La comarca del Camp de Morvedre recibirá 6.245.760 euros de la Diputació de València en el marco del Plan de Inversiones 2022-23. Una quincena de municipios y las mancomunidades de La Baronia y Les Valls entrarán en este reparto; todos salvo Sagunto, que en su condición de gran ciudad participará en un programa provincial específico. Canet con 603.000 euros y Gilet con 536.000 encabezan una tabla que cierran Segart con 330.000 y Benavites con 320.000 euros.
La Diputació de València ha presentado este lunes, ante más de 200 alcaldes y alcaldesas de la provincia, la propuesta de Plan de Inversiones para este año y el próximo, con una dotación de 140 millones de euros que refuerza la apuesta por la autonomía municipal y la liquidez que necesitan los ayuntamientos para mejorar infraestructuras y servicios. Tras la experiencia de los últimos años, la principal novedad del plan bienal es la posibilidad de que los técnicos locales visen los proyectos con el fin de agilizar la tramitación y posterior ejecución de las obras.
Así lo ha manifestado el presidente, Toni Gaspar, en el acto multitudinario que ha tenido lugar en el edificio Veles e Vents de La Marina. «La Diputación va a mantener el pulso inversor en los municipios, que seguirán disponiendo de recursos económicos como nunca han tenido para mejorar sus infraestructuras. Los responsables locales serán los que decidan a qué obras o actuaciones destinan el dinero, eso no cambia; pero hemos querido ir más allá y no solo incrementar la partida sino permitir a los técnicos de los ayuntamientos dar el visto bueno a los proyectos, para reducir burocracia y que se puedan ejecutar con mayor agilidad», ha afirmado.
Acompañado por el vicepresidente y responsable de Cooperación Municipal y Cohesión Territorial, Carlos Fernández Bielsa, el presidente ha puesto en valor los principios de autonomía, justicia, igualdad, eficacia y sostenibilidad sobre los que se basa esta propuesta de plan bienal de inversiones que duplica las ayudas directas a los municipios respecto a la anterior legislatura. Gaspar ha explicado que los técnicos provinciales darán soporte a todos los consistorios en la tramitación de las obras, en especial «a los más pequeños, que son los que más necesitan la ayuda y los recursos de la Diputación para hacer frente al reto burocrático».
De la explicación de la fórmula para repartir esas ayudas se ha encargado el vicepresidente Bielsa, que ha destacado como novedosos los incentivos para los ayuntamientos que cuentan con planes de igualdad municipales, parajes naturales y zonas verdes, criterios que se suman a otros ya incluidos en el plan como la tasa de desempleo, la existencia de núcleos históricos con valor patrimonial o el esfuerzo fiscal de los consistorios.
Los criterios
Carlos Fernández Bielsa ha detallado los criterios que justifican las cantidades finales incluidas en la propuesta de Plan de Inversiones de la Diputació, con una parte fija, prorrateada de forma equitativa entre los 264 entes locales, que supone alrededor de un 35% de los 140 millones de euros. Además, otro 30% de la ayuda se concede en función de la población y el 10% según la superficie.
El resto de la cantidad asignada a cada ayuntamiento depende de criterios como el coste por la prestación de servicios públicos; la puesta en marcha de planes de movilidad sostenible; y la existencia de planes de igualdad y zonas verdes municipales, de cuya valoración depende un 5% y un 2% respectivamente de la aportación final a cada población. Otra de las novedades es que los consistorios podrán destinar hasta un 1,25% de la cantidad que reciban a la elaboración de un plan antifraude, de carácter voluntario.
En palabras de Bielsa, «el nuevo plan bienal con el que llegaremos al final de la legislatura insiste en el esfuerzo presupuestario para dotar con muchos más recursos un programa unificado de inversiones en obras y servicios que da respuesta a las necesidades de los municipios». Pero además, añade el responsable de Cooperación Municipal, «vamos a estar más cerca de los técnicos locales para agilizar la ejecución de las obras, especialmente en ese 70% de los pueblos con menos de 5.000 habitantes, que son los que tienen una mayor dependencia de las inversiones supramunicipales».
