Según han informado a este periódico fuentes de CC.OO., la Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia que declare culpable el concurso de acreedores de Bosal. Esta petición del fiscal se apoya en el hecho de que fue la propia empresa la que acentuó su estado de insolvencia por medio de la despatrimonialización y transmisión de sus activos a otras empresas del mismo grupo. Extremo este que, desde el principio se ha venido sosteniendo por parte del sindicato CC.OO., que, como se recordará, interpuso una querella criminal contra esta multinacional.
Como ha venido informando este periódico, la planta de fabricación de tubos de escape pertenecía a Bosal España, empresa que, a su vez, formaba parte del Grupo Bosal Nederland B.V, y que presentó a finales de 2014 solicitud de concurso voluntario. Sus 220 empleados dejaron de acudir al trabajo a partir del 7 de enero de 2015, aunque los despidos se materializaron formalmente con posterioridad.
La Fiscalía sostiene en su escrito de calificación que esta compañía transfirió en septiembre de 2013 a la empresa del grupo Bosal Madrid SAU, por un precio de compra cifrado en 4.350.000 euros, la rama de actividad, distribución y comercialización del sistema de escape y repuestos para automoción (After Market o recambios), incluyendo equipos informáticos, instaladores, vehículos, saldos a cobrar a clientes por importe de 2.407.000 euros, stock de productos asociados y fondo de comercio por un importe de 175.352 euros, transmitiéndose todo el conjunto como una unidad económica autónoma, destaca el fiscal.
Según se desprende del citado escrito, la venta de esta rama de actividad tan solo influyó en los activos y no en los pasivos, de modo y manera que no se cedieron las deudas subyacentes a la actividad After Market, que se habían devengado.
Más adelante, el escrito indica que la venta de la rama de actividad no generó la entrada de recursos en la deudora-vendedora, es decir, Bosal España, sino en la cancelación por simple compensación de deudas del grupo, puesto que tres días antes de la venta, AM Bosal Nerderlan, a través de una transacción privada, cedió a Bosal Madrid parte de un crédito que tenía contra Bosal España SA por importe de 4.350.000 euros. Por otro lado, resalta la Fiscalía que Bosal España vendió en julio de 2013 a otra sociedad del grupo, Bosal Ceska República SRO, parte de la maquinaria, utillaje e instalaciones por un importe de 509.900 euros más impuestos. A todo lo anterior cabría añadir que, por el mismo procedimiento de acuerdo privado suscrito en la misma fecha, se vendió a Industrial Lase International BV maquinaria necesaria para la actividad productiva por importe de 240.000 euros más impuestos, con simultáneo contrato de arrendamiento con opción de compra, de ésta a aquélla, de la maquinaria adquirida.
Todas estas operaciones ponen de relieve que, efectivamente, fue la propia empresa la que agravó ex profeso su estado de insolvencia por medio de varias operaciones de transmisión de sus activos a otras empresas del propio grupo, para propiciar su despatrimonialización. Es por ello que el fiscal considera que el concurso de acreedores presentado por la empresa se debe declarar culpable y no fortuito, que es la otra opción, puesto que ha producido o agravado el estado de insolvencia mediando dolo o culpa grave por medio de actos y operaciones de despatrimonialización y transmisión de activos: «de la deudora han ido saliendo y pasando sus activos a sociedades del grupo o relacionadas, permaneciendo en la misma los pasivo», afirma en su escrito la Fiscalía.
Señalar por último que el fiscal solicita que se declaren personas afectadas por la calificación culpable del concurso a Bosal Internacional Management y a Bosal Nederland; así como cómplices a Bosal Madrid SAU, Orphic Inmuebles España SAU, Bosal Ceska República SRO e Industrial Lase International BV. Por otro lado, plantea la inhabilitación de Bosal Internacional Management y Bosal Nederland para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 10 años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo; y la pérdida de cualquier derecho que estas personas afectadas puedan tener como acreedores concursales. Como responsabilidad concursal la Fiscalía pide la condena solidaria de Bosal Internacional y Bosal Nederland al pago de la totalidad del déficit concursal.
