La Junta de Gobierno Local ha acordado reclamar al Estado un refuerzo del Plan Concertado de prestaciones básicas de Servicios Sociales, de forma que se consolide el sistema de protección del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas destinadas a los consumidores domésticos de energía eléctrica que acreditan la condición de vulnerabilidad severa por los servicios sociales (locales o autonómicos).
El acuerdo también señala la necesidad de incluir en los Presupuestos Generales del Estado una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable, de forma que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones territoriales (ayuntamientos y gobiernos autonómicos), que son las titulares de los servicios sociales. Esta partida presupuestaria reclamada se repartiría entre las comunidades autónomas, según los criterios que se acuerdan en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Hasta el momento, y según el Real decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el cual se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, es posible evitar el corte de suministro eléctrico a los hogares que acreditan la condición de vulnerabilidad severa por los Servicios Sociales (locales o autonómicos), pero la administración autonómica o local es quien tiene que proceder al pago de la factura.
Ante una situación de impago, las eléctricas indican a sus clientes que acudan a los Servicios Sociales y, si estos pagan el 50% de sus facturas, no se corta el suministro. Un coste que se quiere evitar con la inclusión de una partida presupuestaria. El acuerdo también solicita aprobar, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables.
