El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer tendrá que indemnizar con 2,2 millones de euros a la empresa educativa El Plantío International School después de que la justicia haya declarado nula la adjudicación del derecho de superficie de la parcela del PAI Abadía en la que, desde hace algunos años, se encuentra el colegio Camarena Canet. Esta adjudicación, que data del año 2013 y que fue judicializada, fue elevada al pleno municipal después de que la Mesa de Contratación formada para tal fin se decidiera por el proyecto presentado por Mas Camarena en vez del El Plantío a pesar de los informes técnicos y con el voto de calidad del entonces alcalde, Leandro Benito.
Éste es el acuerdo al que ha llegado el consistorio con El Plantío para que esta empresa educativa renuncie a la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Como ha acordado el pleno municipal, con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís, EUPV y Agrupación CANET y la abstención del PP y Ciudadanos, se abonará 1,5 millones de euros en un mes tras la homologación judicial de este acuerdo además de 150.000 euros antes del 31 de marzo de 2022, la misma cantidad antes del 31 de marzo de 2023, de 2024 y 2025 y los 100.000 euros restantes antes del 31 de marzo de 2026.
Como ha explicado el alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni, El Plantío recurrió el acuerdo plenario de febrero de 2013, un recurso que ganó a nivel judicial, en primera instancia, en noviembre de 2017, un fallo que finalmente fue firme. Ante la imposibilidad de ejecutar esta sentencia, se convocó el mecanismo de mediación cuya primera sesión se celebró el pasado 28 de febrero y que ha culminado con el acuerdo tomado en el plenario de esta tarde. Este acuerdo, además, incluye que la adjudicataria de este derecho de superficie durante 75 años, Mas Camarena, abone anualmente al Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer 18.300 euros más además del canon que paga al consistorio anualmente, que es de 6.000 euros.
«La negociación no ha sido sencilla porque ha sido un pacto a tres bandas que empezó con cifras desorbitadas y ahora hemos llegado a un acuerdo que creemos que es el menos malo para las arcas municipales. Es cierto que con 2,2 millones de euros podríamos hacer muchas cosas en el municipio pero que vamos a tener que hacer frente a una mala decisión y errores políticos pasados», ha afirmado Antoni.
El alcalde de Canet, además, ha explicado que el Ayuntamiento, actualmente, cuenta con un remanente de tesorería de alrededor de 3,4 millones de euros, cifra muy superior a la que se encontró el actual equipo de gobierno cuando accedió a la Alcaldía puesto que el Partido Popular dejó un remanente de 1,2 millones de euros. El portavoz del PSPV-PSOE, Eduardo Almor, además, ha señalado que gracias a este remanente se podrá pagar esta indemnización pues, de no haberlo tenido, «se tendría que haber recurrido a un préstamo, a malvender suelo público o, incluso, a subir impuestos».
Amplio debate
Este asunto se ha tratado en un pleno extraordinario que se ha celebrado este martes de forma telemática donde han sido numerosas las referencias al exalcalde de Canet, Leandro Benito, al que varias formaciones políticas de la corporación han señalado como el responsable político de esta situación, además de pedir su dimisión en varias ocasiones tanto el portavoz socialista como el concejal de la Agrupación CANET, Joaquín Rambla.
En este sentido, el portavoz de EUPV, Luis Salvador, ha tachado de «soberbia, temeridad y falta de criterio» la adjudicación aprobada en 2013 «que va a enterrar muchos de los proyectos que necesita Canet» mientras que consideraba que este acuerdo «es una decisión compleja y dolorosa por las consecuencias económicas que va a tener». Por su parte, el concejal de Compromís, César Gargallo, ha señalado: «Es un acuerdo exigente para las arcas municipales pues, a pesar de ser la solución menos onerosa, supondrá un gasto de 350 euros por habitante lo que creemos que es una barbaridad. Ahora vamos a tener que enterrar 2,2 millones de euros por un grave fallo, una cantidad que limitará ilusiones y proyectos necesarios para invertir en nuestro municipio».
Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos, Carla García, también ha afirmado que «hay determinados temas, como es éste, que cuanto antes se solucionen más “barato” salen porque alargarlo en el tiempo nos resultaría más caro; además, en esta situación también hay afecciones a terceros que no son responsables de este desastre como es el profesorado o el alumnado del centro». En este sentido, Joaquín Rambla, de la Agrupación CANET ha apuntado que esta decisión «es la culminación de una mala gestión en nuestro municipio, por unos políticos que no han estado a altura de las circunstancias», además de solicitar que toda la documentación de este caso se remita a la Fiscalía «para pedir responsabilidades a quien corresponda».
Finalmente, el portavoz del PP, Leandro Benito, el único político presente en esa Mesa de Contratación que continúa en activo en el mundo de la política, ha señalado: «Se votó esa opción porque pensamos que era la más ventajosa para el municipio; los políticos pensábamos que el proyecto más interesando era el que ofrecía Mas Camarena por lo que elevamos la propuesta al órgano de contratación, que era el pleno, que lo aprobó por unanimidad. Había una duda en la implantación de un bachillerato internacional, pero se pidió un informe al técnico de Educación, que es el actual portavoz socialista, Eduardo Almor, que nos hizo decantarnos. Eso sí, pensamos que esa indemnización debería de pagarla de forma íntegra Mas Camarena que fue la adjudicataria de esta parcela».
En este sentido, el aludido ha querido recalcar que el informe presentado como técnico de Educación solamente reproducía los proyectos presentados por El Plantío y Mas Camarena y que, en ningún momento, se decantaba por uno u otro: «La conclusión de dicho informe dice, como también recoge la sentencia del TSJCV que no había datos para declinarnos por cuál podía ser la mejor opción educativa para los escolares de Canet». Almor, asimismo, ha recordado que los pliegos de condiciones técnicas y administrativas fueron votados en su momento por PP e Integración Playa Canet, contando con el voto contrario de PSPV-PSOE, Compromís y EUPV quienes se mostraron contrarios a que se instalar un colegio privado en la localidad.
Ahora, con este acuerdo que se ha adoptado en el plenario, se quiere poner fin desde el consistorio canetero a un problema que lleva enquistado en el municipio desde hace trece años, como ha asegurado el alcalde de la localidad, Pere Antoni, quien ha agradecido el trabajo de los técnicos municipales y jurídicos para poder llegar a este acuerdo entre todas las partes implicadas.
