El Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer celebró una audiencia pública para informar a los vecinos sobre la situación júridico-adminstrativa en la que se encuentra el edificio conocido como la Piscina del cantó, ubicado en la intersección entre las calles Mare Nostrum y Jaume I. Un inmueble que carece de licencia de obra después de que una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo, de marzo de 2018, así lo dictaminara y otra del TSJ del 24 de enero de 2020 lo ratificara tras un recurso de apelación de los afectados.
Tras las acusaciones de inacción y de que el equipo de gobierno de Canet no tiene otra intención que la de derribar el edificio realizadas por parte de algunos miembros de la sociedad mercantil Piscina del cantó SL, en el último pleno ordinario, la audiencia pública «dejó bien clara la voluntad de este mismo equipo de gobierno de buscar una solución para no tener que tirar el edificio», afirmó el portavoz, Eduardo Almor, quien insistió en que «nos hemos roto los cuernos para buscar soluciones», en referencia al trabajo realizado por el alcalde y sus compañeros de gobierno,
La demolición del edifico ya queda contemplada en la última sentencia del TSJ donde se cuestiona el fallo del juzgado Contencioso administrativo, calificándolo de «atípico». En los fundamentos de derechos se puede leer textualmente «pues pese haber declarado la nulidad de una licencia , no se decreta la demolición de lo construido sino que ordena a la administración para que en un momento cronológico posterior a la firmeza de la sentencia, aperture un procedimiento de restauración de la legalidad».
El alcalde de Canet, Pere Antoni Chordá, hizo mucho hincapié en «la predisposición que ha tenido este equipo de gobierno desde el minuto uno en darle una salida a este asunto» recordando que «las puertas de mi despacho siempre han estado abiertas para ustedes» además de las reuniones que se han realizado con los servicios jurídicos del ayuntamiento para tratar el tema.
Antoni habló de tres posibles soluciones, tres mecanismos para conseguir la edificabilidad que no se tiene, tres opciones respaldadas por los letrados de la casa. La primera pasa por realizar una trasferencia de aprovechamiento, ya que el motivo de la nulidad de la licencia es que esta «no es conforme a derecho porque existe un agotamiento de la edificabilidad máxima prevista en el proyecto de reparcelación», de ahí esta posibilidad.
El alcalde también habló de una posible modificación del planeamiento y como última opción, el «derribo», aunque no es la prioritaria para este equipo de gobierno pese a que es la que solicita la parte denunciante que ha ganado el procedimiento.
A este respecto, el presidente de la corporación respondió a las acusaciones de inacción realizadas por algunos de los vecinos afectados, informando de que en el ayuntamiento no consta ninguna propuesta de solución realizada por ellos de manera formal, instándole a que lo hicieran, «porque es a ustedes a quien les compete hacerlo, no a la administración. Una vez presentada nosotros la estudiaremos y la valoraremos, pero no podemos hacer nada si no la hay», añadió el alcalde.
Además, Antoni recomendó a los demandados que hablaran con la parte denunciante para llegar a un acuerdo y evitar que el procedimiento pudiera alargarse con un nuevo recurso. «El ayuntamiento poco mas puede hacer, ahora la pelota está en su tejado, las propuestas las deben hacer ustedes», se dirigió a los socios de la piscina del cantó.
La audiencia abordó además toda la cronología del procedimiento que se inicia en 2014, durante el gobierno del partido Popular con Leandro Benito como alcalde, exposición que deja claro que pese a los cuatro registros de entrada que se realizaron a cargo de la parte denunciante avisando de las posibles irregularidades urbanísticas que se estaban cometiendo, se decide tirar para adelante y permitir la construcción del edificio otorgando una licencia de obra, que en la actualidad, carece de legalidad.
En esta cronología, que se explicó a modo de transparencias por parte del alcalde, también se comprueba como el nuevo equipo de gobierno es ajeno a todo el procedimiento y que durante su mandato, todavía vigente, «nos encontramos con una sentencia del TSJ, en enero de 2020 sobre la que nada se podía hacer», añadían.
Pere Antoni destacó en el acto la ausencia de Leandro Benito, el que fuera alcalde durante todo el procedimiento jurídico-administrativo de la Piscina del cantó. «Creo que hoy era el día de dar explicaciones», dijo en referencia al portavoz del PP.
Por último, el secretario del ayuntamiento recordó que «ir en contra de una sentencia es delito», explicando la situación actual en la que se encuentra el consistorio.
