El pleno de Faura ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el grupo municipal socialista que recogía las demandas de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) para impedir la irrupción del greening o pago verde en la citricultura española que, por primera vez, se ha detectado en numerosos municipios gallegos.
La psila africana, transmisora de la enfermedad del greening, es una bacteria originaria de Asia que causa el deterioro de las raíces que pueden llevar hasta la muerta del árbol, así como un enverdimiento de los frutos, un esponjamiento de las venas y malformaciones diversas.
Tal como indica AVA, atendiendo a que no existen métodos curativos eficaces una vez declarada la enfermedad, la única alternativa posible consiste en arrancar los árboles afectados para tratar de frenas el avance de esta afección solamente comparable con su nociva magnitud al devastador virus de la tristeza.
Por este motivo, la moción socialista solicita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que destine todos los recursos necesarios y ponga en marcha, en coordinación con los gobiernos autonómicos, todas aquellas medidas excepcionales encaminadas a combatir la plaga entre los cítricos españoles; asimismo, que se ponga en contacto con Portugal, donde también se ha detectado la presencia de la psila africana, para diseñar y acometer un plan destinado a acabar con la presencia de este insecto en los dos países.
También se pide a la Generalitat Valenciana que movilice todos los recursos necesarios y que active el estado de máxima alerta del Plan de Vigilancia Fitosanitaria de Cítricos. Además, se pone de manifiesto que el Ministerio de Agricultura se dirija a la Comisión Europea para que endurezca al máximo el control de plagas y enfermedades en la importación de frutas o material vegetal procedente de países terceros.
Por último, la moción pide que el Consell Agrari elabore un documento informativo para los agricultores del pueblo y que el Ayuntamiento de Faura destine los recursos necesarios para implementar las medidas de prevención y actuación que apruebe la Generalitat Valenciana.
