El equipo de gobierno de Algímia ha tomado la decisión de mantener en el 0,75% el coeficiente que se aplica al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana para el próximo ejercicio 2017. La aplicación de este tipo —según fuentes municipales, —el segundo más bajo de los pueblos de la Mancomunitat de La Baronia—, supondrá una disminución importante en la cantidad final de los recibos de la contribución que abonan los vecinos al sumarse a la reducción de Hacienda a petición del propio ayuntamiento.

«Nos comprometimos a reducir una presión fiscal injusta que era consecuencia de los elevados valores catastrales que el Ministerio aplicó a los inmuebles de la población y, en cuanto han transcurrido los cinco años que fija la ley, hemos hecho lo posible por corregir ese desfase», manifiesta el alcalde, Ernest Buralla, quien remarca que «ahora el segundo paso es mantener el coeficiente que aplica el consistorio a esos recibos para que los vecinos de nuestro pueblo puedan ver reflejada la bajada el próximo año».

Señalan las fuentes municipales que el Ministerio de Hacienda realizó la última revisión catastral en Algímia en el año 2007, en plena burbuja inmobiliaria, lo que hizo que se aplicaran unos valores que no se corresponden con la realidad actual del mercado. Ante ello, desde el consistorio se fueron ajustando los coeficientes —única competencia que tiene la administración local— para mitigar los efectos de la revisión aplicada por el Gobierno Central.

 

«De hecho, en estos momentos en el municipio de Algímia se aplica el segundo coeficiente más bajo de los pueblos de La Baronía», lo que evidencia la voluntad del ejecutivo municipal de no incrementar la presión fiscal —y añaden— que la siguiente medida fue solicitar a Hacienda la revisión de esos valores desfasados, lo que se le ha concedido para que se aplique en 2017. «Con esta medida resolvemos una cuestión que nos parecía muy importante, dado que la actualización a la baja de los valores influirá no solo en el IBI sino también en otros impuestos como las plusvalías o el IRPF», concluye Buralla.