Aunque ahora solo hay un piso con okupas, han llegado a tener hasta tres en los últimos años

Vecinos de una finca de Canet denuncian la ocupación ilegal de viviendas propiedad de la Sareb

Han llegado a forzar algunas estancias comunes y a engancharse al servicio de agua Han llegado a forzar algunas estancias comunes y a engancharse al servicio de agua
Viernes, 05 Agosto 2022 21:40

Los vecinos de la finca situada en la calle Turia número 1 de Canet d’en Berenguer llevan años sufriendo la ocupación ilegal de algunas de las viviendas de su edificio, todas ellas propiedad de la Sareb. Aunque, en estos momentos, solamente hay un piso ocupado por una familia de forma ilegal, han llegado a haber tres viviendas con okupas en estos últimos años, lo que ha llevado a una situación límite los propietarios del resto de inmuebles que llevan mucho tiempo denunciando esta situación que están viviendo.

Cerraduras forzadas, enganches de agua, pintadas en las paredes de la finca, orines por diversas zonas del edificio o basura y suciedad en las puertas de estas viviendas ocupadas son algunos de los problemas con los que estos vecinos y vecinas se encuentran casi a diario. Es más, en alguna ocasión, a causa de un mal enganche a la red de agua, se ha provocado alguna inundación importante en la finca que ha llegado a calar en el aparcamiento provocando humedades y daños que, como los seguros no se hacen cargo de los mismos, ha tenido que pagar la propia comunidad de vecinos.

Precisamente, los propietarios de los inmuebles de esta finca de Canet d’en Berenguer aseguran sentirse «indefensos» ante esta situación que han comunicado, no solo al banco propietario de estos pisos si no también a las autoridades municipales, puesto que tuvieron una reunión con miembros de este ayuntamiento, y a los cuerpos y fuerzas de seguridad puesto que agentes de la Guardia Civil, e incluso de la Policía Local, se han tenido que personar en alguna ocasión pero, como les aseguran, poco pueden hacer para que los okupas abandonen sus viviendas. «Los agentes solo pueden actuar si, en ese momento, se está cometiendo algún delito pero como existe el derecho constitucional de la inviolabilidad del domicilio, no pueden entrar en las viviendas si quien está dentro no les da permiso para hacerlo», aseguran.

Queda un solo piso ocupado ilegalmente

Como han informado a El Económico, de los tres pisos inicialmente ocupados ilegalmente, el banco ha recuperado dos, uno de ellos ya se ha vendido y el otro tiene diversas medidas de seguridad para evitar que vuelva a ocuparse, pero, aún así, aún queda uno en el que han sido varias las familias que se han metido de forma irregular. Y es que, para poder sacar a los okupas de estas viviendas, únicamente el propietario de las mismas puede denunciar los hechos y, como ha podido saber este periódico, el banco ha asegurado a los vecinos que se ha judicializado la situación de esta vivienda que sigue ocupada.

A pesar de ello, bien es cierto que la Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 7, establece que «al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. Si el infractor persistiere en su conducta el presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario».

Esto, además, supondría un gasto más para la comunidad de vecinos aunque, en el caso de que la sentencia fuese estimatoria, el juez podría «podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento».

Elevados costes

Todo esto implicaría un proceso muy largo y costoso que alargaría la situación que están viviendo estos vecinos y vecinas de la calle Túria de Canet d’en Berenguer que, además, se han visto obligados a tener que tomar ciertas medidas para evitar que los okupas hagan uso de algunos servicios del edificio como, por ejemplo, el ascensor. Esta medida no es la única que los residentes de esta finca tienen en mente para intentar echar a estos okupas pero lo cierto es que todas ellas suponen un desembolso económico, en algunas ocasiones importante, que un edificio de las caracterísiticas de este de Canet d’en Berenguer no podría soportar.

La desesperación de los vecinos y de las vecinas de esta finca del Canet d’en Berenguer es tal que ya no saben dónde acudir puesto que llevan años lidiando con esta situación que no saben cuándo tendrá fin puesto que, además, tienen que convivir diariamente con estas familias que saben que están ocupando de forma ilegal unas viviendas que no les pertenencen y que, cada vez, a los bancos les cuesta más tiempo el poder recuperar.


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