Los votos del Grupo Municipal Popular fueron suficientes para fijar las nuevas tarifas del servicio de agua que subirán un 11% el consumo en una media que, según defiende el edil de Presidencia Sergio Muniesa, «supondrá una subida casi inapreciable que calculamos en 91 céntimos por recibo». La subida, sin embargo, no fue considerada tan inapreciable por los concejales de IP-SP y Esquerra Unida que votaron en contra de una medida que logró pasar el trámite plenario gracias a las abstenciones de PSOE y Bloc Compromís.
En el debate de fondo se encuentra el hecho de que la subida viene a cubrir un importante desfase presupuestario de la empresa concesionaria del servicio de aguas, Aguas de Sagunto, que el equipo de gobierno cifra en tres millones de euros y que son trasladados al recibo de los ciudados en orden de conseguir un equilibrio presupuestario.
A pesar de que los defensores de la medida aseguran que la petición de los técnicos de Aguas de Valencia —el socio privado que aporta el soporte humano y tecnológico a la empresa mixta Aguas de Sagunto— era subir aún más el recibo que ha sido la gestión de el ayuntamiento la que ha logrado que la subida, siempre según las previsiones de los concejales del PP, no van a afectar apenas a los ciudadanos, desde las formaciones contrarias, y especialmente desde Esquerra Unida, formación que se ha mostrado más beligerante con la propuesta del PP, se advierte que lo que se está haciendo es sentando un peligroso precedente que hará que los ciudadanos paguen cada vez que Aguas de Sagunto tenga un agujero aunque sea caso de errores en su gestión.
«Dicen que no se recauda lo esperado, y que ha bajado el consumo; pero lo cierto es que en cuatro años se han producido más altas que nunca, y cuando el agua la gestionaba el ayuntamiento se recaudaba el 97-98% de lo previsto. ¿Que gestión están haciendo para que la cosa vaya tan mal? ¿Cómo es posible que en tan sólo cuatro años se haya generado un agujero de tres millones de euros?» se pregunta Fernando López-Egea, portavoz de Esquerra Unida.
El líder de los comunistas locales también considera un hecho significativo el que la subida se haya aprobado antes de tener los resultados de la auditoría externa que se encargó sobre el tema y por un valor, «que puede parecer pequeño pero en realidad se situa por encima del IPC».
La subida se aplicará a partir de enero de 2014.
El IBI se sitúa en el 0,72%
A cambio de la subida de agua ayer se fijó una bajada en el gravamen que marca el recibo del IBI, que el año que viene pasará del 0,83 al 0,72, una bajada que, en todo caso, tampoco supondrá un ahorro demasiado grande para los ciudadanos porque en realidad está diseñado para contrarrestrar la subida del catastro que este año añadirá un 10% de la polémica revalorización prevista en la ponencia de valores.
A cambio de la subida de agua ayer se fijó una bajada en el gravamen que marca el recibo del IBI, que el año que viene pasará del 0,83 al 0,72, una bajada que, en todo caso, tampoco supondrá un ahorro demasiado grande para los ciudadanos porque en realidad está diseñado para contrarrestrar la subida del catastro que este año añadirá un 10% de la polémica revalorización prevista en la ponencia de valores.
La decisión supuso además un nuevo enfrentamiento, esta vez con Esquerra Unida y Bloc Compromís formando la oposición frontal a una medida que consideran absolutamente insuficiente para frenar la sobrecarga fiscal a la que se está sometiendo a los ciudadanos en plena crisis. Tanto Esquerra Unida como Bloc Compromís defendieron una bajada hasta el 0,675% una cantidad que consideran que no sólo defienden por ser una bajada significativa de los recibos, sino por ser la que consideran que se ajusta más al acuerdo plenario que ordena que, para ayudar a capear la crisis a las familias, el recibo del IBI baje hasta los niveles que tenía en 2011, antes de que Rajoy aplicará una subida del 10% en el llamado «decretazo».
La edil nacionalista, Teresa García, defendió que esa bajada de cuatro centésimas supondría una bajada de 39 euros más en el recibo de los ciudadanos, y que para el ayuntamiento sólo supondría una pérdida de ingresos que no llegaría al millón de euros. «Lo que estamos decidiendo es si ese millón de euros lo sacamos haciendo pagar a quien nos debe dinero, como pasa con la Autoridad Portuaria de Valencia, y no a los ciudadanos» defendió la edil.
Desde Esquerra López-Egea, por su parte, consideró que la bajada era totalmente insuficiente si lo comparábamos con los valores de 2011 y, sobre todo, con la bajada generalizada de salarios que se ha producido en España que cifra en un 20% en su poder adquisitivo.
El resto de fuerzas sin embargo se escudaron en las necesidades de garantizar los ingresos previstos en el plan de ajuste presentado al gobierno central, para poder permitir, por activa o por pasiva, la aprobación final de la medida.
