no hay más masa económica que para pagar los salarios de un mes, por ello, el juez de lo Mercantil tiene que extinguir los contratos por falta de actividad, pero para hacerlo debe recibir previamente un informe de la Inspección de Trabajo, que se supone lo hará en breve. Ese cierre, a juicio de los sindicatos y de la representación de los trabajadores, no esta motivado y «seguimos manteniendo que no existe causa económica para el mismo», señalan desde la Ejecutiva de Comisiones Obreras.

Durante este tiempo los trabajadores, acompañados por los sindicatos, están llevando su lucha por el Juzgado de lo Mercantil, donde han presentado documentación argumentado «que no existe quiebra», sino que Bosal mantiene una estrategia en la que ha desviado la carga de trabajo a otras plantas del grupo para justificar que están en quiebra y no hacer frente a sus responsabilidades y deudas.

Por su parte, CCOO presentó una querella, en representación de 206 operarios de Bosal, contra la multinacional por la vía penal en el juzgado de Sagunto. El contenido, de la denuncia «trata de demostrar que ha habido una presunta insolvencia, levantamiento de bienes por parte de la empresa, que ha significado haber descapitalizado la planta para no hacer frente a las deudas».

A juicio de los dirigentes de CCOO, la querella pretende demostrar que Bosal no es solo una factoría, sino que existe un grupo de empresa que deben hacerse cargo de toda la responsabilidades, y no cargar a los ciudadanos españoles el coste de la deslocalización, «de lo contrario, la deuda a la Seguridad Social, a Hacienda,  Fogasa o subvenciones, lo deberá pagar el Estado». Además, si  el juzgado falla a favor de la querella presentada por CCOO, el sindicato acudirá a los tribunales para pedir daños y perjuicios para los trabajadores.

Asimismo, cuando finalice el trámite por lo Mercantil, iniciarán la vía de lo Social, porque Bosal está obligada a las cotizaciones para los trabajadores mayores de 55 años, al plan social de recolocación, a las indemnizaciones por despidos de 45 días,  etc.. «Eso lo tendría que asumir como hizo Galmed cuando cerró su fábrica, por eso los trabajadores reclaman el plan social. Lo que está pasando es una injusticia sangrante y si las multinacionales quieren deslocalizar que asuman sus obligaciones, no deben derivarlas hacia la administración», afirma Cortijo.

Datos del proceso

Como ya es conocido, desde el 7 de enero, la fábrica local de Bosal cesó en su actividad, la empresa había solicitado el concurso de acreedores e iba  a solicitar la extinción colectiva de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla.  Al conocer esta noticia, la representación sindical acudió al Juzgado de lo Mercantil de Valencia, donde les informaron que, efectivamente, Bosal había presentado un concurso de acreedores voluntario y que la petición de la empresa era ir a un procedimiento concursal abreviado y liquidación automática de la factoría. Para lo cual presentaron, a su vez, un ERE de extinción de toda la plantilla.

En la primera reunión mantenida con los administradores concursales, le manifestaron que tanto desde el Comité de los Trabajadores como desde los sindicatos, entendían que existe un grupo de empresas y, por tanto, no pueden compartir bajo ningún concepto el hecho de que hubiera una quiebra económica, «y como desconocíamos la situación económica del grupo, no podíamos aceptar que se produjera una extinción de contratos hasta que no obtuviera toda la información de las cuentas del grupo Bosal». Por eso, propusieron que se realizara un ERE de suspensión temporal de los contratos para no generar crédito contra la masa  del concurso, «porque suspendiendo temporalmente los contratos, los trabajadores pasarían al desempleo, y, mientras tanto, el juez decidía admitir el concurso voluntario, pero con carácter ordinario, no abreviado, para permitir a los trabajadores conocer la situación que se estaba produciendo en Bosal», subraya Cortijo.

Esta representante de CCOO aclara que otros grupos como Tumesa o Ros Casares entraron en concurso de acreedores, pero lo hicieron todas sus factorías, no sólo una planta, argumentando que ha quebrado. «Nosotros pensamos que en el grupo Bosal hay una situación más allá de una relación de empresas mercantiles, hay una relación laboral donde las empresas están vinculadas entre ellas y no puede ser creíble que una planta quiebre de repente y dejen al personal en una situación de acreedor, porque entendemos que el resto del grupo, al igual que ha obtenido beneficios y los ha podido trasladar a otras plantas, ha podido hacer lo mismo con la factoría local.  La cuestión es que queríamos averiguar que estaba pasando, porque la situación no cuadraba. Para permitir eso se procede a la suspensión de los contratos», informa Cortijo.

A finales de marzo se decide, junto con los administradores concursales, fabricar tubos, con parte del material acumulado en la factoría, porque así se podría vender a mejor precio, «se trataba de obtener más dinero que al final iba a ir a los salarios. Se estuvo produciendo con un número reducido de plantilla, durante un par de meses y prosiguió la suspensión de contrato».

En junio la Administración Concursal terminó el informe y conociendo ya cuál es la situación se vuelve a convocar a la mesa de negociación del ERTE para decir que había que extinguir los contratos porque ya no había más recorrido y concluir en si había o no quiebra. En julio se volvieron a reunir, y el tres de agosto fue la última sesión del periodo de consultas. En dicha reunión, explica Begoña Cortijo que la representación sindical manifestó «que no había causa económica o quiebra como decía  Bosal. Además concurrían otras circunstancias como que las cuentas del grupo no se habían aportado y no había persona alguna, representando a Bosal, en la mesa para decidir y, porque entendemos que existe un grupo  empresarial que no justifica para nada la causa económica».


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Modificado por última vez en Sábado, 31 Octubre 2015 00:00

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