Desde el gobierno local, el alcalde, Paco Salt, manifestó que respetan el fallo pero no lo comparten porque consideran que «la obligación de contribuir debería ser igual para todos, sin privilegios». El primer edil remarcó que «resulta increíble que la Iglesia esté exenta de pagar la contribución rústica mientras los vecinos que se han visto obligados a dejar sus campos abandonados tengan que abonar religiosamente sus impuestos, igual que el resto de ciudadanos que cada año paga el IBI de sus propiedades». Y prosigue el alcalde comentando: «Parecer ser que eso de ‘al César, lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios’, no se cumple y en momentos tan duros como los actuales, la Iglesia debería ser la primera que diera ejemplo».
El alcalde sostiene que se trata de «una propiedad que no está dedicada al culto por lo que, si seguimos lo que dicta el Concordato con la Santa Sede, no debería estar exenta del pago de impuestos» y defiende que el Ayuntamiento actuó «no por una cuestión económica, como es evidente por la cantidad a cobrar, sino para exigir un trato igual para todos. Es cuestión de justicia».
Los hechos, según fuentes municipales, se remotan a mediados del año 2012 cuando el ayuntamiento de Algimia liquidó a la Iglesia la cuota del IBI de rústica correspondiente a unos terrenos de su propiedad ubicados en el término municipal por importe de 16,64 euros. Poco después, la entidad religiosa presentó en el Consistorio un recurso de reposición solicitando la anulación del pago al amparo de la Ley 49/2002 que establece la exención del IBI a las entidades sin fines lucrativos y de interés general. El ayuntamiento, no obstante, consideró que había que acotar la exención en el caso del citado impuesto a lo establecido en los acuerdos con la Santa Sede de 1979, donde se refiere a inmuebles destinados al culto, que sirvan para el sustento del clero –casas parroquiales, residencias sacerdotales, seminarios- o destinados a fines pastorales, no a un terreno.
Tras notificar la resolución a la iglesia y elaborar el correspondiente informe, los servicios jurídicos del Ayuntamiento prácticamente dieron por finalizado el asunto hasta que, a finales de 2013, recibieron la demanda interpuesta por el Arzobispado ante el contencioso administrativo para no abonar los 16,64 euros, aseguran desde el ayuntamiento.
