Begoña Cortijo
Las medidas «antisociales» consisten en un recorte de una media del 5% a los salarios de los empleados públicos y la congelación de las pensiones, entre otras medidas como la eliminación de la retroactividad, más allá de los seis meses de la Ley de Dependencia, reducir al 75% del salario las jubilaciones anticipadas por contrato de relevo, entre otras.
Para conocer el impacto económico que van a tener en las familias los citados recortes sociales, CC.OO. ha solicitado al gabinete de economistas del sindicato en Madrid, que haga un estudio pormenorizado, así como otro estudio de las propuestas que CC.OO. ha lanzado desde hace tiempo «que son positivas para contener el déficit público y mejorar la economía, es hacer más hincapié en los ingresos que los gastos, que supondría una reforma fiscal progresiva donde se aumenten los impuestos directos, por la SICAPS, por ejemplo, que son donde se esconden las grandes fortunas y sólo pagan un 1% de los beneficios», señala Cortijo.
No obstante, hay algunos conceptos que están claros sin la ayuda de asesores económicos, como que un 5% de media de recorte salarial, significa que habrá funcionarios que les reducirá su sueldo hasta un 15% y a otros menos del 5%. «Pero esta reducción salarial también mermará el computo económico para calcular las pensiones de la gente que está próxima a su jubilación, porque esa reducción no se va a recuperar inmediatamente después que pase la situación de crisis, por ello supondrá un recorte también en sus pensiones», afirma esta dirigente sindical quien añade, que dichas medidas además de suponer un incumplimiento del acuerdo de la función pública de una subida salarial del 0,3%, responde a las exigencias de los mercados «y además significa un mazazo a la confianza que puedas tener en un Gobierno que se salta sus propios acuerdos».
Funcionarios: un 12% de
la población activa
Los empleados del sector público, y en esto hace hincapié Cortijo, «no solo son los funcionarios que vemos en las ventanillas» de las diversas administraciones, también son los trabajadores de la sanidad, de la enseñanza, los cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas, etc. Según la dirigente de la Ejecutiva Intercomarcal de Comisiones los trabajadores del sector público no llega a un 12% de la población activa. «España es uno de los países de Europa que menos empleados públicos tiene, pero pesar de ello, es un sector que no goza de buena imagen entre la ciudadanía y por ello, los recortes son medidas fáciles para el Gobierno», y añade que los recortes al sector público, no afectan sólo al recorte salarial, «también supondrá una rebaja importante en el empleo que tienen que ver con las prestaciones públicas que se dan a la ciudadanía, ya que habrá menos maestro, menos médicos, menos calidad en la prestación de los servicios básicos».
Otras de las repercusiones que puede tener la reducción de los sueldos en el sector público, a juicio de Cortijo, es que se «convierta en el espejo en el que se mire la patronal», en un año en el que hay muchos convenios denunciados pendientes de negociación. «Ello puede traer consigo un arrastre de las rebajas salariales de todos los trabajadores», advierte la líder sindical y prosigue declarando: «Parece increíble que se pretenda sanear la economía de este país y bajar el déficit público, precisamente en los sectores más desfavorecidos y que menos han tenido que ver con la crisis que se ha producido».
Reforma laboral
Pero las reformas no se han acabado, y la exigencia de que la reforma laboral debe estar consensuada entre la patronal y los sindicatos, a finales de mayo o el Gobierno la realizará de forma unilateral, «causa alarma social, porque será una vuelta de tuerca más en los derechos de los trabajadores para que contribuyan a sanear el país y al final se va a generar una confrontación directa», advierte la líder sindical, que teniendo en cuenta que los empresarios no están por la labor de ceder en sus pretensiones, «nos podemos encontrar con que el Gobierno atienda sus peticiones y se abarate el despido, se rebajen las cotizaciones a la Seguridad Social, pero seguirá guardando en el cajón la reforma fiscal y la lucha contra el fraude».
Para Begoña Cortijo, las relaciones laborales en España no han generado la crisis, por lo que considera que la reforma de esas relaciones no van a sacarnos de ella, pero la reforma laboral que demanda CC.OO. va en sentido contrario a lo que pide la patronal. «Pedimos que se penalice la temporalidad, que se penalice los despidos gratuitos sin ninguna justificación, pero la reforma que quieren hacer es la que están pidiendo los mercados financieros y nos parece dramático que sea el mundo financiero el que marque la actuación de un gobierno, porque parece un golpe a la democracia, porque el que tiene peso no es el votante, no es la ciudadanía sino los especuladores que marcan que rumbo debe tomar el Gobierno. Al final da lo mismo el color del partido que gobierne, pero si esto se confirma los trabajadores sabrán dar respuesta a todo ello»