El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Sagunto ha archivado la causa contra el actual alcalde de Gilet, Salva Costa, por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Según se puede leer en la sentencia, la Fiscalía no ve indicios de los hechos delictivos denunciados que se remontan a los festejos patronales de 2010, fecha en la que Costa era el concejal de Fiestas de esta localidad del Camp de Morvedre.
Cabe recordar, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gilet de la pasada legislatura, encabezado por el popular, Juan Carlos Vera, denunció que las cuotas de las fiestas patronales que aportaban los vecinos para financiar parte de los actos se ingresaran en dos cuentas de las que era titular Costa junto a otras dos personas, miembros de la comisión de estos festejos, números de cuentas que se ofrecieron a los vecinos a través de un bando firmado por la entonces alcaldesa, Inma Borrell.
«En el año 2010 se creó una comisión de fiestas que fue la encargada de gestionar estos festejos de una forma independiente, al ayuntamiento solamente le costaron esas fiestas 19.000 euros; es el año que menos dinero han costado las fiestas al consistorio», ha afirmado Salva Costa quien ya en noviembre de 2014 realizó una rueda de prensa donde explicó todos y cada uno de los pormenores de esta causa así como que obraba en su poder toda la documentación justificativa de su gestión en este asunto.
Tras las investigaciones pertinentes realizadas y las declaraciones efectuadas, la Fiscalía considera que «las aportaciones efectuadas por los vecinos – que ascendían a unos 27.600 euros – para las fiestas patronales de 2010 fueron gestionadas por una comisión de fiestas para el pago de los gastos derivados de las mismas». Asimismo, en su dictamen, además, considera que la comisión de fiestas no se constituyó formalmente pero que esto es «una mera irregularidad de la que no se puede desprender por sí misma una actuación delictiva».
Finalmente, como otro de los argumentos que expone la Fiscalía para solicitar el sobreseimiento de esta causa es: «No existe constancia, por cuanto no ha sido objeto de denuncia este hecho, ni de la instrucción efectuada se infiere, que en la gestión de dicha comisión de fiestas como entidad privada se haya efectuado ninguna actuación susceptible de reproche penal».
En este sentido, Costa ha asegurado que la denuncia efectuada hacia su persona «se trataba de una campaña con el objetivo premeditado de que no me presentara a las elecciones municipales del pasado año». Asimismo, tras la sentencia, el actual alcalde de Gilet ha asegurado: «el tiempo nos ha dado la razón porque el tiempo pone a cada uno en su sitio» mientras confirmaba que tanto él como su partido, el PSPV-PSOE, están estudiando si tomarán las medidas oportunas para su resarcimiento «puesto que todo esto asunto nos ha supuesto unos gastos de 3.000 euros».
Del mismo modo, Costa ha querido recordar que sobre este asunto ya en noviembre de 2010 tuvo que responder a unas preguntas que realizaron por escrito algunos concejales de la oposición a este respecto y que, en diciembre de ese mismo año, se aprobó una moción, con los votos a favor de toda la corporación, donde se pedían explicaciones detalladas a la comisión, además de que se entregó a todos los ediles un resumen de los gastos que se realizaron así como las facturas.
Citación como testigo
Por otro lado, el alcalde de Gilet, ha informado de que ha sido citado por el juzgado de primera instancia número 2 de Llíria para acudir a declarar como testigo en el juicio a los detenidos en la Operación Trasso cuando la Guardia Civil consiguió desarticular un entramado criminal diseñado por una fundación para la explotación laboral de personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad, siendo empleados bajo amenaza o coacción, en beneficio privado de empresarios y entidades locales durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013.
En esta causa está implicado el ex concejal del Ayuntamiento de Gilet, Salvador Ortí, de la agrupación Amb Trellat, quien llegó a ser teniente de alcalde en la pasada legislatura. Cabe recordar que en la fase final de la operación policial se practicaron dos registros en un domicilio y una asesoría jurídica, ambos pertenecientes a los miembros de esta fundación, interviniendo una gran cantidad de documentación relativa a los trabajos en beneficio de la comunidad desarrollados en los Ayuntamientos de Loriguilla y Gilet.
Como informaron fuentes de la Guardia Civil, muchas de las víctimas desarrollaron trabajos de mantenimiento de empresas privadas y viviendas de particulares (pintura, albañilería, etc…), para lo cual recibían incluso amenazas y coacciones de los miembros de la fundación de no firmar la justificación de las horas de trabajo en beneficio de la comunidad en caso de no aceptar los trabajos ordenados, que nada tenían que ver con los autorizados por el Servicio de Gestión de Penas. Y es que, el presidente de la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez así como su familia ofrecía a sus amistades, empresarios, autónomos o cargos públicos, la mano de obra de estos individuos, a los que amenazaba con no justificar la prestación de las penas impuestas a través del Servicio de Gestión de Penas de Vigilancia Penitenciaria de la Ciudad de la Justicia de Valencia, con quien la fundación tenía firmado un convenio.
